Ocho de cada diez personas cree que el Gobierno de Cristina Fernández ha minimizado el problema de la inseguridad durante su gestión, según advirtió una encuesta difundida en las últimas horas.
    El monitoreo también mostró que para la gente la inseguridad creció en los últimos tiempos, que la justicia no ha sabido dar respuestas a la problemática y que el papel de las fuerzas de seguridad quedó severamente cuestionado.
    Para la mayoría de los encuestados los medios de comunicación cumplen con su labor de informar sin influir en la "sensación de inseguridad"; el índice delictivo no bajaría si se castigara penalmente a los menores y bastaría con aplicar las leyes existentes para dar respuesta a la problemática de la inseguridad.
    El estudio, de la consultora OPMS de Enrique Zuleta Puceiro, realizó un monitoreo sobre la problemática de la seguridad, durante el 20 y el 25 de marzo de 2009, sobre una muestra nacional de 1.100 entrevistas directas a una población mayor de 18 años.
    Según el estudio, el 53,9 por ciento de la gente opinó que, según su percepción, hubo un fuerte aumento de la inseguridad en los últimos tiempos, mientras que un 27,5 por ciento señaló que sólo "aumentó algo" y el 16,4 por ciento refirió que se mantuvo en los mismos niveles de los últimos tiempos. A la hora de evaluar la actuación de las fuerzas de seguridad en la prevención y persecución del delito, las opiniones estuvieron repartidas: el 30,8 por ciento la calificó "regular", el 29,2 por ciento dijo "mal" y el 15 por ciento "muy mal", mientras el 21,5 por ciento la consideró "buena" y el 3,5 por ciento "muy buena".
    Nueve de cada diez encuestados cuestionaron el papel de la Justicia en la reducción de la inseguridad ciudadana: el 41,5 por ciento de la gente calificó su papel como "malo"; el 25,5 lo tildó de "muy malo" y el 24,3 le dedicó un "regular".
    Cuando se le preguntó a los encuestados si creían que el gobierno de Cristina Fernández había venido dándole la importancia que merecía al tema de la inseguridad, el 80 por ciento de la gente coincidió a que se le dio menos relevancia de lo que realmente tiene.
    A la hora de evaluar qué acciones serían prioritarias por parte del Estado para disminuir los índices del delito, casi la mitad opinó que prevenir el consumo de drogas, seguido por reformar el Poder Judicial y luchar contra la pobreza, entre otras propuestas.
    Solo 4,5 por ciento de los encuestados avaló la implementación de la pena de muerte, se añadió.
    Siete de cada diez aseguró que basta con aplicar correcta y efectivamente las leyes existentes, mientras el 24,2 por ciento se mostró propicio a endurecer las penas.
    El 35,1 por ciento de los encuestados opinó que los medios de comunicación aumentan la "sensación de inseguridad", pero el 56,4 dijo que los medios "sólo cumplen con su papel de informar".

Luis Tarullo