"¿Quien banca el tipo de cambio competitivo? ¡El pueblo!" Pocas confesiones podrían ser más transparentes que la expuesta por el ex presidente Néstor Kirchner días atrás en la localidad bonaerense de Moreno. A contramano del discurso oficial, en el que la redistribución del ingreso se constituye en el eje de la política económica, el casi seguro candidato a diputado le estaba relatando a sus votantes cómo sus ingresos se iban deteriorando día a día con el constante aumento de la cotización del dólar, a razón de un 2,4 por ciento mensual promedio en el primer trimestre de 2009. Una devaluación, de acuerdo con la confesión, "bancada" por el pueblo o, para ser más precisos, por todos aquellos que perciben ingresos fijos en pesos.
    La incontinencia verbal es mala consejera y en los tres meses de campaña electoral que restan se escuchará más de una "confesión" de esa naturaleza, en el oficialismo y en la oposición.
    Paradojas del kirchnerismo: después de años de mantener una convertibilidad no explícita de 3 pesos por dólar, desde fines de 2008 se volcó a una virtual "tablita" con minidevaluaciones periódicas. Domingo Cavallo y José Alfredo Martínez de Hoz, agradecidos.
    La pregunta de Kirchner a su auditorio muestra las limitaciones de la falta de una política económica o, si se prefiere, de un gobierno y una dirigencia que apuestan la suerte de la economía de su país solamente al tipo de cambio. Si la competitividad está atada nada más que a la cotización del dólar, el final de la historia ya es conocido por estas latitudes, a fuerza de repeticiones. O termina diluida por la inflación, o es la devaluación de algún país vecino la que se encarga de la tarea. Para reiterar entonces el círculo vicioso devaluación-inflación-retraso cambiario que dominó gran parte del último medio siglo de la economía argentina. Con una particularidad: los sectores asalariados siempre reinician el circuito desde un peldaño más abajo que en la ocasión anterior.
    Pero el esquema de distribución regresiva del ingreso no se agota en las devaluaciones. Después de todo, los últimos años de la Convertibilidad servirían como desmentida, si no fuera por que en la economía actúan otros factores además de la paridad cambiaria.
    La política impositiva de un país es crucial en ese aspecto y el caso argentino es un ejemplo de lo que no se debe hacer si lo que se busca es la Justicia Social. Por estos días se cumplen catorce años de un alícuota del 21 por ciento en el Impuesto al Valor Agregado, con el que se gravan a ricos y pobres como si fueran iguales.
    La medida, dispuesta en 1995 por el tándem Menem-Cavallo ante las urgencias derivadas del efecto Tequila, no fue modificada por ninguno de los gobiernos posteriores, más allá de una episódica baja de dos meses en la gestión Duhalde-Lavagna.
    A diferencia de otros impuestos, el IVA tiene a su favor una suerte de "invisibilidad" para la mayoría de la población. Como en las facturas o tickets de compra ese impuesto no está discriminado, la mayor parte de los consumidores no repara en el peso que tiene en sus consumos habituales. Cualquiera puede constatar cuánto paga de impuesto Inmobiliario o, si correspondiera, monotributo o Ganancias. Pero son muy pocos los que hacen la cuenta a la salida del supermercado de cuánto de lo que acabaron de pagar corresponde al IVA. En caso de hacerlo, comprobarían que en un mes pagan por IVA mucho más que todos los otros impuestos juntos. Resultará habitual que se proteste contra las subas en los valores del impuesto inmobiliario, sin darse cuenta que lo que se paga en concepto de IVA puede llegar a ser hasta diez veces más.
    A propósito, ya que el actual Gobierno está empeñado en volver atrás con todos los actos de la época menemista, ¿qué espera para retornar a la tasa del IVA del 13 por ciento vigente hasta 1989? Después de todo, los ocho puntos porcentuales de aumento también son una herencia de la nefasta década del '90.
    Pero si la estructura impositiva es injusta, también lo es la asignación de recursos. La Sociedad de Estudios Laborales (SEL) señaló que las deducciones por hijo para la cuarta categoría de Ganancias son catorce veces superiores a los 30 pesos mensuales que reciben por el mismo concepto los sectores más postergados. Si los recursos se distribuyeran con un mismo monto para todos, esas asignación para los más pobres podría triplicarse, sin necesidad de incrementar el gasto en un centavo.
    A una conclusión similar arribó la UCA en su último estudio. Para que los ingresos de los hogares pobres se ubiquen por encima de la línea de pobreza, serían necesarios unos 23 mil millones de pesos, "lo que es equivalente a los recursos que actualmente gastan la Nación y los gobiernos provinciales y municipales en programas asistenciales".
    "Existen recursos adecuados para eliminar la pobreza, pero las deficiencias de gestión impiden cumplir con este importante y estratégico objetivo social. Por lo tanto, debe ponerse énfasis en mejorar la calidad de la gestión de las políticas sociales, eliminando las duplicación de programas y las deficiencias administrativas que obstaculizan la llegada de los recursos a los pobres", es la conclusión del informe.
    Pero para que el Gobierno asuma esa tarea, debe partir de reconocer la cantidad real de hogares por debajo de la línea de pobreza. Un camino que no está dispuesto a transitar, porque sabe de antemano el final: la admisión de que destruyó el sistema estadístico nacional y que la inflación acumulada desde enero de 2007 a la fecha es entre dos y tres veces mayor a la oficial.
    Eso también lo banca el pueblo, aunque no se lo diga en las tribunas de campaña. La incontinencia verbal también tiene sus límites.

Marcelo Bátiz