Una de las medidas más polémicas que suelen realizar los gobiernos es sin dudas la "tercerización" de servicios. Esto es para que todos lo comprendan, contratar los servicios de un tercero (subcontratación) para realizar tareas que antes la realizaban los empleados de ese organismo público, es decir, es quitar a alguien lo que sabe hacer por un sueldo mensual, fijado por una escala y dárselo a una empresa que por el mismo servicio, le cuesta al Estado entre un 200 a 500 % más.
    La justificación habitual frente a estos casos es que se obtienen resultados en tiempos más cortos mejorando la gestión y el servicio, esto puede justificarse en casos de salud, frente a necesidades realmente urgentes, pero tercerizar servicios de consultoría, de imagen institucional, de sistemas, programación, obras, o confección de pliegos por mencionar algunos, resulta además de injustificable un gasto que causa un perjuicio al heraldo público y un beneficio a empresas privadas.


Historia de la tercerización

    Esta práctica empresarial tiene su apogeo en los comienzos de los años 90, y a finales de los 80 cuando una recesión global económica obligó a reducir costos, las pioneras fueron las empresas dedicadas en su mayoría a tecnologías —algunos señalan la relación KODAK- IBM— que no contaban con la estructura para sostener departamentos de atención al cliente, de tecnología o de recolección de datos.
    Esa tendencia fue creciendo en la medida que, para achicar gastos, las empresas tendían a prescindir de algunos departamentos como ser, informática, recursos humanos, administración de activos e inmuebles, contabilidad, auditorias y comedores.
    Pero lo que en principio parecía una solución para reducir gastos, trajo aparejado para muchas de las empresas que recurrieron a estas medidas un progresivo deterioro en la calidad de los servicios otorgados en estos subcontratos, acompañado de una falta de compromiso de los empleados asignados a esas áreas para con las empresas al no estar contractualmente vinculados de forma directa y promoviendo la inestabilidad laboral.
    Como es de esperar, esto repercutió negativamente en los clientes, que no sienten obtener un trato correcto y terminan cambiando de empresa.
    Pero el punto más relevante de estas medidas económicas de corto éxito, es que grandes empresas mundiales han tenido que enfrentar demandas y serios inconvenientes, cuando algunos de estos empleados subcontratados cometieron distintos fraudes contra los clientes, desde robo de identidad, venta de datos confidenciales, hasta estafas económicas, quizás el caso más relevante por tratarse de un banco es el que padeció el City Bank en el año 2005, cuando cuatro clientes sufrieron el robo de sus cuentas por una suma cercana a los 350.000 mil dólares; el fraude fue consumado por empleados de una empresa subcontratada que con los datos de las cuentas bancarias de los clientes giraba sumas a cuentas personales creadas con identidades ficticias.


Ventajas y desventajas de la tercerización

    Quienes defienden esta medida aseguran que, además de reducir costos, las empresas pueden enfocar sus recursos a los puntos en los que realmente son fuertes, ya que consideran que difícilmente una empresa sea óptima en todos los sectores.
    Con esto, las empresas que se dedican a ofrecer servicios de tercerización compiten en un hipotético mercado donde existiría para quien busque delegar servicios un amplío espectro de oferentes compitiendo en precio y calidad.
    Las desventajas las enunciamos en cuanto a la seguridad de la información a la que tendrán acceso estas empresas, la falta de compromiso de los empleados ajenos a la que contrata, una baja en la calidad, una menor comunicación directa entre la empresa y el cliente al existir un intermediario con estructura propia y especialmente una inestabilidad laboral de los trabajadores desplazados de las áreas tercerizadas.


La tercerización en la Argentina

    La experiencia local en cuanto a tercerizar distintos servicios en el mercado local, se encuentra presente en casi todas las grandes empresas, tanto de servicios como en algunas áreas gubernamentales.
    Pero a diferencia de lo que hemos señalado anteriormente, ha generado en empresas de servicios privadas más de un problema a los clientes, que suelen padecer sus servicios, abundan los pedidos de personal para trabajos en call centers, y empresas como Telefónica de Argentina poseen servicios esenciales para los clientes tercerizados con un pésimo resultado para los clientes.
    Aunque esto no lo reconocen las empresas y los medios poco informan al respecto, se han generado incluso casos de inseguridad, es habitual ver personas con vehículos con carteles que rezan al servicio de tal o cual empresa, sin que uno sepa con seguridad de quien se trata.
    Incluso grandes medios de prensa recurren a esta practica, donde la empresa tiene como eje principal la acumulación de dinero por sobre la información independiente a los lectores, así grandes medios suelen no entrar en análisis profundos, ya que ellos mismos suelen realizar despidos, reducciones de departamentos y subcontrataciones de empleados.
    En el caso de los organismos oficiales o públicos, esta tendencia ha favorecido licitaciones dudosas y devenido en un medio más de negocios y actos de corrupción.
    Todo esto no ha hecho más que atentar contra la estabilidad laboral de los trabajadores en beneficio de unos pocos.


Tercerización PRO y el Banco Ciudad

    Las medidas en ese sentido encaradas por la conducción de PRO, no son más que la expresión pura de la mentalidad empresaria de quien ha hecho una fortuna personal con el manejo de estas nuevas herramientas de exclusión de la clase trabajadora.
    Ya hemos visto por citar un ejemplo que todos debemos tener bien presente, los problemas que generaron las empresas encargadas de las fotomultas y como lazos con políticos con intereses personales en el negocio permitieron que se llegara al absurdo de que los equipos utilizados para tal fin no estuvieran homologados ni se les realizara los controles necesarios para verificar su correcto funcionamiento. También más de un ciudadano ha sido víctima de arbitrariedades por parte de empresas como SEC o STO, sin dejar de recordar las medidas de los empleados de estas, donde las denuncias de falta de pago iban hacia la empresa y la empresa al gobierno; y las imágenes de los bomberos de la Policía Federal Argentina removiendo las grúas de la Av. de Mayo para liberar la circulación ante un reclamo frente a la Jefatura de Gobierno.
    Con estos breves ejemplos, de los que abundan en los distintos ejecutivos municipales, provinciales y nacionales, queremos dar una idea de que no toda medida empresaria es aplicable con éxito a la función pública, y esto es así porque a diferencia de lo que debería ocurrir, los controles sobre tercerizaciones o licitaciones suelen estar viciados por intromisiones interesadas de algunos que desde un cargo jerárquico hacen caso omiso de lo que es útil para el patrimonio y el servicio público, dando prioridad a placeres personales.
    Hemos comprobado con la investigación periodística en curso, que muchas de las licitaciones aprobadas por el Banco Ciudad, han sido cuando menos inapropiadas para el fin que se persigue y otras incongruentes con el mensaje que se quiere esgrimir para avanzar en la concreción de ciertas tercerizaciones.
    El Banco Ciudad no es una empresa privada por más que por sus actividades como banco se tenga que ajustar a ciertas metodologías que permitan al mismo ser rentable y reducir sus costos, es necesario también que las acciones encaradas, las modificaciones y reestructuraciones guarden el mínimo de respeto primero para los empleados de la institución que de ninguna manera pueden ser considerados como empleados sin voz ni voto.
    Muchos de ellos tienen años de gestión bancaria que los hace cuando menos empleados que merecen ser tenidos en cuenta para evitar alterar los ánimos y llevar intranquilidad ante medidas que a veces no son del todo claras.
    Pero más preocupante resulta que un directorio compuesto en su mayoría por abogados, algunos miembros de afamados estudios dedicados a brindar servicios en economía, reclamos administrativos y bancarios actúen sin respetar plazos o normas esenciales que hacen al acceso a la información y transparencia que toda institución pública debe tener.


Conclusión

    La situación descripta del Banco Ciudad, no es algo nuevo o propio del PRO, de hecho muchos de los involucrados han sido designados por otras gestiones de gobierno, pero sí es necesario destacar que existe una especie de “pacto de silencio” entre los políticos tanto oficiales como de la oposición en cuanto a tratar con la seriedad que se merece la situación del banco y en especial de sus trabajadores.
    Ha sido el propio partido PRO el que ha recurrido a distintos métodos de publicidad anunciando las ventajas PRO y su compromiso en políticas de transparencia y ahorro, avanzar con las tercerizaciones es generar que el banco gaste más dinero para obtener servicios de menor calidad, esto sólo es sustentable desde la base de la corrupción, caso contrario que lo expliquen.
    Este medio no tiene ninguna vinculación política con ningún partido, nuestros lectores saben perfectamente de la transparencia e independencia que existe en nuestras publicaciones y de que siempre consultamos las fuentes para que cada uno pueda exponer su posición. En el caso del Banco Ciudad, ninguna de sus autoridades se ha dignado a dar la cara para tal vez explicarnos si es necesario gastar los miles de pesos que se han gastado —según su propia información suministrada— en comprar alfombras persas, si es necesario realizar los gastos que a diario se realizan en el comedor de presidencia, cuál ha sido el beneficio en la ecuación tiempo/costos de tercerizar la confección de pliegos de parte de un estudio de arquitectura para remodelaciones de oficinas teniendo el banco arquitectos propios que realizaban este trabajo.
    No menos cierto es que muchas de las licitaciones que el banco abre a futuros proveedores bien podrían llevarse adelante con personal propio abaratando en mucho los costos finales.
    No es tarea fácil investigar cuando nuestros políticos miran para otro lado, cuando interesa más la campaña y recaudar dejando de lado la transparencia.
    Y queremos hacer público que en esta investigación no solo hemos recibido palos en la rueda para avanzar y que pasen las elecciones sin sobresaltos, también hemos sido advertidos de que se esta gestando distintas acciones difamatorias para atemorizar a los empleados, con radio pasillos como “ojo que esto puede ser una maniobra de las autoridades del banco para ver que dicen…”, o vincularnos como empleados de la CTA.
    Hemos tocado intereses económicos de muchos, no solo autoridades del banco y políticos, la negativa de los sindicalistas de la Asociación Bancaria a entrevistarse con nosotros no es casual, algo esconden y como no quieren quedar expuestos en su falta de representación de los empleados al permitir reestructuraciones, pases de gerencias, persecuciones, y otras acciones que sufren los trabajadores, apelan al cuco, para que la gente no participe.
    Nuestro compromiso es con la verdad, no hemos informado nada que no fuera chequeado, no hemos mencionado a nadie que no haya sido contactado por este medio, y seguiremos investigando con transparencia y honestidad.
    Todos los que nos han escrito y llamado saben muy bien que atendemos a todos, y somos respetuosos con todos, agradecemos las muestras de confianza, sabemos que no es una tarea sencilla desnudar la verdad, pero entre todos es posible.

Marcelo Ricardo Hawrylciw
Editor General de El Sindical