Como parte de un futuro que nadie puede predecir, la década del 2010 traerá consigo un sinnúmero de incógnitas. Entre ellas, cuál será la denominación que el gobierno de turno le dará al bono con el que se intentará nuevamente saldar la deuda que el Estado tendrá para entonces con los jubilados. Porque entre tantos enigmas, una de las pocas certezas que se pueden anticipar es una nueva bancarrota del sistema previsional.
    "El modo en que el tesoro refinancia su deuda con la ANSES destruye los recursos necesarios para las jubilaciones futuras"; "los K están llevando a la ANSES a la bancarrota, están defaulteando a los jubilados". En el Gobierno, tan afectos a priorizar el "desde donde" al "qué" a la hora de analizar las críticas, desearían que estas dos frases escogidas entre las decenas expresadas en los últimos días provinieran de un círculo liberal o de algunos de los principales partidos de la oposición.
    Pero la primera forma parte de un análisis del diputado de la CTA Claudio Lozano y la segunda del candidato del Partido Obrero, Jorge Altamira, quienes no confundieron su férrea oposición a la privatización del sistema con un apoyo al manejo discrecional de los recursos jubilatorios.
    Si en octubre de 2008 muchos abrigaban la esperanza de que el Gobierno, a través de la ANSES, iba a administrar los recursos previsionales mejor que las AFJP y que ello redundaría en incrementos reales en las jubilaciones, lo hecho en los últimos meses parecen haberle dado la razón a quienes sospechaban que en realidad se procuraba una sustanciosa fuente de recursos para afrontar la crisis fiscal que por entonces se avecinaba.
    Es más, entre los actuales críticos del manejo de los fondos previsionales se anotan varios que el año pasado votaron a favor de un estatización sin los debidos controles de gestión, confiados en que ese paso se concretaría una vez aprobada la ley. Por suerte, la ingenuidad no es delito... Lo que era una pronóstico hace siete meses, hoy es algo comprobable: de un crecimiento interanual de la recaudación fiscal de más del 30 por ciento se pasó al primer trimestre al 16 por ciento. Crecimiento más que importante para un país con precios estabilizados, pero que en el caso argentino no alcanza a equipararse con la inflación real.
    Pero hasta octubre de este año, la comparación interanual se realizará contra meses en los que gran parte de los recursos previsionales que hoy se computan para la ANSES, se derivaban a las AFJP. Sin ese "invalorable aporte", la suba sería del 9 por ciento, menos de un tercio de la registrada hasta el año pasado. Y desde ya, notoriamente inferior a la inflación no reconocida por el INDEC.
    "El elemento central en lo que va del año, y que hasta noviembre del presente año seguirá constituyéndose en el motor los recursos tributarios, han sido las Contribuciones a la Seguridad Social", precisó en ese sentido la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). "En síntesis -completa-, el nivel superavitario obtenido en el primer trimestre cayó fuertemente respecto del año anterior". Los números de abril profundizaron esa tendencia, más allá del aumento de las transferencias a las provincias. Transferencia que no puede ocultar que en doce meses los ingresos apenas crecieron un ocho por ciento.
    No se puede, en consecuencia, analizar la estatización de las AFJP sin tener en cuenta el derrumbe de las cuentas fiscales detallado precedentemente. Como tampoco la confesión del ministro Florencio Randazzo, quien reconoció que sin los recursos previsionales a cargo del Estado, hoy la realidad "sería otra". Es verdad, sería mucho más deficitaria.
    Para ponerlo en palabras de Lozano, "la decisión oficial es esterilizar todo el impacto positivo que podría tener la decisión de estatizar las administradoras sobre la Seguridad Social, y desviar estos recursos hacia el pago de deuda pública".
    Y a quien ponga en duda esa aseveración, no tiene más que consultar el sitio del Boletín Oficial, el diario más importante y menos leído del país. Ahí podrá revisar las sucesivas resoluciones conjuntas de las secretarías de Hacienda y de Finanzas autorizando la emisión de letras con la que la ANSES financia al sector público. Y comprobar que para su cancelación se recurrió a un bono de 9 mil millones de pesos a vencer en 2016.
    Lozano lo explica: "El hecho de canjear un bono de cortísimo plazo y ya vencido por uno de plazo largo y que amortiza al vencimiento no es neutral en términos de valor presente... Este canje implica una perdida del 55% para las inversiones de la ANSES. Analizando la curva de rendimientos sobre bonos similares llegamos a que en el mejor de los casos hoy el nuevo bono cotizaría al 45% de su paridad. Dicho en otros términos, si la Secretaría de Finanzas decidiera emitir un bono para cubrir vencimientos de ANSES de $ 9.000 millones, debería hacerlo por $ 20.000 millones para igualar los valores presentes". Los 11 mil millones de pesos a diferencia es la pérdida del 55 por ciento a la que se refería el legislador.
    Si se tiene en cuenta que ya en la actualidad el Estado está en falta respecto de lo ordenado por la Corte Suprema en el conocido "caso Badaro", si además se considera que los fracasados planes de consumo son fondeados con recursos de la ANSES a un interés negativo, que las necesidades de financiamiento de aquí al 2016 no se saldan ni remotamente con un bono de 9 mil millones de pesos y que las restricciones de acceso al mercado de capitales obligarán al Gobierno a echar mano una y otra vez a la caja previsional, sólo resta saber qué creatividad tendrán los funcionarios del futuro para denominar al sucesor del BOCON de abril de 1991.

Marcelo Bátiz