Las elecciones legislativas del próximo 28 de junio marcan un claro retroceso en el debate político argentino, debido a que se está transitando una de las campañas más pobres desde el retorno a la democracia en el año 1983.
    Candidaturas testimoniales y truchas, clientelismo político, proliferación de candidatos sin partidos ni internas, denuncias judiciales, mensajes vacíos y varios etcéteras han hecho que muy pocos sean los que reparen en la función y responsabilidad de un legislador nacional.
    En primer término, casi no se sabe ni lo que piensan los futuros legisladores, como por ejemplo en temas tan cruciales como los siguientes: ¿Cuál es su conocimiento del Presupuesto Nacional y las prioridades que considera que debería atender el gasto público? ¿Tiene conciencia de que cada peso que gasta el Gobierno, primero sale del bolsillo de la gente? ¿Está de acuerdo o no en la delegación legislativa para que el Jefe de Gabinete reasigne partidas presupuestarias? ¿Cuál hubiese sido su posición frente a la estatización de las AFJP o cual fue, si es candidato a la reelección? ¿Comprende las implicancias económicas e institucionales de dicho paso?
    Y como funcionario de un órgano de gobierno también le caben los siguientes interrogantes: ¿Le parece bien que la administración pública sea un botín político para el oficialismo de turno o hay que reemplazar la designación de empleados por criterios meritocráticos y transparentes? ¿Le parece sensato que el Poder Legislativo Nacional tenga 10.290 empleados? ¿Qué piensa hacer al respecto?
    O algunos otros, más básicos y conceptuales: ¿Comparte la idea generalizada de que la riqueza es una torta estática o, por el contrario, considera que el aumento de la misma depende de un marco jurídico que favorezca la iniciativa privada y la innovación? Otra pregunta fundamental y que puede resumir las ideas del candidato, sería: ¿Cuál es su país de referencia, el espejo político, económico y social que le gustaría para la Argentina? ¿Chile, Brasil, Venezuela o Cuba?
    También los candidatos a representar al pueblo, sin que nadie se los pregunte, deberían ofrecer la declaración jurada y su trayectoria pública y privada por Internet, junto a la enumeración de los temas en los que se concentrará su gestión.
    Sobre esto último, los mismos deberían tener claro la diferencia entre la tarea de control y la de iniciativa legislativa. Los opositores, en especial si no cuentan con un grupo numeroso en su bloque, tienen que concentrarse en controlar a los otros dos poderes y, a lo sumo, incidir con datos sólidos en la redacción de los proyectos cuando son tratados en la discusión en las comisiones.
    Existe una equivocada idea de que un legislador serio es aquel que presenta muchos proyectos de ley. Pero eso puede resultar testimonial y una pérdida de tiempo, si no cuenta con apoyo inicial de una cantidad importante de integrantes de la Comisión que tiene que tratar su iniciativa. De hecho, la mayoría de los proyectos de ley que se aprueban tienen su origen en el Poder Ejecutivo y para que un legislador logre que se le apruebe una iniciativa trascendente, tiene que ser muy influyente y dialoguista o contar con el decidido apoyo del Gobierno.
    Como dato anecdótico vale consignar que, una vez, un ex diputado nacional capitalino de un bloque minoritario, apenas ingresado a la Cámara Baja, expresó: "voy a ser el legislador de la reforma política".
    ¿Cómo puede llegar a ocupar una banca una persona con un sentido tan irreal de la política? Y como ese ejemplo tan ingenuamente voluntarista puede haber muchos, en general de aquellos que ingresan y luego forman parte de espacios legislativos minoritarios, ocupando así una banca testimonial.
    Obviamente, sin partidos que funcionen como tales, la representación política se degrada. Estas elecciones legislativas son una muestra de ello, a lo cual se sumará luego el lógico transfuguismo de diputados y senadores elegidos por un partido y que luego de ingresar al Congreso se pasan a otro.
    Pero, por supuesto, la responsabilidad última es de la ciudadanía, especialmente la más informada, en tomarse en serio este sublime momento democrático.
    Van para todos también unas preguntas: ¿Cuántas personas cultas leen el listado completo de la lista que votarán, disponible en Internet? ¿Cuántos luego peticionarán ante los representantes que han votado? ¿Cuántos asumen la carga pública si fueron designados autoridad de mesa?
    Por eso, ante un creciente analfabetismo cívico en todos los niveles sociales de la Argentina, es lógico que no existan partidos políticos como tales, con la consecuencia casi generalizada que ello trae: candidatos poco representativos y legisladores no demasiado responsables.

Gabriel Salvia
DyN