En la madrugada del domingo, se produjo un hecho que momento a momento hace crecer la indignación pública basada en el interrogante que plantea a quien el estado le da las armas para que cuide nuestra seguridad.
    El homicidio del joven periodista Juan Cruz Marqués en la localidad de Zarate conmueve hoy a la gente como lo hace cada vez que un funcionario policial comete un delito aberrante de estas características. Surge ahora el interrogante de ¿por qué nada más que en seis meses una persona se recibe de funcionario policial y se le entrega un arma? La respuesta es fácil y desencadena en la siguiente pregunta: si para muchos es suficiente, ¿por qué para este funcionario no lo fue? La respuesta es también lógica como la pregunta y se encuentra en la "base de la personalidad", donde el temperamento debe ser dominado por el carácter, que no es más que el temperamento moldeado por el medio ambiente, agregado a ello todos los frenos inhibitorios que hacen que aquellos que portan un arma con permiso del estado piensen más de cien veces antes de apretar la cola del disparador ya que al hacerlo debe ser únicamente en defensa ante otra arma y en el único y taxativo caso de razonabilidad en el medio empleado que plantea la legitima defensa y el estado de necesidad que es cometer un mal para evitar uno mayor e inminente al cual uno es extraño.
    Es por ello que, ante distintas doctrinas del derecho, la legítima defensa es un delito sin la aplicación de una pena, ya que se toma como justificado luego de una investigación. Por ello es tan delicada la línea de ruptura ante la presión de un hecho que obliga al funcionario policial a la reacción con el uso de armas, ya que se encuentra en principio su propia vida en juego.
    Creo que en este caso los hechos son muy distintos y bajo el presupuesto de que se sospecha que este funcionario infiel a sus obligaciones estuviera alcoholizado ya que se dice que fueron varios los disparos y que la víctima se encontraba a una considerable distancia de su victimario. Todo el entorno hace suponer que podemos estar frente a una persona de rasgos normales, que se establecerán en los correspondientes peritajes, dónde fue el punto de inflexión para que esto cambie y se transforme en un homicida que comprende la criminalidad de sus actos individuales, disociando de esto a la fuerza de seguridad.
    A ese respecto, es dable mencionar que hay cincuenta mil policías en la Provincia de Buenos Aires, con los mismos estándares de capacitación que no cometen este tipo de aberraciones. Ojo, esto no lleva a no revisar las cantidad de tiempo de capacitación, sino por el contrario: hay que ver la calidad de la misma y, si en lugar del policía de salir a la calle con un arma en sólo seis meses, no debería cumplir con tareas internas desarmado y en observación de auditores por un tiempo prolongado cumpliendo tareas de escritorio desarmado (las que hoy distraen a personal capacitado y probado) y luego de un tiempo prudencial armarlo para el servicio público.
    Otra pregunta que es bastante obvia: ¿no sería importante que ya que se dice permanentemente que la adolescencia se ha extendido, correr la edad para que la policía este formada por personas de más de treinta años en su conjunto ya que hoy la ecuación de calidad no plantea policía híper numerarias, sino que plantea policías o servicios de seguridad con menos gente y más movilidad medios técnicos y electrónica?
    Es impensado que a esta altura del siglo XXI todavía las policías no posean cámaras de filmación en los móviles, equipos de inmovilización Air Taser (inmovilizadores electrónicos no letales) vehículos totalmente blindados en cuyo caso un solo policía por vehiculo puede trabajar en una zona y convocar a todo el apoyo necesario en pocos instantes como lo hacen todas las policías modernas del mundo.

Alberto Weckesser
Especialista en Seguridad
Especial para Tribuna de periodistas