Majestuoso, Néstor Kirchner ocupa ahora el centro del cuadrilátero y desde allí le ha lanzado a la sociedad su proyecto de control estatal de medios, que podría derivar en el monopolio autocrático de que sea el Gobierno nacional el que tutele y decida sobre todo lo que se publique y se diga periodísticamente en la Argentina.
    El ex presidente está definitivamente agrandado, porque sus adversarios políticos de adentro y de afuera del PJ le han dejado todo el espacio para que dispare desde ese lugar privilegiado cuantos golpes rectos decida tirar para mantenerlos a distancia. Es más, él siente que los ha sacado a todos volando por encima de las cuerdas del mundo de la política, tal su agrande actual. Sin embargo, hay un detalle crucial que le falta considerar al ex presidente para terminar de evaluar la situación: las ovaciones del ring-side continúan, pero el público que lo tiene en cuenta es cada vez menor.
    Estos datos objetivos que surgen del resultado numérico del 28 de junio y de la futura composición del Congreso, son los que Kirchner está tratando de cubrir con su accionar, aprovechando que los espectadores del pullman y de la popular, que ya no lo registran, también están bastante confundidos por las actitudes opositoras que le han hecho el campo orégano al oficialismo, ya sea porque se durmieron en sus laureles después del 28 de junio o quizás porque se han mostrado más preocupados por sus posicionamientos internos, que por ejercer una crítica más efectiva y homogénea.
    Tampoco hay que descartar que a muchos opositores los haya invadido cierto miedo escénico y se debe considerar, además, el proceso de cooptación de dirigentes que sirvió tanto para que el oficialismo lograra votos en el Congreso como para bajarle las defensas a contendientes directos (por caso, Carlos Reutemann). Apenas, Francisco de Narváez acaba de expresar cierta autocrítica al respecto y se propone volver a la liza, ya que dice haberse dado cuenta que la sociedad critica el repliegue opositor y que le demanda a todos mayor protagonismo.
    Algunos de sus allegados suelen comentar que, en esa posición de bailoteo que le permite patrullar toda la superficie del ring, el ex presidente ha comenzado a procesar en su cabeza el proyecto Kirchner 2011, respaldado exclusivamente en el Estado, como ariete fundamental en el fortalecimiento de la discrecionalidad que tanto lo apasiona.
    En esa línea de protagonismo, el kirchnerismo ha obtenido por un año la ratificación de la delegación legislativa de facultades, la media sanción para mantener los superpoderes y la oportunidad de pasar a ser el Papá Noel del fútbol, tras avalar la ruptura del contrato entre la AFA y un privado, aunque, es cierto, debió soportar el desgaste que le propinaron, a fuerza de exponer el cuero y de seguir al frente, la marcha atrás del impuestazo a las facturas de luz y gas y las innumerables denuncias sobre sospechas de corrupción que los jueces han decidido que es tiempo de activar. Además, desde lo político partidario, el ex presidente sorprendió en la semana con su acercamiento a los barones del Conurbano, matizado con su interpretación de que el resultado de las elecciones indicaba que el Gobierno debía profundizar el modelo, como justificativo último de su avance arrollador para instalarse en el centro del escenario. Lo cierto es que Kirchner se defiende atacando una vez más y en este contexto político hay que ubicar el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una pieza legislativa que responde a la idea de siempre del kirchnerismo de domesticar al periodismo independiente, al que se lo supone corrupto por definición y del que no se entiende desde el Gobierno por qué, como ha sucedido por ejemplo en Santa Cruz en los años de oro, ante las prebendas que muchos que no son periodistas han aceptado, no se suma en masa a defender lo indefendible. Pese a su vasta experiencia en el campo político, los Kirchner y sus seguidores parece que tampoco han logrado comprender aún que la crítica es algo que está en la esencia de los medios y siguen creyendo que es posible cambiar esa óptica de modo radical, en este caso mediante una ley que los regimente. De allí que se avanzará, a como diere lugar, para aprobarla en el Congreso lo antes posible y es esta línea la que hay que transitar para entender la manifestación de la Presidenta, cuando habló de libertad de extorsión: el Gobierno nacional redobla la apuesta y contragolpea contra un poder malicioso que no admite el alineamiento.
    En este sentido, basta recorrer el extenso articulado del proyecto para comprobar que su conformación primaria está basada en dos matrices: la primera es que queda muy claro, a partir de cada una de sus disposiciones reguladoras, que el mismo está especialmente diseñado para infringirle un fuerte daño económico al Grupo Clarín, aunque también sufrirán los embates el Grupo Vila (Supercanal) y algunos multimedios provinciales, donde tienen intereses legisladores y aún gobernadores.
    Si el proyecto se convierte en ley, los canales de cable deberán pedir habilitación, aunque no usen el espectro radioeléctrico, lo que podría implicar en el futuro regulaciones similares a los blogs o a las páginas periodísticas de Internet, por ejemplo. Tampoco podrá tener un canal de aire quien provea de un servicio de cable en la misma localidad (Canal 13 y TN), lo que desconoce la posibilidad que hoy da el mundo en materia de radicación de señales, mientras que los difusores de TV por cable sólo podrán armar un canal de producción propia, lo que le obligará a muchos operadores a levantar señales que implican trabajo para personal local, mientras desde el exterior seguirán llegando otras, en algunos casos más que duplicadas (ESPN, FOX, HBO).
    El proyecto también otorga un año de plazo para que quienes queden fuera de las nuevas normas puedan vender lo que les sobra, con lo cual hay un proceso forzado de desinversión que atenta contra los derechos adquiridos. Además, como se permitirá a las empresas de servicios públicos que ingresen en el mundo de la televisión, lo que por otra parte constituye un cambio a las reglas de juego de las privatizaciones, se prevé, desde el interior sobre todo, una competencia desigual para muchos pequeños y medianos operadores de la actividad. Lo más sensible, además de los menores plazos de licencias de radio y TV, que bajan de 15 a 10 años, es que el Estado las podrá revisar cada dos, con la excusa de que estará verificando su adecuación a los adelantos tecnológicos.
    El segundo trasfondo que se puede advertir en la pieza legislativa, mucho más grave aún porque atañe a los derechos esenciales de las personas, es que, en esta cuestión, como en tantas otras, el prurito ideológico del matrimonio presidencial es tan grande que entienden que el intervencionismo del Estado todo lo puede y que está por encima no sólo de las reglas de inversión del capitalismo, sino de las libertades individuales de expresión y de opinión.
    En este punto, queda muy claro también que, bajo la premisa de la pluralidad, el proyecto busca fragmentar las opiniones. Es como esconder un elefante en la calle Florida, con la suelta de otros, varios, muchos elefantes. Para dar a entender que se trata de asegurar la presencia de todas las voces, no solamente se limita a achicar la torta del negocio que los privados deberán ejercer a riesgo en un tercio de las licencias, sino que reserva los otros dos tercios para el sector público y para las asociaciones sin fines de lucro las que, para ejercer su rol de comunicadores (y no despedir personal), necesitarán decisivamente del apoyo publicitario del Estado.


Tres heridas

    Así, a partir de la atomización, el sector privado quedará golpeado desde tres costados diferentes, con mandobles que tienen como objetivo debilitarlo y quitarle poder de crítica: por un lado, deberá pagar todos los impuestos y cargas que probablemente no pagarán los demás (competencia desleal); también deberá compartir la torta publicitaria con muchos sellos de goma y, además, es probable que muchos medios tengan que variar sus posturas editoriales y que, en nombre de la supervivencia y a la espera de otros vientos, tengan que hacerle reverencias al Estado a la hora de mendigar publicidad oficial.
    El proyecto argentino reconoce como antecedente del avance del Estado sobre la libertad de expresión, la ley venezolana de Responsabilidad Social de Radio y TV del año 2004, llamada también ley resorte porque se aseguraba que iba a contribuir a elevar la calidad de la programación. La legislación chavista sostiene, como el proyecto argentino, que quienes tienen en su poder las licencias sólo han obtenido un permiso para usar un bien de dominio público y que por lo tanto deben asumir las responsabilidades sociales que conlleva su explotación. De allí que, en un claro avance hacia la uniformidad de contenidos, en Venezuela se obliga a todos los prestadores de servicio de radio y televisión a transmitir obligatoriamente los mensajes y alocuciones que el Poder Ejecutivo considere necesarios y a transmitir de manera gratuita y obligatoria mensajes culturales, educativos, informativos o preventivos de servicio público seleccionados por el gobierno en nombre del discurso democrático. Este es el punto clave que hasta ahora no se discute en la Argentina.
    Si hay intención seria de Néstor Kirchner de avanzar en su proyecto 2011, para su concepción, tener una ley que permita disciplinar a través de la pauta y regimentar a la prensa independiente en nombre de los valores de un modelo que tiene graves fallas de estructura sería un extraordinario aliado para fortalecerse. Hay que pegar donde duele, cree el ex presidente, y luego se verá cuántos son los que estarán dispuestos a sumarse para acompañar ambas patriadas.
    Aunque con esa pretensión de tanto riesgo, el actual proyecto en discusión se lleve puesto más de un ítem del artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que deberían recordar los legisladores a la hora de discutir la Ley: no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Hugo Grimaldi
DyN