La muerte de Hernán González Moreno podría entenderse como una amarga metáfora de la política correntina y la sociedad que la nutre y legitima. Algunos motivos hablan por si solos: el muchacho era un retoño florido del poder local y sus ramificaciones periodísticas; carne y uña del feudo y expresión visible de la flamante generación de regentes del viejo Orden. Hijo de un hacendado y arrocero de la zona, heredero de una fortuna difícil de evaluar que incluía algo así como 30.000 ha. de campo en el centro ganadero de la provincia, González Moreno reunía todos los atributos necesarios para sacar credenciales de un ganador consumado: a los datos referidos se podrían añadir algunos condimentos que sazonaban el personaje como su afición a las armas, los autos lujosos y las mujeres despampanantes; por no hablar de cierta propensión a la fábula que a veces lo ponía en la antesala del ridículo. Eso sin considerar su precocidad como habitante de los confines invisibles del negocio de la publicidad oficial, que a la postre lo contó como su referente más emblemático y funesto.
    Pero la fuerza simbólica de su final empalma con ciertos denominadores comunes de la política de estas orillas, donde las recurrentes crisis de gobernabilidad tienden a regularse a punta de pistola. El tema es viejo y explica más de un requiebre histórico.
    La dinastía Colombi sentó sus reales en esta provincia como corolario de un accidentado proceso que entre sus hitos sobresalientes destaca la salvaje represión ordenada por el gobierno de la Alianza el 17 de diciembre de 1999, una semana después de que Fernando de la Rúa fuera consagrado con la banda presidencial. Hasta cierto punto, aquel 17 de diciembre de 1999 anticipó a escala reducida el escenario que acompañó el crepúsculo de la convertibilidad en las históricas jornadas del 20 y 21 de diciembre de 2001. No tanto por la brutalidad de la masacre como por la modalidad del operativo de limpieza y la identidad de los actores que imprimieron su sello en ambos episodios.
    Corrientes regó su suelo con sangre estatal, docente y piquetera para asfaltar el desembarco de una comitiva intervencionista presidida por Ramón Bautista Mestre, el cacique cordobés de triste memoria entre los empleados públicos de su provincia.
    Mestre, claro, no venía a improvisar ni había hecho acopio de paciencia para sopesar la gravedad del drama que lo convocaba, así que una vez concluido el desalojo del puente interprovincial que une las ciudades de Corrientes y Resistencia se dispuso a comandar la transición en compañía de sus más caracterizados escuderos, la mayoría de origen mediterráneo; había uno que luego hizo carrera en las ligas mayores de la política argentina al calor del ocaso del kirchnerismo y la escalada del conflicto con el frente campero; Ramón Aguad, se llamaba. En Corrientes se lo conoce bien.
    Una curiosidad entre las tantas que jalonaron esa saga, es que el levantamiento popular que detonó la estampida represiva arrancó en un rezago salarial de cinco meses para cuya cancelación se barajó el auxilio de un proyecto legislativo presentado por el entonces diputado nacional Federico Storani, que se hizo cargo de la cartera de Interior el mismo momento en que tenía lugar la asunción de Fernando de la Rúa.
    Storani, en su carácter de opositor al menemismo ocupando un escaño en el Congreso, propició el envío de una partida extraordinaria y no reintegrable de A.T.N. para paliar el calvario de los agentes estatales correntinos. Otra fue su postura cuando se enfundó el traje de ministro. En lugar de ATN, prefirió mandar balas de plomo.
    Corrientes, con Mestre ejerciendo la suma del poder público provincial y Aguad replicando su ejemplo en el municipio de la capital, fue un territorio bajo ocupación de las tropas federales, que era como decir el destacamento de los asesinos. De los fusiles de Gendarmería partieron los proyectiles que se cobraron la vida de dos cartoneros —Mauro Ojeda y Francisco Escobar— entre un número inestimable de mutilados y heridos.
    El brazo ejecutor del tandem Mestre—Strorani fue el comandante de Gendarmería Ricardo Alberto Chiappe, un ominoso personaje formado con los paracaidistas franceses veteranos en Argelia que estuvo asignado en los campos de concentración de La Perla y Campo de Mayo durante los años de la represión ilegal.
    El operativo de sabotaje previo a la incursión de las tropas de Gendarmería estuvo protagonizado por connotados civiles de la fauna política autóctona que cultivaban fluidos vasos comunicantes con las terminales nacionales de la administración aliancista. Algunos nombres se pierden en el mar de vicisitudes de esos años pero otros todavía pueblan un primerísimo plano y recobran vigencia a medida que se van exhumando las últimas novedades del caso González Moreno: Noel Breard, por entonces asesor a tiempo completo del ministro Storani a quien le reportaba cada mañana con esmero y fruición (por estos días, principal operador del gobernador saliente Arturo Colombi); y Rodolfo Martínez Llano, empresario de medios y otros rubros ligado al senador radical misionero Mario Losada antes de cobrar notoriedad como nexo entre el mismo mandatario Colombi y más de un centenar de firmas periodísticas correntinas lubricadas con la canilla de la publicidad oficial.
    El interventor Mestre hizo más o menos lo que es norma y protocolo en estos casos: ajustó, reprimió y persiguió chivos expiatorios para descargar responsabilidades afuera. Apeló a una tenue señal de legitimación social liquidando inveterados nichos de clientelismo político pero, tampoco era cuestión de pedir demasiado, sin eludir la tentación de maquinar negocios paralelos al calor de la impunidad que supone cualquier régimen excepcional de gobierno. En ese ítem no escatimó recursos a la imaginación ni atajos extraños a la ortodoxia, hizo todo lo que estuvo a su alcance y un poco más también; desde inundar la plantilla de personal de la administración pública con una legión de cordobeses con sueldos del primer mundo, a sembrar la plaza financiera de mesas de dinero que hacían su agosto con la circulación de los bonos provinciales. Cada tanto, y en flagrante violación de las obligaciones que emanaban de su calidad de interventor sujeto a un patrón de responsabilidades y restricciones bien estricto, contraía empréstitos en pesos que en menos de un suspiro transformaba en bonos a la mitad de su valor original para después evaporarlos en los intrincados corredores del sistema bancario porteño o, en su defecto, transmutarlos en dólares con destino a algún paraíso fiscal. Siempre que se lograra el efecto de engordar las cuentas de los amigos y la propia a costa del sudor del medio millón de correntinos debajo de la línea de pobreza. Ramón Aguad, parapetado en la comuna de la capital correntina, era su fiel compañero de andanzas.
    Mestre tuvo tiempo de hacer tabla rasa entre los escombros de una provincia ya devastada por las barrabasadas de un poder local reconcentrado y fratricida, hasta que su jefe de la Rúa volvió a reclamarlo a Buenos Aires para sustituir a Federico Storani en Interior. La vacancia de Mestre fue ocupada por Aguad, hombre del riñón del odontólogo que por aquellos códigos nunca verbalizados de las formaciones cerradas resultaba la mayor garantía de sobriedad y discreción en el cuidado de las formas y el apego a los secretos.
    Aguad tenía sus bemoles. Nunca difirió mucho de su mentor pero en contraste con el ex intendente de Córdoba en tiempos Angeloz era propenso a ciertos ejercicios diletantes con oscuras pretensiones didácticas. Su frase—insignia era “Argentina adolece una crisis dirigente”. Esa muletilla lo acompañaba como un mantra y a veces la mechaba en las circunstancias más inoportunas. Nunca nadie adivinó a cuento de qué venía pero a él le gustaba pronunciarla y sentía que le venía de perillas. Además, como la actividad política estaba clausurada y la sociedad vivía bajo la sombra del terror con Gendarmería vigilando en cada arteria, siempre encontraba un coro de obsecuentes listo para la fascinación. En ese coro revistaban muchos personajes que aparecen en escena con el caso González Moreno. Así es el poder cuando cae de arriba: generoso como el aire, dulce como la miel. Si lo sabrá Oscar Aguad.
    El hombre vio su oportunidad y la aprovechó. Como venía fogueado de sus correrías con el padrino, algunos trámites los despachaba rápido. Contraer préstamos en pesos para cambiarlos por bonos y llevarse un diferencial del 50% por ejemplo, una ganga. Fácil como la tabla del dos. O aprender a las apuradas una máxima de Norberto Bobbio a propósito de nada y martillarla en donde fuera para impresionar a los incautos. Total, si alguien osaba replicarlo soltaba un ladrido y a otra cosa.
    Un problema que empezaba a asomar remitía al calendario. Ninguna fiesta es eterna, algún día se termina. Eso suponía la obligación dejar la herencia en buenas manos, entre gente confiable, en lo posible discreta y con espacio de maniobra bien acotado a la hora de escarbar en algunas cuentas del pasado.
    Y una dificultad apreciable era el hecho de que nadie daba la talla, el descrédito de la dirigencia local alcanzaba niveles tan exorbitantes que no había mejor carta de presentación que pasar por un perfecto desconocido. En realidad la primera condición para recibir la bendición de los cordobeses era justamente esa: portar una cara nueva, expresar otro apellido, exhibir una trayectoria sino límpida, por lo menos ignota. En suma, esgrimir el beneficio de la duda.
    ¿Quién se podía ajustar a la medida? La búsqueda debía orientarse hacia el interior profundo de la provincia, lejos del resplandor de la capital. Había una localidad —Mercedes— bucólica y colonial de praderas interminables y siestas eternas, que prometía albergar el ejemplar requerido.
    Su intendente era un tal Ricardo Colombi, sin mayores notas distintivas que el aire de misterio que envolvía a su mirada torva y su porte de gaucho indómito. Arrastraba cierta estela de “honestidad” que sus mentores cordobeses se ocuparon de alimentar hasta la exasperación y encarnaba, por pertenencia de clase y filiación partidaria, la antítesis perfecta de los hermanos Romero Feris.
    A los correntinos de la capital (que reúne algo más del 40% del padrón de electores) el apellido no les decía nada, por lo que el punto de partida era por demás promisorio. Ricardo, aparte, daba señales de osadía que en un contexto de confusión y desmadre ayudaban a apresurar la fase de las definiciones; tenía reflejos y nunca parecía propenso a esquivar el cuerpo a los grandes desafíos. Así, en cuanto tuvo oportunidad de hacer su entrada en escena, se cuidó de dejar en claro que la mayor aspiración de su vida era “conducir los destinos de mi provincia”. No faltaba agregar mucho más. El marketing hizo el resto.
    Ricardo con el auspicio de Mestre— Aguad y a la cabeza de un combo variopinto de peronistas, radicales y liberales bautizado con el mote de “Frente de Todos” derrapó en primera vuelta a manos del entonces convicto Tato Romero Feris (sí, le ganó un preso, que instaló el bunker electoral en su unidad de detención) por 43% a 41% de los votos emitidos. En el ballottage sin embargo, la suerte le sonrió: arañó un pálido 51% contra 49 del reo que ya lo había humillado en la contienda anterior. Con todo, una atmósfera de sospecha en torno del robo de urnas y la manipulación de los cómputos en pleno escrutinio ensombreció el resultado. Mestre monitoreaba la jornada comicial parapetado en su puesto de comando de ministerio del Interior, donde, entre otras prerrogativas que aprovechó con ponderable temeridad y descaro, podía digitar a sus anchas la retención y el envío de documentos de identidad. Por primera vez en decenios un radical se aprestaba a gobernar la provincia mediante un pronunciamiento popular. Ricardo Colombi a su turno —ya dijimos que nunca le faltaron reflejos—, se adelantó a certificar la “transparencia” del triunfo.
    El mayor de los Colombi gozó su período de luna de miel con la sociedad merced al alivio de que la justicia local —un reducto mestrista que mantenía a jueces y fiscales a tiro de un decreto del Ejecutivo— condenara a tres años de prisión a Tato Romero Feris por el delito de abuso de autoridad, inhabilitándolo por un cuarto de siglo para el desempeño de cargos públicos.
    La gestión de Ricardo Colombi durante el período 2001—05 dejó poco en el inventario para ameritar mayores comentarios. El colapso de la convertibilidad le permitió licuar una deuda de $ 1.300 millones que lastraba como una pesada losa sobre las finanzas de la provincia, absorbiendo cerca del 65% de sus recursos ordinarios y a una tasa usuraria que hubiera hecho palidecer a cualquier tiburón de las calificadoras internacionales de riesgo de inversión.
    En medio dejó plantados algunos mojones. Por caso, un salvaje operativo de linchamiento público de díscolos y opositores a través de una campaña de escuchas telefónicas ilegales que se ventilaron por LT7, la radio de amplitud modulada siempre en manos del mismo dueño, pero controlada en cada interregno por el gobierno que cuadre.
    De aquella maniobra de extorsión financiada con dineros públicos en base a informes de los organismos de inteligencia de la policía provincial fueron parte los más conspicuos representantes de la geografía colombista. El gobernador, desde ya, pero también su primo Arturo que ocupaba la poltrona de la secretaría general de Gobierno, y otro alfil de ese tablero hoy caído en desgracia: Diego Mosquera —eterno ladero de Arturo—, por estos días recluido en una celda del destacamento de Bomberos por una investigación sobre enriquecimiento ilícito que lo obliga a fijar precio a su silencio.
    Hay otros nombres vinculados al episodio, nombres con añejas resonancias en los pasillos del poder nacional. Acaso el más taquillero sea el del encuestador Enrique Zuleta Puceiro, un orgánico del radicalismo que ofrecía sus servicios profesionales a Ricardo con recursos del erario provincial en tiempos en que su cliente lanzó aquella cacería. Ese escándalo prescribió en los estrados judiciales, siguió el previsible camino de tantas otras fechorías, crímenes y latrocinios. Lo que no prescribió fue el modus operandi acuñado desde esos años ni la logística necesaria para su instrumentación, que ayudó a montar varias operaciones de ese calibre en períodos posteriores.
    Con Ricardo sentado en el máximo sitial del poder provincial la relación con el primo Arturo venía viento en popa. Arturo ocupaba un discretísimo segundo plano, lejos del roce de la confrontación política cotidiana pero muy cerca de las cajas que concentraban el negocio de la obra pública.
    Ricardo por su lado le otorgaba amplias libertades para que regulara a su antojo las licitaciones y concursos donde el cartel de las empresas constructores se repartía certificados de obras que debían atravesar el cedazo de los escuderos de Julio de Vido, en una primera tanda, y del responsable del Ejecutivo provincial en una instancia posterior. De todas formas el binomio funcionaba como un perfecto mecanismo de relojería entre otros motivos porque los roles se encontraban perfectamente diferenciados, el costo político de la exposición y el desgaste lo absorbía Ricardo y el primo de perfil técnico y talante conciliador distaba de prefigurar los rasgos de un competidor de peso.
    La historia dio un vuelco a mediados de 2005, el momento bisagra que debía decantar la identidad del sucesor de Ricardo Colombi como la nave insignia del llamado Frente de Todos.
    Las desavenencias en el interior del gobierno de Ricardo y algún ejercicio rudimentario de la mesa negociadora con los referentes principales del damero opositor, determinaron la caída del proyecto de reforma de la Constitución provincial que pretendía habilitar por única vez la reelección del líder del clan Colombi. En consecuencia, y como el apellido era un factor de tracción electoral poco menos que irreemplazable, el privilegio de la candidatura debía recaer en el primo apolítico y taciturno que hasta allí realizaba su tarea en la más completa oscuridad.
    A regañadientes —el delfín tenía menos carisma que un funebrero, amén de su escaso arraigo en la militancia, que siempre lo consideró un injerto extraño al cuerpo radical— Ricardo ungió como sucesor a su primo, que se alzó con el triunfo en octubre de ese año sin mayores sobresaltos.
    El día que se produce el traspaso del mando marca un punto de quiebre en la relación familiar.
    Aquí es donde cobra importancia un aspecto pedestre del ejercicio del gobierno en estas provincias que ayuda a entender la génesis del conflicto.
    ¿Cuál es el insumo más preciado de un gobernador del norte argentino?
    La birome. En términos políticos, la delgada línea que divide al poder del ostracismo se mide por el usufructo de la birome—firma—decretos. Con el manejo de la birome oficial se benefician a algunas firmas constructoras y se relega a otras; se designa personal de la propia clientela en detrimento del aparato adversario; se favorece determinado tejido de alianzas a despecho de otras ingenierías políticas. Con la birome también se liberan órdenes de publicidad con las que se ahoga el disenso moldeando una opinión pública desinformada y acrítica.
    Y Arturo entendió que la birome no era un adorno. Ergo, a poco andar fue pergeñando una telaraña de compromisos y relaciones que lo ubicaban a prudente distancia de su predecesor, cada vez más raleado del despacho del inquilino de casa de gobierno.
    Entra los nichos a explorar por el flamante hombre fuerte de la provincia saltaba a la vista la cantera de negocios asociada al dispendio de la publicidad oficial, que desde el período de la restauración democrática en adelante, a la par de contribuir al disciplinamiento de todo el espinel comunicacional de la región, constituyó un conducto inmejorable de lavado de dinero de la corrupción política.
    A partir del gobierno constitucional del ex embajador de Costa Rica durante la dictadura José Antonio Romero Feris (1983—87) la pauta fue trazando un sistema de premios y castigos orientado a discreción y en forma unipersonal por el gobernador de turno, que mediante el control de la canilla de la publicidad sofocaba las críticas y entronizaba el discurso del poder como el único posible. Esa distorsión tornó al ejercicio periodístico una práctica emparentada con una actividad insurreccional, y al negocio de la publicidad (oficial, que era la realmente existente) una pista de aterrizaje de paracaidistas proclives a toda clase de trapisondas.
    Con Arturo afincado en el vértice del poder político, una de las iniciativas que acometió la administración en ciernes fue impulsar la reforma de la Constitución con el objetivo, en primer lugar, de habilitar la reelección del mandatario; y en segundo término, de asegurar un piso presupuestario para los gastos de publicidad. La Constitución de 2007 (la ley que la prohijó es nula, deslizan algunos versados; pero el tema nos excede) garantizó una escala del 1% para los gastos de publicidad oficial. Eso implica que, por caso, con un presupuesto anual del orden de los $3.000 millones promedio, el gasto aproximado de publicidad oficial fluctúe en alrededor de $30.000.000. Con el aditamento de que nadie delimita nunca el sentido del concepto de “publicidad oficial”, por lo que en la práctica esa variable termina confundida con el más burdo proselitismo oficialista. Claro que como el gobernador casi nunca se molesta en remitir el presupuesto a la Legislatura (delito flagrante; ejecutar presupuesto sin aprobación legislativa equivale a la figura de malversación de fondos públicos) en los hechos nunca hay límite para el gasto.
    Arturo —acaso por influjo de su operador en las sombras, el empresario periodístico José Rodolfo Martínez Llano— acordó la creación ipso facto (tampoco era cuestión de poner a consideración de la Legislatura, los negocios requieren trámites más expeditivos) de una agencia de buenas noticias para tercerizar el manejo de la pauta publicitaria del Poder Ejecutivo Provincial. Sin marco regulatorio alguno ni controles externos a la administración central, en la más completa informalidad y con un sigilo mayúsculo que invitaba a las peores suspicacias.
    Así fue como hizo su ingreso estelar en el mercado comunicacional de la provincia la firma Negocios Correntinos S.R.L., la razón social agazapada detrás del nombre de fantasía “Agencia Corrientes”, el conducto por donde el gobierno de Arturo canalizaba la millonaria pauta a los medios.
    Desde sus orígenes la agencia fue concebida como una unidad de negocios multiuso: por un lado concentraba la distribución de la pauta oficial sustituyendo a dirección de Información Pública en avisos superiores a los $3.000 (los prestatarios de menor porte pasaban por casa de gobierno para procurarse una orden, pero la torta grande se repartía en otro lado); por el otro era una suerte de dispositivo propagandístico que unificaba y pulía la mirada editorial del oficialismo, algo así como la referencia obligada de todo el sistema de medios provinciales a la hora de acompasar la partitura de Arturo y su cohorte; y finalmente, servía como centro clandestino de espionaje y policía política del régimen mediante grabaciones clandestinas a los escasos espacios radiales identificados con la oposición y también a quienes, aún engrosando las filas del gobierno, eran vistos con recelo por los halcones del entorno íntimo del gobernador.
    En el mundo de las apariencias donde en muchas ocasiones la realidad es un remoto destello perdido en la cerrazón de engaños e imposturas que confunden e intoxican, Hernán González Moreno fungía de director de la agencia —quizás en tributo a su condición de soldado leal de las huestes de Rodolfo Martínez Llano—, pero el verdadero responsable periodístico de la “TELAM correntina” era José Luis Zampa, el director de Información Pública que designó Arturo Colombi.
    Con la Agencia como filtro y órgano coordinador, Arturo repartía a resguardo de la más absoluta discrecionalidad los fondos destinados a pautas de publicidad.
    Los volúmenes son incalculables, dada la ausencia de controles y el enjambre de nombres de paja y firmas fantasmas que encubre los pliegues ocultos del negocio. Una proyección estimativa debería adentrarse en consideraciones que, como las cajas chinas, remiten a una sucesión de variables cada cual más intrincada que la anterior.
    Dirección de Información Pública —la cartera que expende las órdenes de publicidad— está incluida en el área de Secretaría General de Gobierno, que sería el organismo de primer grado con ascendiente directo sobre la política comunicacional del Ejecutivo.
    ¿Qué es Secretaría General de Gobierno, cuál sería su función específica?
    También es muy brumoso eso, nadie se esmeró mucho en explicarlo. La experiencia histórica de la recuperación democrática en adelante indica que esa dependencia es el cuartel general de las operaciones negras del gobierno (de todos los gobiernos, su naturaleza excede a la gestión de Arturo), vale decir, el estamento que concentra el control de las cajas negras del oficialismo al momento de comprar votos en la Legislatura, financiar redes de espionaje, montar operaciones de chantaje y escarmiento público de opositores, pagar honorarios de consultores nativos o foráneos, en cualquier caso bien cotizados (los argentinos Jorge Giacobbe y Enrique Zuleta Puceiro, el uruguayo Luis Costa Bonino, el venezolano Orlando Goncalves), aceitar a la prensa adicta con dinero extra en circunstancias puntuales…y liberar certificados de publicidad.
    Cuando Ricardo Colombi conducía las riendas de la provincia (2001—05) Secretaría General de Gobierno era un enclave monopolizado por Arturo durante un período —el dato resulta significativo—, y por el liberal Sergio Desimoni en una etapa ulterior. Los liberales con Desimoni como bastonero usufructuaban un presupuesto cercano a los $22.000.000. Ese colchón financiero bastaba para contener a toda la constelación de medios correntinos y, concomitantemente, solventar los gastos de funcionamiento del Partido Liberal, incluidos alquiler de locales, viáticos, ñoquis, etc. Se infiere entonces que el presupuesto era excedentario con poco más de 20 millones de pesos.
    En 2007, ya en plena gestión de Arturo, Secretaría General de Gobierno incrementó su presupuesto a $26.000.000. La prensa correntina de parabienes. Todo el circo mediático de la reforma constitucional de ese año se costeó con esos recursos.
    Pero en 2008, el último año en que se aprobó el presupuesto general que todavía rige en virtud de la “prórroga” de facto impuesta por el oficialismo y avalada por la oposición, Secretaría General quintuplicó su masa de dinero fresco disponible: de los $26.000.000 de 2007 pasó a administrar una caja de $137.000.000…    Buena parte del desmadre que tuvo lugar después con el emplazamiento de la “Agencia” y el arribo de una legión de consultores uruguayos para apuntalar la reelección de Arturo, se nutrió de esa cantera de recursos.
    Lo concreto es que a medida que el gobierno de Arturo se desgranaba en un sinfín de escándalos y desaciertos, la causa por el manejo dispendioso y espurio de las cuentas de publicidad iba arrojando sus primeros frutos.
    A comienzos de año el fiscal Gustavo Roubineau a cargo de una investigación por las irregularidades en la distribución de la pauta, imputó a una línea prominente de funcionarios provinciales de los delitos de peculado y malversación de fondos públicos. Ni el mismo Arturo Colombi se salvó del tsunami judicial. El círculo comenzaba a cerrarse sobre Hernán González Moreno.
    Para fines de agosto la suerte electoral del oficialismo estaba echada. La detención de Diego Mosquera, secretario privado del mandatario, por un expediente paralelo que indaga en su vertiginoso crecimiento patrimonial, fue otro latigazo que caló hondo en las filas del gobierno.
    Y a mediados de septiembre llegó el golpe de gracia con el allanamiento de la Agencia ordenado por el juez Luis Cocchia Breard. Desde el instante en que el fiscal Roubineau acompañado de una veintena de efectivos de la división de Delitos Complejos de la policía correntina se internó en el laberinto de pruebas ofrecidas a raudales por cada compartimento de aquel santuario de persecución y espionaje, el crujiente dispositivo de poder forjado por González Moreno dio sus primeras señales de ahogo. Fue tal el despropósito descubierto por los sabuesos del Ministerio Público y la policía, que en base a las pruebas recabadas en ese procedimiento pudieron rastrearse las huellas de una parva de empleados legislativos facturando órdenes de publicidad por cifras superiores a los seis dígitos.
    El último ademán de defensa ensayado por el joven empresario fue la irrupción en escena del mediático abogado Mariano Cúneo Libarona,
el letrado que asistió a los Yoma en otro resonante caso judicial y que más cerca en el tiempo colaborara en la defensa procesal de Mario Segovia, bautizado el rey de la efedrina.
    Cúneo Libarona contraatacó con una denuncia por enriquecimiento ilícito y evasión impositiva contra el senador Ricardo Colombi, quien se habría hecho acreedor de un inmueble valuado en $600.000 valiéndose de los buenos oficios de un testaferro. La denuncia se formalizó en el Juzgado Federal con asiento en Paso de los Libres, un enclave bajo dominio del martinezllanismo.
    Quienes rodeaban a González Moreno en aquellas jornadas postreras de su vida, aseguran que el malogrado empresario no era de arredrarse y pensaba llevar su embestida contra Ricardo hasta las últimas consecuencias.
    Pero resultó inútil. La escalada había cobrado un impulso tan frenético que nada parecía capaz de torcer el rumbo de los acontecimientos.
    A Hernán González Moreno le apodaban Polvorita. Dicen que por su afición a la velocidad, a las decisiones rápidas y su espíritu impetuoso.
    Nadie habría imaginado que con el tiempo el sobrenombre adquiriera otras resonancias.

Guillermo González del Castillo