El asesinato brutal de la arquitecta Renata Toscano, de 43 años, en un intento de robo a su auto el martes pasado, pareció desencadenar un efecto rebote en los habitantes de dicha localidad del sur del conurbano bonarense, quienes espontáneamente salieron a reclamar por más seguridad y a pedir respuestas a la corporación política y la plana mayor de la Bonaerense. En las manifestaciones, que fueron tres, se pidió la urgente presencia del gobernador Scioli y del ministro de Seguridad Stornelli, pero ambos brillaron por su ausencia. Hastiados por dicha falta de respuesta, un grupo más exaltado irrumpió en la Comisaría 5 y exigió la presencia del jefe de dicha repartición. Tras momentos de máxima tensión, el mismo accedió a los reclamos y ensayó una torpe respuesta. Alegó lo de siempre, que él y sus efectivos hacen lo posible, que le faltan efectivos y medios y prometió una serie de medidas adicionales que no conformaron a los indignados vecinos. Pero lo que más levantó iracundia es que mientras se efectuaba en La Plata, el jueves, una reunión entre el citado ministro y la plana mayor de la repartición en cuestión, Daniel Scioli participaba en Chubut de un acto para apoyar la candidatura 2011 de Néstor Kirchner. Típica postal de época, en la cual mientras todos los días mueren inocentes víctimas de la inseguridad, la pareja gobernante sigue empeñada en celebrarse a sí misma.
    Ante otra muestra de desidia, las Familias de Víctimas de la Inseguridad convocaron para el miércoles 9 de diciembre a una marcha frente al Congreso Nacional de 18 a 21 hrs, bajo el lema Por los que ya no están y por los aún estamos. Ante esta manifiesta sordera e inoperancia que manifiesta gran parte de la corporación política, la ciudadanía nuevamente se juntará en pos de seguir reclamando por justicia y seguridad.


Sin paz ni justicia

    San Agustín afirmaba que la paz es la tranquilidad en el orden. Actualmente en la Argentina no se cumple esa elemental ecuación, pues la ausencia de tranquilidad es debida mayormente a la creciente agitación social que sacude cotidianamente las calles de los principales distritos del país. Y la falta de paz radica en la consecución de esta suerte de guerra social que parte en dos las esperanzas de miles de compatriotas que sólo pretenden trabajar y vivir en armonía.
    Más allá del áspero debate sobre la imputabilidad de los menores, y la justa rabia de quienes han sufrido un delito o temen ser víctimas de uno, es evidente que detrás de la torpeza del Estado para implementar políticas preventivas, subyace una explícita complicidad. Es que se ha afirmado, no sin asidero, que la ausencia del Estado multiplica por mil la inseguridad. Y la torpe postura del gatillo fácil y el aumento de las penas carcelarias sólo contribuyen a empeorar la situación y embarrar una cancha que ya es intransitable de por sí.
    Además, la enorme brecha económica entre los que tienen demasiado y quienes carecen de todo, azuzados por un torpe bombardeo publicitario donde se exalta el lujo asiático, es el caldo de cultivo ideal para que más temprano que tarde se produzca un remedo del tan temido estallido social que sembró de luto al país en diciembre de 2001.
    Tampoco se soluciona tan acuciante problema incinerando las villas con napalm, como han sugerido algunos ultramontanos. Antes de efectuar semejante osario al gas, sería mejor individualizar dentro de las mismas a los barones del paco, a los capos del escruche automotor y a los punteros encargados de mediar entre el barrio y los barones del conurbano. Y junto con ellos, a sus empleados en la truchada que revistan en las filas de la Federal y la Bonaerense, como también los encuadrados dentro del poder judicial.
    Neutralizados estos, y seguidamente establecer una coherente política social que enaltezca el trabajo digno y erradique al clientelismo para que en breves años nuevamente vuelva la paz y la justicia a enseñorearse en esta castigada Patria. Pero claro, para eso se necesita una absoluta concordia entre representados y representantes, fruto de un patriótico acuerdo donde prevalezca el bien común en detrimento de los mezquinos intereses de sector.

Fernando Paolella