Ante el evidente y preocupante debilitamiento que viene sufriendo la calidad institucional en la Argentina, la oposición política al kirchnerismo debería hacer valer el número con el cual contará, a partir del próximo 10 de diciembre de 2009, en la Cámara de Diputados de la Nación.

En ese sentido, la votación para designar al titular de la cámara baja es un verdadero test para la oposición, pues representa tanto una oportunidad para ponerle límites al manejo hegemónico y discrecional con que Néstor y Cristina Kirchner vienen ejerciendo el poder como para avanzar legislativamente en algunos de los temas trascendentales que mejorarían la institucionalidad del país.

¿Por qué es importante la presidencia de la Cámara de Diputados? En primer lugar, porque al haber perdido su independencia respecto al PEN es este último el que define los temas de la agenda legislativa. En segundo término, el titular de la cámara baja decide a cuántas comisiones se gira cada proyecto de ley, obstaculizando las iniciativas opositoras y facilitando las propias. En tercero, resulta fundamental para la composición y designación de autores de las comisiones permanentes, en las cuales se debería dar el debate de fondo en el trámite legislativo.

La oposición parece conformarse con aspirar a tener la presidencia y la mayoría de miembros en varias de las comisiones permanentes y, si acepta que la titularidad de la Cámara quede a cargo de un representante del oficialismo, desaprovechará la gran oportunidad que la ciudadanía que los votó le reclama y que las urgencias institucionales del país requieren.

Además, en un sistema republicano -que el kirchnerismo parece desconocer o no compartir- desde el Poder Legislativo también se gobierna. Y si, como sucederá ahora, hay más opositores que oficialistas en la integración de la Cámara de Diputados de la Nación, será muy conveniente al equilibrio y control de los poderes que la titularidad de la cámara baja exprese la verdadera representatividad política del cuerpo. Si esto no fuera posible, entonces no tendría sentido la elección legislativa de medio término.

Esto no significa hacer ingobernables los dos últimos años de la presidencia de Cristina Fernández sino que, de acuerdo al resultado electoral del 28 de junio, los mismos sean un período co-gobernable. Es decir que la oposición podría establecer en la agenda legislativa 2010-2011 temas que, a diferencia del estilo K, necesitan un prolongado debate y búsquedas de consensos, como por ejemplo la trascendental reglamentación, por sus implicancias políticas, económicas e institucionales, de un nuevo régimen de ley de coparticipación federal de impuestos. Mientras tanto, la presidenta podrá seguir gobernando con su estilo y los recursos con que cuenta. Pero el país a través de sus representantes -especialmente los de la oposición- tiene así la oportunidad, con una nueva mayoría legislativa, de dar un salto importante en su calidad institucional.

Luego, en las presidenciales del 2011, la ciudadanía se expresará nuevamente y de allí surgirá la nueva composición del Congreso que podrá mantener, modificar o derogar las leyes más cuestionables sancionadas por el kirchnerismo, tanto por su contenido como por la velocidad antirrepublicana en que fueron votadas. Es que el actual gobierno ha cometido verdaderos zarpazos institucionales, como el adelantamiento de las elecciones legislativas previstas en una ley aprobada con amplio consenso, y ha cambiado las reglas de juego abruptamente sancionando, mediante trámites inusuales para el proceso legislativo, leyes que afectan seriamente a la seguridad jurídica del país. Por eso, el rol de la oposición es ponerle límites claros al actual gobierno e impulsar algún cambio legislativo trascendental.

Si la oposición no se anima, no sabe o no puede aprovechar esta oportunidad que se le presenta en la cámara baja, entonces es difícil pensar que estará preparada para convertirse en alternativa de gobierno para el 2011.

Gabriel Salvia
DyN