Cuando ya se cobró el penal, cuando no hay más nada que hacer y viene el tiro de sentencia, siempre hay un jugador avispado que le dice al árbitro socarronamente: “Está bien, pero a ver si ahora también te equivocás para el otro lado”. No es sólo una anécdota, ya que los “chamuyos al pito” que se hacen en cualquier picado del mundo son parte de la picardía del fútbol. De modo más formal, esa práctica de siempre se llama “condicionar al referí” y como en política parece que ocurre lo mismo, en esa línea habría que encuadrar las intervenciones de Aníbal Fernández, de Néstor Kirchner e inclusive las denuncias de la Presidenta, todas referidas a la acción de la Justicia, no tan contemplativa por estos días con ciertas decisiones gubernamentales.

“La Justicia debe ser independiente del poder político, pero también debe ser independiente del poder económico” fue la bomba que disparó Cristina Fernández contra los jueces hace dos días en La Pampa escudándose en su género de “tacos altos”, de acuerdo con su entender más proclive a las “zancadillas” o sea, en buen romance, a fallos o a manifestaciones de los jueces de la Corte que no le han gustado.

De esta forma, el Gobierno acaba de abrir otro frente muy grave de conflicto, por la implicancia institucional que adquiere, ya que se trata claramente de una puja entre poderes, y porque la Justicia no es un enemigo más, similar a los que habitualmente elige para criticar o para victimizarse.

Así, al campo, al FMI, al gobierno estadounidense y a su enviado de esta semana, Arturo Valenzuela quien denunció “inseguridad jurídica en la Argentina”, a los medios que no piensan igual, a la oposición legislativa, a Mauricio Macri, etc. se le acaba de sumar, peligrosamente para la salud institucional de la República, un nuevo demonio por vencer: el Poder Judicial. O al menos así se la presenta para marcarle la cancha, probablemente en función de futuras acciones.

En esa línea de presión habría que encuadrar el disgusto explícito del Gobierno ante la resolución del juez en lo Civil y Comercial, Edmundo Carbone, el primero en fallar contra la Ley de Medios. Inmediatamente, desde la Casa Rosada se bajó un discurso de descalificación ética hacia el juez, ya que a fin de año dejará su cargo, como si alguien que se va no pudiera firmar despachos hasta el último instante de su mandato, algo que, por otra parte, hizo también el presidente Kirchner cuando suscribió el decreto que permitió la fusión de CableVisión y Multicanal, aún cuando el 10 de diciembre de 2007 ya estaba a la vista.

Justamente, otro fallo sobre estas dos empresas de cable provocó otro derrame de bilis entre los funcionarios, ya que nada menos que una Cámara volteó una intempestiva resolución de Guillermo Moreno que suspendía por 60 días el proceso de fusión. Además, este fin de semana se conoció otra resolución de un juez federal salteño que admitió un amparo de consumidores, ya que la ley de Medios discrimina claramente a quienes viven lejos de la Capital Federal, en cuanto a las posibilidades de acceso a informaciones nacionales.

En la semana, el Jefe de Gabinete se quejó de las veces que el canal TN repite ciertas noticias “hasta 24 veces por día” y se refirió, por ello, a la “manipulación” de los televidentes, al igual que Kirchner, quien vociferó contra los medios de comunicación por entender que es de “cobarde” y “antidemocrático” que se “manipule a la opinión pública”.

Sin embargo, la Resolución del juez de Salta apuntó a frenar la manipulación a la inversa, por defecto de información, ya que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cercena claramente el derecho de los públicos del interior del país de escuchar y ver redes nacionales de radio y TV, ya que restringe la cantidad de repetidoras y, donde se las pueda instalar o mantener, les achica la posibilidad de difusión a ocho horas diarias y con una profunda regimentación de sus contenidos. “Parece una Ley hecha por Videla”, le dijo a DyN el presidente de Codelco, la asociación que interpuso el amparo en nombre de los consumidores, Guillermo Durán Cornejo.

Los cortocircuitos con la Justicia comenzaron cuando la jueza de la Corte, Carmen Argibay dijo en la semana que “es preocupante” que desde el poder político “no se cumplan las órdenes de los jueces” y advirtió que si no se acatan las disposiciones se vuelve “a la ley de la selva”.

El guante lo recogió Aníbal Fernández, quien fue aludido porque la Policía no ejecutó la orden de una jueza para que integrantes de una lista en pugna en la Asociación de Aeronavegantes, contraria a la actual embajadora en Venezuela, Alicia Castro ingresara a tomar posesión de la sede de la misma. El Jefe de Gabinete dio sus explicaciones sobre los por qué no se cumplieron las órdenes judiciales (“para evitar enfrentamientos sangrientos”, dijo), mientras desde otros lugares de la Corte y desde la oposición se hacían escuchar todo tipo de críticas.

Justamente, estas dos instancias serán protagonistas esta semana de un hecho poco frecuente en materia de relación entre poderes, ya que unos 34 senadores, todavía en minoría, aunque se está tratando de convencer a media docena más, serán recibidos por el alto tribunal para pedir que se los considere, bajo la figura del “Amicus curiae” (amigos del Tribunal), como “terceros ajenos a las partes” que tienen competencia manifiesta en los temas donde están involucradas las provincias (Coparticipación Federal de Impuestos, distribución de la recaudación del impuesto a los débitos y créditos bancarios, financiamientos a la Anses y a la Afip, Aportes al Tesoro Nacional (ATN), distribución de los recursos del IVA y las sucesivas prórrogas de leyes de Emergencia Económica), en los cuales ofrecen su opinión para ayudar a resolver una serie de pleitos en curso.

La motivación de los senadores para aplicar su experiencia es muy dura en términos conceptuales, tal como se desprende del escrito dirigido a los jueces al que tuvo acceso esta Agencia: “Creemos que la manipulación constante de nuestra Carta Magna sume en el descrédito a la misma democracia”, señalan sin anestesia.

Por supuesto, que sólo por recibirlos, la movida sonó en la Casa Rosada como una declaración de guerra de la Corte al Ejecutivo y se estima que no se ahorrarán nuevos calificativos contra los jueces durante los próximos días. Al fin y al cabo, alguna vez podrían llegar hasta allí los fallos y las apelaciones contra la ley de Medios y el Gobierno aspira a no perder la batalla en los estrados judiciales decisorios.

Hasta ahora no ha ocurrido porque es muy reciente, pero otro tema que puede dar qué hablar también en materia judicial, pasó por la decisión del Gobierno de la última semana de apropiarse de una parte de las Reservas del Banco Central para atender los pagos de la deuda del año 2010. La centro-izquierda puso el grito en el cielo, al recordar que ése mismo había sido el temperamento de los años 90 y al señalar que ese dinero podría haber ido a cubrir necesidades de los sectores sociales más postergados.

El movimiento adquiere litigiosidad, porque fue instrumentado por un Decreto de Necesidad y Urgencia que deberá ser ratificado por el Congreso, a través de una Comisión Bicameral que aún no ha podido conformarse. Pero la situación suma también aristas económicas, a partir del modo en que se presentó la conformación de un pomposo Fondo bautizado del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilización (Fobide) y de haber dicho en primera instancia que el dinero que lo sustentaba sólo iba a servir como una garantía disuasoria y para bajar las tasas.

“Es imprescindible volver al mercado voluntario en 90/120 días, si no después va a ser más difícil. Hay plata para la Argentina a algo más de 10% anual, pero con esta medida seguramente se podrán tomar fondos entre 8% y 9% y si es por eso, no está mal la cosa.

Aunque sí es para gastar...” se sinceró una fuente del BCRA, mirando las cosas casi desde afuera y antes de conocerse el verdadero destino del Fondo. Durante este año el Central le transfirió al Tesoro $ 4.400 millones en utilidades y por el artículo 20 de la Carta Orgánica le otorgó hasta el momento financiamiento por otros $ 16 mil millones.

Ahora, como el dinero es fungible, se sabe con más propiedad que será el Tesoro el que pagará las deudas con el Fondo y que, por reasignación de partidas, se podrían destinar los fondos del Presupuesto previstos para esos menesteres a otros casilleros del gasto público. La presunción de los técnicos del Banco Central de que el plan del ministro Amado Boudou para “bajar la incertidumbre” sólo iba a estar destinado a bajar la tasa de interés, para aprovechar mejor las condiciones de liquidez del mercado, ha tenido patas cortas.

Si a este anuncio del destino del Fobide que se ha hecho desde el ministerio de Economía se le agrega la decisión de la Afip de ampliar las Facilidades de Pago de deudas contraídas hasta octubre de este año, parece bien claro que la situación de caja no luce para nada holgada y se intuyen verdaderos problemas fiscales para 2010. Pese a todo, la Presidenta acaba de dar por cerrada la crisis: “Lo peor ya pasó y lo mejor está por venir”, señaló el viernes con la euforia habitual en la presentación de medidas gubernamentales.

Tal como le ocurre bien seguido al Gobierno, lo que le baja el crédito, se echan a rodar los instrumentos sólo con la presunción de que los anuncios pueden ser efectivos desde el costado del marketing (así pasó con el Club de París y aún se aguardan avances), aunque las aristas legales se tratan de emparchar posteriormente.

La palabra “desendeudamiento”, inclusive, motivó una crítica de Roberto Lavagna, quien la motorizó en tiempo del canje, ya que ahora, sostiene, “ante una situación de cuentas públicas deficitarias, lo que se busca es tomar nueva deuda”.

Pese a todas estas desprolijidades, y como todos ya le tienen tomado el tiempo, no hay quien reaccione hasta ver qué es lo que finalmente se pone en práctica. Por ejemplo, en primera instancia no se evaluó el tema de los embargos, ya que las reservas están protegidas y ahora se sabe que el Banco Central irá entregándolas a cuentagotas, a medida que lleguen los vencimientos y que recién en su reemplazo recibirá Letras del Tesoro.

Dólares contantes y sonantes por U$S 6.570 millones que hoy están seguros en Basilea, aunque ganen poco interés, se canjearán por una promesa de pago a 10 años al mismo interés, por más que también se promocionó en un principio que el Tesoro iba a triplicar ese rendimiento. Ahora, el BCRA tiene en expectativa juntar más de 16 mil millones en papeles, un tercio de las reservas totales o sea la mitad de las que cubren la base monetaria. Oro por baratijas.

Hugo Grimaldi
DyN