Es indiscutible la serie de desventuras que han acosado a la tranquilidad del empresario Mauricio Macri. Es que en el día de hoy este periódico se he hecho eco de una adversidad más de la administración del Jefe de Gobierno porteño en el marco de la reforma al Código Contravencional.

El ODH (Observatorio de Derechos Humanos) es una ONG encargada de difundir y contribuir a la promoción de los derechos humanos en el ámbito de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. La organización se opone de lleno a la sanción de la reforma de dicho código por considerarla inconstitucional, violatoria de los derechos de igualdad e ineficaz para resolver los problemas de seguridad en la Ciudad, ya que desvía la atención que merece hoy la política de seguridad de la Cuidad.

Es por esto que el ODH solicita a los legisladores de la Ciudad que se pronuncien en contra de este proyecto basándose en los siguientes argumentos:

Que el proyecto no apunta a proteger los bienes ni la vida de los porteños sino que se ocupa de algunas “molestias” que los vecinos pueden sufrir cuando diversas personas quieren cobrar indebidamente un precio por estacionar un automóvil en lugares permitidos o cuando quieren limpiar los vidrios de su automóvil. O, por otro lado, cuando una persona camina por la calle encapuchado o con un palo. El proyecto no se ocupa de establecer medidas preventivas para, por ejemplo, los delitos de robos, o hurtos, que los porteños sufren diariamente, incluso a metros de las Comisarías de la Policía Federal. El no se fundamenta en estadísticas que demuestren que los “cuidacoches” o “limpiavidrios” o los “manifestantes con palos” son aquellos que luego cometen delitos. Eso denota una absoluta falta de seriedad del proyecto y, como se verá más adelante, una visión errónea y lamentable sobre la supuesta opinión pública.

Una norma como la proyectada, más allá de los vicios constitucionales que más adelante mencionaremos, sólo va a servir para perseguir al eslabón más débil de la cadena, para aumentar el precio de la coima del funcionario que permita realizar la actividad ilegal, o para que la Mafia se acomode en otros negocios ilegales.

Que es perjudicial el mensaje del Poder Ejecutivo –que acompaña el proyecto de ley- al distinguir entre “ciudadanos”, por un lado, y “cuidacoches”, por el otro: “… se produce una relación de suma tirantez entre el ciudadano y el “cuidacoche”, en la cual el primero se siente amenazado y con miedo, tanto respecto a su integridad personal como la seguridad de elementos de su propiedad.” Darles seguridad a los vecinos no es despejar de pobres al espacio público. Ese concepto es propio de gobiernos antidemocráticos, represivos, arcaicos e ineficientes.

El gobierno de la Ciudad está fabricando un arma de doble filo. Por un lado, quiere poner el foco de las políticas de seguridad en castigar acciones que no generan inseguridad y cuyos perseguidos serán necesariamente integrantes del sector más vulnerable de la sociedad. Y por otro lado, para reprimir esas conductas no delictivas pone al frente de la Policía Metropolitana a funcionarios con procesamientos penales dictados por la Justicia por la comisión de delitos de gravedad cierta.

Cuando el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires decidió dictarse su autonomía y su propia Constitución decidió también derogar los edictos policiales y formularse su propio Código de Convivencia. Para dictar ese cuerpo normativo la Constitución de la Ciudad puso restricciones bien explícitas en el artículo 13: “La Ciudad garantiza la libertad de sus habitantes como parte de la inviolable dignidad de las personas. Los funcionarios se atienen estrictamente a las siguientes reglas: … 9) Se erradica de la legislación de la Ciudad y no puede establecerse en el futuro ninguna norma que implique, expresa o tácitamente, peligrosidad sin delito, cualquier manifestación de derecho penal de autor o sanción de acciones que no afecten derechos individuales ni colectivos”.

El proyecto de reforma del Código Contravencional del Poder Ejecutivo de la Ciudad pasa groseramente por alto esta manda constitucional. Si bien es cierto que las contravenciones no son delitos y sus normas son para permitir una acorde convivencia en la Ciudad, también es cierto que si esta norma se aprobara la libertad de las personas que cometan esas acciones será restringida arbitrariamente, porque –salvo el caso de los “cuidacoches” cuando exigen dinero- se estarían sancionando acciones que no afectan derechos individuales ni colectivos.

Cuando de divide entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, el proyecto altera la manda constitucional del artículo 11 que reza "Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley".

Justificando la modificación al artículo 52 del Código Contravencional, según el mensaje del Poder Ejecutivo: “Es recurrente en la Ciudad de Buenos Aires que en numerosos hechos delictivos hubo personas que estuvieron vigilando los movimientos de otras personas, comercios o empresas, a fin de controlar la entrada y salida de las viviendas y comercios con el fin de perpetrar diferente tipo de delitos. Las presencias de personas con tales actitudes, causan un fundado temor y alteran la tranquilidad de la gente en particular y de los barrios en general”.

Gobernar la seguridad es una tarea muy compleja y requiere de funcionarios capacitados para hacerlo, que no caigan en la tentación de medidas efímeras, ineficaces, perjudiciales para el sistema y agresivas al Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la aplicación rigurosa de una pirámide normativa: primero la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, luego las leyes y después los reglamentos. El Estado de Derecho no es, como quieren confundir en los argumentos del proyecto, un Estado al servicio de la moral de un sector de la ciudadanía.

Además, por un lado crea una norma que prohíbe determinadas actividades (“Prohíbase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la actividad de cuidacoches y de limpiavidrios sin autorización legal”). Y por otro, crea la sanción en el Código Contravencional. Es como si para formular un tipo penal, el Congreso de la Nación dictara una norma que dijera: “Prohíbese matar, sin autorización legal”. Y luego dictara la norma en el Código Penal: “Se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años, al que matare a otro…”. La técnica legislativa es confusa, deficiente y da cuenta de la improvisación en la medida.

En la causa judicial en la cual la Justicia de la Ciudad –en virtud de un amparo presentado por este ODH- ordenó la suspensión del uso de las armas Taser, los abogados del Gobierno de la Ciudad, en el escrito de apelación de esa medida, acompañaron como prueba también los comentarios efectuados en las páginas web lanacion.com.ar; clarin.com.ar y perfil.com.ar sobre ese tema. Esa documentación carece absolutamente de valor legal, con lo que el agregado de esa prueba insólita únicamente puede pensarse como una forma de presión para los jueces.

Desde la designación del Jorge “Fino” Palacios (actualmente con procesamiento confirmado por el delito de asociación ilícita) como jefe de la fuerza (primero desmentida, luego admitida y posteriormente arrepentida), hasta la falta de transparencia respecto de los métodos de selección de los policías que venían de otras fuerzas, pasando por los espionajes clandestinos, ahora, nuevamente, las autoridades del Gobierno de la Ciudad “advierten” que tienen en las filas de la Policía Metropolitana a hombres que fueron expulsados de la Policía Federal por irregularidades y que se encuentran procesados por la justicia por la comisión de diversos delitos.

El Ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, declaró que pretenden filmar a los piqueteros y detenerlos luego: “No hablamos de evitar la protesta pero sí que no sea amenazante. Se filmará para después apresarlos y no generar situaciones problemáticas en el momento"

Resulta claro que los artículos 6 y 7 del proyecto relacionados con la prohibición de capuchas y palos, en ocasión de manifestaciones, reconoce el objetivo explicitado por el ministro. Sin embargo, estamos ante tareas de inteligencia y persecución, prohibidas claramente por el artículo 29 de la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad: “En ningún caso, el personal de la Policía Metropolitana, en el marco de las acciones y actividades propias de sus misiones y funciones, puede: c) Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, orientación o identidad sexual, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

La ODH resalta que tanto el derecho a la seguridad como el reclamo a su garantía son legítimos desde toda perspectiva, pero no debe suponer nunca que para que estos sean efectivos, se deba vulnerar derechos de otros.

Carlos Forte