El gobierno de Cristina Fernández parece demorar excesivamente algunas definiciones políticas que hacen a la vida interna pero también a la imagen en el exterior.

Tanto el conflicto con Uruguay por la pastera UPM -ex Botnia- como las reglas de juego para las próximas elecciones, son definiciones que pueden generar daños irreparables, en caso que la indefinición sea prolongada.

A poco más de un mes del fallo de la Corte de La Haya, que no hizo lugar al pedido de desmantelamiento de la pastera sobre el Río Uruguay, la Argentina aún no tomó una decisión respecto del corte del puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos.

Lejos de mostrarse proclives a una negociación o replanteo de la medida de fuerza del corte, los asambleístas se arrogan el derecho de redoblar la apuesta y, por ejemplo, amenazan con cortar los tres puentes que unen al país con Uruguay, en ocasión de la nueva reunión que mantendrán aquí la presidenta Cristina Fernández y su par José Mujica. Está claro desde un principio que los asambleístas sólo iban a respetar un fallo de La Haya que relocalizara la pastera.

Habría que recordarles a los asambleístas que según la Carta de las Naciones Unidas sobre los fallos de la Corte de La Haya, tribunal al que la Argentina y Uruguay asistieron por motus propio, sin obligación alguna, "cada Estado Miembro de las Naciones Unidas se compromete a obedecer la decisión adoptada".

Asimismo, la Carta de las Naciones Unidas contempla en su artículo 94, la posibilidad de los estados de recurrir, frente a un incumplimiento de la resolución, al Consejo de Seguridad, el cual tiene la potestad de hacer recomendaciones o dictar medidas con el fin de que se cumpla lo fallado por parte de la Corte en el caso particular. En esa situación está Uruguay, ante el incumplimiento de la Argentina de aceptar la no relocalización de la pastera. Es decir, que no hay motivos para cortar un paso fronterizo.

Más aún, en los últimos días, los propios habitantes de Gualeguaychú vienen reclamando que se levante el corte. Es en ese momento donde el Estado debe hacer cumplir la ley, cumplir un fallo de un tribunal internacional y mostrar previsibilidad y respeto por este tipo de instancias.

El otro aspecto tiene que ver con el periodo preelectoral que está por comenzar. La incertidumbre envuelve a los dirigentes de la oposición, en particular a los peronistas disidentes, respecto a las reglas de juego que el gobierno debe estipular, a través de la reglamentación de la reforma política, aprobada a fines del año pasado.

El peronismo, como tal, está al borde de la ruptura entre kirchneristas y no kirchneristas, y es probable que el escenario sea similar al de abril de 2003, cuando el PJ avaló la presentación de tres candidatos: Néstor Kirchner, Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá.

Los kirchneristas muestran, apenas, una jugada tendiente a denominar el espacio donde podrían competir Kirchner, Duhalde, Reutemann, Das Neves y otros, como "Frente para la Victoria". Esto es rechazado de plano por los peronistas disidentes, que a su vez amagan con ir "por afuera" para vaciar de legitimidad una interna del PJ. Nuevamente el peronismo, en sus distintas vertientes, ocupa el centro de la escena como oficialismo y oposición.

Un histórico justicialista como Julio Bárbaro subrayaba hoy -en diálogo con DyN- esta contradicción: "La interna implica una relación entre los participantes, donde el que pierde está absolutamente dispuesto a votar al que gana en la elección general y ese no es el caso del peronismo hoy". Es decir, no se puede competir en internas por dos proyectos distintos. Deben ir por fuerzas separadas. El peronismo sabe de esto como ningún partido, porque en su nombre, llegaron al poder, por citar sólo dos ejemplos, Menem y Kirchner.

El resto de la oposición ni siquiera reclama reglas de juego claras. Evidentemente, ni siquiera están preocupados, tal vez porque no lo tienen aún demasiado claro, bajo qué alianzas o consensos competirán.

Walter Schmidt
DyN