A esta altura de los dos gobiernos del matrimonio Kirchner-Fernández ya no cabe el comentario crítico tradicional a la hora de enjuiciar sus decisiones económicas. El estado de insolvencia a la que llegó la distribuidora de gas natural Metrogas, la moratoria unilateral que declaró sobre un vencimiento de US$ 20 millones, su declaración en concurso de acreedores y la posterior intervención de la empresa por parte del Estado son todas etapas de un proceso que se veía venir desde hace tiempo. Es más, no es el primer proceso de este tipo que termina con una empresa de servicios intervenida. La reacción inicial sería apuntar a la miopía de las autoridades. Y es que la actual combinación de congelamiento de tarifas, desmanejo inflacionario y tipo de cambio administrado es un cóctel mortal para estas empresas.

Pero las autoridades, que ya han tenido suficiente evidencia sobre los efectos nocivos de estas medidas, no han hecho nada por corregirlas. Todo lo contrario. Las desconocen olímpicamente y apuntan a que el tema de las tarifas no tiene nada que ver, como lo señaló con toda claridad el comunicado del Ministerio de Planificación Federal que anunció la intervención de la empresa.

Todo indica que se trata de una estrategia confrontacional por parte del gobierno, que parece tener raíces en posturas ideológicas que desconfían de la inversión privada —especialmente si son inversiones provenientes de los procesos de apertura de los noventa— como en un estilo rudo de hacer política. El mismo comunicado señala que "la renegociación del contrato con Metrogas no fue posible por la sistemática y obstinada negativa de la empresa a renunciar a la demanda que mantiene contra nuestro país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dado que por principio el Gobierno Argentino no negocia bajo ninguna presión". Metrogas señala que desde el 2001 sus costos han aumentado en un 210%, pero las tarifas han permanecido congeladas.

Uno puede estar en desacuerdo con los argumentos de la empresa, pero apelar a la Ciadi es parte de su derecho si considera que su contrato ha sido vulnerado. En mayo del 2008 el gobierno argentino había anunciado un aumento provisional de la tarifa para Metrogas, pero nunca fue implementada. Según los analistas, este aumento, aunque insuficiente, hubiera ayudado a aliviar la baja liquidez que afectaba a la empresa.

A principios de este año, Metrogas, en un esfuerzo por sacar las castañas del fuego, contrató al banco británico Barclays para buscar alternativas que le permitieran renegociar los vencimientos con sus acreedores, pero no fue posible encontrar una fórmula viable.

La forma en que el gobierno argentino ha manejado el caso de Metrogas —y otros anteriores— no hace más que empeorar la mala imagen que Argentina está proyectando en su trato a las inversiones privadas. Ya no es solamente la insistencia en un populismo económico que está generando una enorme presión cuyos costos los pagará, tarde o temprano, toda la sociedad argentina; también está ese estilo casi matonesco de relacionarse con las empresas, un estilo que no se condice nada bien con el respeto por los contratos.

 Esto es malo para los argentinos. El país necesita tanto sincerar su economía —lo que incluirá un doloroso ajuste de tarifas de servicios públicos— como atraer inversiones para asegurar su crecimiento a mediano y largo plazo y mejorar su competitividad.

América Latina está disfrutando de un momento muy propicio para su economía, lo cual podría permitirle a varios países del continente iniciar el despegue hacia la disminución de la pobreza y el desarrollo. Por ejemplo, se espera que Brasil desplace este año a Alemania como el cuarto mayor mercado automotriz del mundo, lo que ha llevado a General Motors a crear una nueva división en su estructura, la que tendrá sede en Sao Paulo. Pero con hechos como los de Metrogas, Argentina, desafortunadamente, se perderá el viaje.

Raúl Ferro
Miembro del Consejo Consultivo de CADAL