Fuente: elpais.cr  03/07/2010

La presencia de 13.329 soldados de los Estados Unidos, en una supuesta lucha contra el narcotráfico, movilizados en 46 buques de la Armada, y con el apoyo de más de 200 helicópteros ha generado el rechazo en diversos sectores políticos costarricenses.

Para tal fin, diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), de Renovación Costarricense (RC), y el cogobernante Movimiento Libertario (ML), aprobaron este jueves un permiso de atraque a la mayor fuerza naval de los Estados Unidos en Costa Rica, desde 1821, año de la independencia de esta nación.

La presencia hasta diciembre próximo de esa flota en el océano Pacífico y Mar Caribe, en aguas de la zona económica de Costa Rica compromete severamente a este país, advirtió la Comisión Nacional de Enlace, del Movimiento Popular.

Agregó que ese compromiso involucra a Costa Rica en muchos niveles, especialmente porque lo adhiere a los planes y a la agenda de guerra del gobierno de Estados Unidos y de paso convierte nuestro territorio en un objetivo militar.

“La historieta vendida por el gobierno de Laura Chinchilla de que esa avanzada militar viene a luchar contra el narcotráfico y que los “marines” vienen a construir escuelitas no se la cree nadie”, apuntó la Comisión.

Aseguró que “esta nueva fase, la ocupación militar, es una consecuencia directa derivada de los compromisos adquiridos en el capítulo de seguridad en el marco del TLC, firmado por Oscar Arias, que ya había convertido a Costa Rica en un protectorado de EEUU”.

Por otro lado, aseguró que con esta acción, el gobierno de Laura Chinchilla se suma abiertamente al Plan Colombia y a la agenda de agresión y guerra contra la República Bolivariana de Venezuela y otros países suramericanos amenazados abiertamente por Estados Unidos.

Entre tanto, el jefe de fracción del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC), Juan Carlos Mendoza, declaró a emisoras locales que si bien es cierto no todo el contingente llegará a aguas costarricenses, se abre un "abanico" de posibilidades.

Según Mendoza, el convenio con Estados Unidos es para operaciones policiales en la lucha contra el narcotráfico y no para naves militares.

"El tipo de armamento hace suponer que estas operaciones son más de carácter militar que de combate al narcotráfico", aseguró el diputado.

El permiso acordado por los diputados oficialistas reza que "el personal de los Estados Unidos en Costa Rica podrá disfrutar de libertad de movimiento y el derecho de realizar las actividades que considere necesarias en el desempeño de su misión".

Este punto también ha sido criticado por diputados opositores, pues lo ven como un riesgo para la soberanía del país.

"Les damos el derecho para que hagan lo que les dé la gana en el territorio nacional siempre que consideren que sea necesario para cumplir su misión", declaró el legislador del opositor Partido Frente Amplio, José María Villalta.

“El Gobierno de Costa Rica renuncia a presentar cualquier reclamo por daño, pérdida o destrucción de la propiedad de otro, lesiones o muerte del personal de ambos que surgieran de las actividades", indicó Villalta en la sesión legislativa que discutió el permiso.

Carlos Góngora, el único diputado oficialista que habló tras la votación dijo que él apoya la iniciativa, “ya que Venezuela le está comprando armas a Rusia, y para evitar que los narcotraficantes vendan drogas a los chiquitos frente a las escuelas”.

Entre tanto, un grupo de ciudadanos hace un llamado a todos los costarricenses a que firmen una nota que será enviada los diputados para que anulen el permiso.

“Consideramos que la autorización otorgada es excesiva y desproporcionada dentro del acuerdo de cooperación internacional de lucha contra el narcotráfico, y va en contra del espíritu antimilitarista y pacifista que ha caracterizado a nuestro país desde hace más de 60 años, cuando se tomó la acertada decisión de abolir el ejército”, precisa el texto.

Ingreso masivo de militares USA a Costa Rica aumenta oposición

Opositores acusan al gobierno de Chinchilla de violar Constitución

Fuente: EFE  07/07/2010

San José (elpais.cr) - Mientras la presidenta Laura Chinchilla aseguró este martes que la llegada de más de 13 mil "marines" estadounidenses es una acción normal, que se ha registrado en la última década, diputados opositores sostienen que la Ley que rige el convenio de lucha contra el narcotráfico feneció el pasado mes de setiembre.

Chinchilla, indicó este martes que el convenio de patrullaje conjunto con el Servicio de Guardacostas, de Estados Unidos, servirá para el supuesto combate al narcotráfico y rechazó que el acuerdo represente un riesgo para la soberanía del país.

"Garantizo que estos convenios son los mismos (que se han firmado en los últimos 10 años) y no voy nunca a exponer al país a un incumplimiento constitucional y muchísimo menos a una militarización de la lucha antidrogas", declaró Chinchilla un programa de radio.

La Asamblea Legislativa acordó el miércoles y jueves anterior el ingreso a aguas nacionales y al territorio la “visita” de más de 13 mil militares estadounidenses en 46 buques, entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2010.

Los legisladores de los partidos Unidad Social Cristiana y Frente Amplio, Luís Fishman y José María Villalta, respectivamente, denunciaron este martes que el Convenio de patrullaje, avalado por la Ley 7929, venció el 28 de setiembre del año anterior, y no ha sido modificado.

Fishman, ex ministro de Seguridad Pública y ex candidato presidencial de su partido, recordó que él firmó el Convenio, que establece claramente que la lucha conjunta contra el narcotráfico no involucra fuerzas militares.

Este martes, el legislador socialcristiano reiteró que el Convenio no está vigente, aunque un diputado oficialista, Francisco Chacón, dijo que el mismo fue modificado el 16 de setiembre de 1999, aunque Fishman aclaró que la Ley es posterior, del 28 de setiembre de ese año, “y eso es lo que vale”.

Dijo que el Convenio pudo haber sido variado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, “pero no hay un mecanismo extraparlamentario que pueda modificar una ley”.

“Este es un asunto jurídico. Las cosas hay que hacerlas bien. La Asamblea debe darle prioridad para plantear y replantear este acuerdo, y la reforma mencionada (por Chacón), no está integrada a la ley”, insistió.

Fishman también advirtió que para legalizar la llegada de esa gran cantidad de buques de guerra y militares, la Asamblea Legislativa debe votar uno a uno el permiso para el ingreso de cada nave artillada, y no como se hizo la semana anterior.

La decisión del Congreso "va más allá" del convenio de patrullaje conjunto y que la presencia de buques, aviones y helicópteros artillados estadounidenses "convertirá a Costa Rica en la base naval más grande de Estados Unidos en el mundo", indicó.

Por otro lado, el presidente del Congreso, del oficialismo, José Luís Villanueva, dijo que el directorio legislativo estudiará las consideraciones de Fishman y Villalta, así como la de Chacón y este miércoles “a primera” dará su opinión.

En caso de que los legisladores de los partidos Liberación Nacional, Movimiento Libertario y Renovación Costarricense no rectifiquen, el caso será llevado a la Sala Constitucional para validar otras votaciones anteriores y anular el permiso del ingreso masivo de militares estadounidenses a Costa Rica.

Entre tanto, abogados recordaron que la Resolución 07181-99, de la sala IV, del 16 de setiembre de 1999, sobre la Consulta preceptiva de constitucionalidad formulada por el Directorio de la Asamblea Legislativa, determinó que “Es claro que el presente Acuerdo se encuentra restringido a la realización de actividades estrictamente policiales y dedicadas únicamente a combatir el tráfico ilícito de estupefacientes. Por ello, la participación de aeronaves del Gobierno de los Estados Unidos de América solamente se refiere a las propias del Servicio de Guardacostas de dicha Nación, dependientes por ende de la Secretaría de Transportes de los Estados Unidos y no de la Secretaría de Defensa o de cualquier otra”.

“Lo anterior implica también que aun en casos de conflicto armado en que se vea envuelto el Estado Norteamericano, las aeronaves y las embarcaciones de su Servicio de Guardacostas, así como sus efectivos que se encuentren en territorio costarricense, aguas territoriales y espacio aéreo nacionales en cumplimiento del Acuerdo, únicamente podrán actuar en las labores propias a que está destinado el tratado; sin que la aprobación de este convenio implique bajo ninguna circunstancia la aceptación del uso de territorio costarricense, sus aguas territoriales y su espacio aéreo, para fines bélicos o de cualquier otra naturaleza ajena al objeto del presente acuerdo”.

En el mismo voto, el magistrado Rodolfo Piza Escalante (Q.d.D.g), expresó que “tampoco acepto en sí el texto del protocolo que enmienda el tratado porque lo único constitucionalmente válido es el "ingreso y permanencia de naves o aeronaves extranjeras en territorio nacional" a condición de que la Asamblea Legislativa de el permiso correspondiente caso a caso, -esto, no porque se vaya a desarrollar actividad militar, sino porque en Derecho Internacional las fuerzas armadas en otro país excluyen la aplicación del derecho nacional-, nunca una autorización de ingreso formulada a modo de cheque en blanco y, peor aún, para realizar actividades en el país, concepto inaceptable, pues va más allá de la competencia que le otorgó la Constitución, sea para desarrollar una actividad específica como es la persecución del narcotráfico”.

En la sentencia, el magistrado Carlos Manuel Arguedas razonó que “dada la finalidad del acuerdo y la radicación de la cooperación bilateral en el ámbito estricto de lo relativo a las fuerzas de policía, la referencia a lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 121 constitucional –confirmada en el protocolo- está fuera de lugar, o implica la posibilidad de que naves de guerra extranjeras, en este caso, pertenecientes a los Estados Unidos de América (esto si no tropas de ese país), sean empleadas en el ámbito del acuerdo. Esto es, repito, contrario a lo que se dispone especialmente en el artículo 12 de la Constitución, tal como lo manifesté en la nota separada a la citada resolución No. 04156-99. La equivocidad, pues, no se ha despejado con posterioridad a esa resolución, sino que se ha confirmado, a mi juicio, la posibilidad de que aparato militar de los Estados Unidos de América pudiera ser empleado para efectuar operaciones de supresión de tráfico ilícito u operaciones de apoyo a las mismas”.

Rolando Gabrielli