A un año del golpe en Honduras en el cual el entonces presidente Manuel Zelaya fue destituido bajo la amenaza armada del Ejército, Honduras, como problema regional, permanece sin solución, para la insatisfacción de todos.

Los acontecimientos que siguieron al golpe del 28 de junio de 2009 hirieron, tal vez de modo permanente, las normas y mecanismos internacionales de defensa de la democracia; los abusos de derechos humanos se intensificaron en el país, que, mientras tanto, sigue excluido por muchos de la comunidad regional (incluyendo a Brasil).

El gobierno “de facto” que ocupó el lugar de Zelaya, liderado por el presidente Roberto Micheletti, se negó a renunciar, a pesar de numerosos esfuerzos para negociar un acuerdo de conciliación que hubiera restaurado a Zelaya al poder de alguna forma restringida hasta la realización de las elecciones, ya programadas anteriormente para el 29 de noviembre de 2009.

Micheletti encontró un fuerte apoyo entre conservadores de los Estados Unidos, que argumentaron que la remoción había sido constitucional.

El hecho de que las elecciones hayan sido promovidas bajo la égida del gobierno “de facto”, hizo que la Argentina, Bolivia, Brasil, México, Nicaragua y Venezuela aún se rehúsen a reconocer el gobierno del presidente Porfirio Lobo.

Ambos lados terminaron perjudicados, por las siguientes razones. En primer lugar, por primera vez desde que adoptó sus cláusulas de defensa democrática, la Organización de Estados Americanos (OEA) no deshizo un golpe de Estado.

Esto se debió en parte a las sospechas de que la OEA hubiese actuado tendenciosamente al no haberse manifestado antes del 28 de junio, cuando Zelaya parecía estarse encaminando a un referendo anticonstitucional.

Pero también, en los meses siguientes, la OEA pareció incapaz de intentar forzar un cambio de rumbo.

Esa imagen transmitió a cualquier potencial golpista el mensaje de que la OEA y sus herramientas de defensa democrática no son más que un tigre de papel.

En segundo lugar, a los conservadores norteamericanos les gustaría creer que, con el alejamiento de Zelaya, tuvieron una victoria contra el chavismo. En realidad, ellos pueden haber ganado la batalla, pero perdieron la guerra.

La mayor amenaza al chavismo es un organismo regional efectivo que sea capaz de hacer cumplir las normas internacionales. Los abusos a los derechos humanos y la polarización política que están ocurriendo en Honduras hoy dejan en claro que esas divisiones continúan existiendo y son fuertes. Es en ese ambiente de represión y frustración que el populismo crece y se fortalece.

En tercer lugar, al negarse a reconocer el gobierno del presidente Lobo, Argentina, Brasil y México están apenas perjudicando a los ciudadanos hondureños. No hay duda de que la forma por la cual Lobo llegó al poder es imperfecta. Pero es hora de seguir adelante.

La hipocresía de un gobierno brasileño que se dispone a abrazar al gobierno iraní, que ejecutó centenas de manifestantes en una elección claramente fraudulenta, al mismo tiempo en que rechaza un gobierno que, a pesar de todas las fallas que precedieron la elección, llegó al poder por una elección abierta y justa, debilita la autoridad moral de un país que aspira a tornarse en un líder mundial.

En suma, el sufrimiento de Honduras comenzó algunas semanas antes del 28 de junio, fruto de una disputa entre elites que se fortaleció y se tornó en una batalla ideológica campal, no apenas en Honduras sino también en la región y en los Estados Unidos. A lo largo de los últimos 12 meses, demasiadas personas y países (de la izquierda y de la derecha) vienen marcando puntos políticos e ideológicos baratos, sin preocuparse realmente con el futuro y el destino de los hondureños. Aprovechemos todo esto como lección y comencemos el proceso de superación, regionalmente y en Honduras.

Christopher Sabatini
 editor- jefe de Americas Quarterly