Existe una marcada dificultad en la cultura política de los argentinos por respetar el principio de imparcialidad que en una democracia debe presidir las actuaciones del Estado.

Si se contara con una Administración Pública conformada por una burocracia profesional y no la actual, colonizada por clientelas políticas, sería más fácil distinguir al Gobierno del Estado. Pero inmersos en una rutina cultural, donde se acude sin rebozo al uso patrimonialista del aparato estatal, todo queda confundido.

En las democracias avanzadas, se diferencia claramente el Gobierno, es decir el reducido núcleo de dirigentes que acceden al poder a través de las elecciones, de la Administración Pública del Estado, una estructura altamente profesionalizada y permanente, de funcionarios responsables de la gestión pública.

El partido político que ocupa el poder, accede al control político de la gestión pública que se hace a través del aparato administrativo del Estado, pero no se apropia del Estado ni puede utilizarlo para fines que desnaturalizan su función.

Por su parte, los funcionarios del Estado actúan sometidos a unos protocolos conformados por las leyes administrativas y no pueden ni deben apartarse de los procedimientos legalmente regulados. Todos estos principios, básicos en la gestión administrativa del Estado, vienen siendo sistemáticamente vulnerados en las intervenciones irregulares del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, producidas recientemente en los casos Fibertel y Papel Prensa.

En el primer caso, una decisión sorpresiva de un ministro, que se adopta sin incoar el preceptivo procedimiento administrativo ni permitir el ejercicio del derecho de defensa, da lugar a la caducidad de una licencia, que causará perjuicios probablemente irreparables a una empresa privada.

En el caso Papel Prensa, el Gobierno, usurpando funciones y competencias propias del Poder Judicial, inicia una investigación anómala que da lugar a un sumario en el que se acumulan 26.000 fojas, sin que las partes afectadas hayan podido ejercer ningún control sobre el material probatorio acumulado.

El informe titulado "Papel Prensa: La Verdad", presentado por la Presidenta, se basa en una labor realizada por una "Comisión Investigadora" designada motu propio por el Poder Ejecutivo, que ha actuado en forma semi clandestina, al margen de cualquier procedimiento administrativo reglado.

Si bien la Presidenta instruyó al procurador del Tesoro y al secretario de Derechos Humanos a que presenten las demandas judiciales correspondientes, esta orden es tardía y se produce luego de meses de una investigación irregular que tiene todos los visos de ser parcial y destinada a crear un estado de opinión desfavorable a las empresas involucradas. El resultado es un informe acomodado ad usum Delphin, es decir a los intereses del ocasional ocupante del poder.

En los procedimientos de la justicia criminal, que se realizan para investigar la existencia de un delito, la presencia de un juez de instrucción es la garantía de que la labor indagatoria será imparcial y resguarda el derecho de defensa de las personas afectadas.

Por lo tanto, actualmente carecen de toda legitimidad los procedimientos inquisitoriales, en los que los afectados no puedan controlar la producción de los medios de prueba, para garantizar de este modo la pureza y ecuanimidad de la investigación en la etapa inicial de instrucción.

Por otra parte, cuando un funcionario público tiene indicios racionales de que se ha producido un delito, está legalmente obligado a poner el caso en conocimiento de la Justicia. No puede arrogarse facultades judiciales e iniciar una investigación por su cuenta. Menos aún, acumular 26.000 folios en un sumario, sin permitir la intervención de los afectados.

La Presidenta ha afirmado que, después de leer el informe oficial, le quedó "un sabor amargo y la certeza de que existe un poder que está por encima de la primera magistratura". En realidad ha sido la propia Presidenta la que se ha colocado por encima de la Ley. De igual modo, resulta también amargo contemplar cómo se utilizan los recursos del Estado para instrumentalizar venganzas políticas o revanchas personales.

Los corifeos de los "neopopulismos" latinoamericanos, se molestan por las acusaciones de autoritarismo que provienen de los sectores tildados de "demo-liberales". Pero luego resulta que estos gobiernos neopopulistas adoptan comportamientos abusivos que alimentan y dan sustento a esas acusaciones.

Lo más lacerante es que este desprecio por las formas, da lugar a desgastantes batallas políticas que agobian a la ciudadanía y no reportan beneficio alguno. Así, seguimos insertos en una dinámica absurda, donde lo banal ocupa el lugar de lo importante.

Aleardo F. Laría
DyN