La gravedad de los hechos acontecidos en los últimos días en el marco de la toma del Parque Iberoamericano, que por inoperancia de los funcionarios encargados de la seguridad ciudadana, cobró tres vidas humanas y decenas de heridos, trasunta el grado de efervescencia de una sociedad abandonada a su suerte, mientras desde el gobierno nacional, la mandamás, “la Reina Kretina”, rodeada de su cohorte de adulones, desde cadena nacional y hablándoles a niñitos, dictaba cátedra mientras se cometían los asesinatos en la zona sur de la Capital Federal.

Esto me hizo recordar la indolente conducta de George W. Bush cuando permaneció inmutable en un colegio de EEUU mientras le comunicaban el atentado a las Torres Gemelas.

Tal vez esta coincidencia tenga mucho que ver con que ambos presidentes ya estaban al tanto de lo que habría de ocurrir.

En el caso de Cristina F. de Kirchner, porque de antemano sabía que se gestaría un caos para perjudicar a su adversario político, el Jefe de Gobierno porteño, mientras que George Bush también sabía del atentado y dejó que siguieran adelante esos planes criminales que serían excusa para invadir Irak y alzarse con las fuentes petrolíferas que necesita la economía yanqui.

Aquí en Buenos Aires,  aconteció un hecho mucho más insólito: se puso a disposición de lúmpenes que extorsionan y generan amenazas coactivas calificadas a funcionarios, la cadena nacional, bajo condición de que se le echara el fardo al Jefe de Gobierno porteño.

Uno de los extorsionadores, de apellido Salvatierra (como una ironía del destino), sostuvo abiertamente que no se retirarían del lugar público ocupado hasta que se les diera una vivienda digna, invocando para ello la constitución nacional. Otros supuestos líderes de agrupaciones “sociales” repitieron la consigna y ostensiblemente sostuvieron que permanecerían sitiando el lugar ilegalmente ocupado. Técnicamente estas son amenazas coactivas calificadas.

Posteriormente el Jefe de Gabinete de Ministros, “Kaníbal” Fernández, hizo uso de la misma cadena nacional y sin ambages descargó culpas sobre Mauricio Macri, por considerar que a este le correspondía poner orden en un ámbito jurisdiccional ajeno a la nación.

Si realmente fueran abogados, tanto la Cristina como Aníbal Fernández (ambos títulos profesionales se hallan en serias sospechas), no podrían ignorar que las autoridades tienen obligación legalmente impuesta de prevenir y reprimir hechos delictivos, mucho más cuando esos hechos son cometidos in fraganti. Sin embargo el Jefe de Gabinete de la Nación sostuvo que “ni loco iba a mandar a la Policía Federal” a poner orden en el parque tomado, por cuanto la orden judicial impartida era “de imposible cumplimiento”, en una singular interpretación derogatoria de la figura penal de desobediencia. La Policía Federal recibió órdenes directas para no intervenir, y esa orden nociva para la salud y la vida de los vecinos, respondió exclusiva y excluyentemente al deseo de la presidente de la Nación, quien obcecadamente sostuvo que asumiría el costo político pero no mandaría a reprimir, discurso falaz en que pretende victimizarse y desligarse de sus responsabilidades indelegables. Por eso tanto la presidente como el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación son responsables de los homicidios cometidos en Villa Soldati y de las lesiones que recibieran los vecinos del lugar.

Por mucho menos tuvieron que renunciar Fernando De la Rúa y Raúl Alfonsín.

Hace tiempo atrás solicité formalmente, en una acción meramente declarativa, que la Justicia diga si todavía en esta Argentina gobernada por el kirchnerismo, se hallan vigentes las leyes y la Constitución Nacional, porque se violaban normas de convivencia a vista y paciencia de las autoridades sin que nadie hiciera nada. Se cortaban calles y rutas mientras las fuerzas de seguridad custodiaban a quienes cometían ese delito, se extorsionaba bloqueando salidas de diarios y revistas, se engañaba a empresarios de los más diversos rubros frente a la inoperancia de fiscales y jueces que sólo actuaban cuando no estaban acusados poderosos y vinculados al poder.

Ahora el cónsul boliviano se siente ofendido con Mauricio Macri y lo tilda de xenófobo, haciéndose eco el Presidente del INADI, Claudio Morgado, que instará una denuncia contra el jefe de gobierno porteño, pero aquellos jamás actuaron cuando Hebe de Bonafini echó de la Plaza de Mayo a miembros de la comunidad boliviana que reclamaban por la muerte de un connacional, tildándolos de “bolivianos hijos de puta”.

Vale recordar que jamás se reivindicaron los derechos de nuestros aborígenes y que recién el año pasado este gobierno reglamentó la nueva Ley de Migraciones, no obstante aún se les priva a los indios, dueños originarios de la tierra donde se asienta nuestra nación, sus más elementales derechos, en una muestra más de lo hipócrita de un gobierno que explota hasta el hartazgo los Derechos Humanos.

Una vez más la presidente botóxica y bipolar, mostró su hilacha.

Cuando la supuesta oposición al kirchnerismo sostiene que se debe mantener la institucionalidad, manteniendo en el poder a la actual presidente, y no reclama juicio político por mal desempeño no obstante las muertes acaecidas, siento verdadero asco, tanto como si frente al ataque sexual de un violador se sostuviera que no se podría intervenir hasta que concluya con su acto aberrante.

No prevenir delitos es una falta de idoneidad, pero no evitar su comisión, no sólo es un acto de omisión de los deberes de funcionario público sino una muestra de cobardía.

Enrique Piragini