Quizás algún que otro olvidadizo no recuerde con precisión que Horacio Rosatti, además de ser un intelectual reconocido por sus virtudes jurídicas, fue miembro destacado de la dirigencia política que durante más de una década aplicó en la provincia de Santa Fe -bajo el paraguas protector del reutemismo- un modelo político inequitativo al extremo, capaz de concentrar riquezas y “fabricar pobreza” como nunca antes había sucedido en la historia del país. Como intendente de la ciudad de Santa Fe entre 1995 y 1999, Rosatti puso en práctica el sistema de estacionamiento medido, un “negocio sobre ruedas”, fiel reflejo de la concepción política neoliberal. Desempolvamos una investigación sobre el tema publicada por la revista Tercer Mundo allá por 1998, que muestra un perfil político del precandidato a gobernador, paradójicamente presentado en estos días por algunos sectores como “una cara de recambio” entre la dirigencia local.

Haciendo historia

La historia reciente de nuestro país muestra sobrados ejemplos de políticos que, desde el gobierno y en nombre de las “necesidades del momento”, cometen las barbaridades más atroces. Tal vez esta idea sintetice las políticas municipales en materia de tránsito de los últimos años; gestiones que muestran mayor preocupación por resolver cuestiones puntuales y por otorgarle “millonarios regalos” al sector privado, que por darle una solución racional a los problemas de fondo de la comunidad. El caso del Sistema de estacionamiento medido, cuya implementación fue propiciada por Horacio Rosatti cuando estaba al frente de la intendencia, es una muestra palpable de esta concepción política menemista.

El esmero de los intendentes que sucedieron los mandatos de Tomás Camilo Berdat y Carlos Aurelio Martínez por aggiornarse al capitalismo de fin de siglo –Horacio Rosatti es un ejemplo acabado en este sentido- reside en la iluminación de avenidas, la remodelación de una concheta costanera para que puedan pasear los pobres niños medios y ricos (y así evitar el maldito stress), las ciclovías y circuitos aeróbicos, los bondis primermundistas y ¡oh soprise!...la nueva joyita del estacionamiento medido. En este último caso sobre todo, se vislumbra la verdadera cara de la prolijidad; no es otra cosa que la transferencia alevosa de dinero a empresas privadas por servicios que el mismo estado podría realizar a costos muchísimo más bajos.

Uno se pregunta ¿Hasta qué punto no es corrupto establecer prioridades políticas «erróneas», totalmente alejadas de las necesidades básicas de la población, sobre todo de los sectores marginados históricamente? Algunos podrán afirmar que la respuesta a dicho interrogante es una cuestión subjetiva, relativa a los distintos puntos de vista, pero en una coyuntura como la de Santa Fe, las consecuencias de una concesión como la de la empresa SES son sumamente perjudiciales para el conjunto de los ciudadanos, teniendo en cuenta la redistribución de ingresos que podría operar desde el estado hacia la sociedad en caso que el municipio realizara el servicio, o no aplicara el estacionamiento medido estableciendo un método menos costoso y más eficaz de ordenar el tránsito.

Uno de los argumentos esgrimidos por Rosatti para la instalación del SES fue la impostergable necesidad de ordenar el caos vehicular en el microcentro. Las calles de la recoleta santafesina son un verdadero infierno, un verdadero despelote, sobre todo en los horarios pico. Esto es una situación objetiva, tan real como un diseño urbanístico centenario y obsoleto -calles angostas, escasas arterias este-oeste tan palpable como el desmesurado aumento de la flota de taxis y remisses propiciado en gran medida por la crisis estructural de esta ciudad burocrática, la actual recesión que borró del mapa cientos de Pymes, comercios, y las consabidas privatizaciones de las empresas del estado, todos factores de expulsión de mano de obra.

Nadie duda del quilombo del tránsito en el centro de la ciudad (y fuera de él)...lo que uno se pregunta es si el SES es el método de mayor eficacia para revertir esta situación, si es una prueba piloto en pequeña escala para luego ampliar el radio del negocio impulsando el sistema en toda la ciudad... o sólo es una fórmula más para llenar de dinero a los empresarios y sus amigotes que merodean la burocracia estatal.

El 3 de Julio de 1996 será recordado como uno de los días más relevantes en su gestión al frente del palacio municipal. Ese día la resolución 685 otorgaba la adjudicación del Servicio de estacionamiento medido y control del estacionamiento en infracción en la zona céntrica a la unión transitoria de empresas (UTE) Transportes 9 de Julio-BRD S.A., luego de un proceso licitatorio que roza más lo irracional, lo oscuro, que lo meramente desprolijo. Atrás quedaban las discusiones formales en el concejo deliberante (el oficialismo detentaba la mayoría -13 contra 8- para sancionar a gusto y piaccere, siempre que les dé el cuero; hablando en términos de coyuntura política lo que se les antoje).

Culminaba con éxito el accionar complementado de los distintos estamentos de la burocracia de calle Salta en pos de arribar a esta adjudicación, pero lo cierto es que el manejo político de esta concesión estuvo caracterizado por un fuerte tinte arbitrario, si se quiere monárquico.

Claro, uno a veces choca con su limitado coeficiente intelectual que no le permite comprender cómo en plena democracia se otorga la decisión sobre la concesión de un servicio público que otorgarría a las arcas de un consorcio privado una ganancia que oscila entre 40 y 60 millones de dólares en 10 años (según cálculos estimativos de los ediles radicales en esos momentos).

Rosatti confeccionó -o en última instancia revisó- el pliego de bases y condiciones (ordenanza 10.009) al que debían atenerse los distintos oferentes en pugna para adjudicarse la concesión del servicio. Este pliego fue aprobado sin problemas por mayoría justicialista el 26-12-95, poco tiempo después, el 22-3-96, el entonces intendente designó una comisión especial integrada por funcionarios de carrera de la municipalidad con la misión de evaluar técnicamente cada una de las propuestas presentadas en la licitación; sin embargo Rosatti le dió al informe final de esta comisión un carácter "no vinculante", por lo que lisa y llanamente permite arribar a la conclusión que a la hora de los bifes el que pesaba, el que resolvía era il signore Horacio. El 22-7-96, el organismo de contralor de los actos administrativos de la municipalidad -Tribunal de Cuentas- se expidió avalando la adjudicación a la UTE 9 de Julio-BRD S.A. a través de la resolución 205, y por último, se firmó el contrato de la concesión del servicio.

Algo resultó curioso de esta evaluación de ofertas. La comisión le dió el visto bueno a una empresa (BRD S.A.) que había realizado el mismo servicio en la ciudad de Buenos Aires -utilizando el nombre S.T.O. (Sistema de Ordenamiento de Tránsito)- y le debía a la comuna porteña 8 meses en concepto de canon, irregularidad que fue descubierta por De La Rúa al asumir su mandato en Buenos Aires... sin embargo la comisión le otorgó 8 puntos sobre 10 a esta empresa en el parámetro de evaluación del pliego denominado capacidad económico-financiera ¿Cómo puede ser adjudicada una firma que posee estos antecedentes?

Este y otros interrogantes nos llevaron a buscar denodadamente el expediente de la UTE concesionaria, lamentablemente ningún funcionario quiso suministrarnos esos avales argumentando que eran muy voluminosos. A decir verdad, ni siquiera la empresa Sanchez Granel -que fue la que ofertó el mejor canon en la licitación- logró conocer los antecedentes y fundamentos que tuvo la comisión técnica para la evaluación de los distintos parámetros del pliego, como lo expresa el representante de dicha empresa, el doctor Miguel Rodríguez Ortiz de Rosas en el recurso de nulidad absoluto presentado contra la adjudicación a 9 de Jullio-BRD S.A. el 17-9-96, que todavía no fue contestado por las autoridades municipales.

Otra de las cuestiones hurticantes y fundamentales de este proceso licitatorio es el referido a las propuestas económicas presentadas. Rosatti -reconocido hombre de derecho- conoce muy bien lo que la doctrina jurídica establece al respecto: «el mayor precio como criterio selectivo del co-contratante en los contratos de venta y concesiones de estado, tiene en cosideración un factor netamente económico cual es el mayor ingreso que se genera, equivalente a la menor erogación en los suministros o compras» afirma el doctor José Dromi maestro en el arte de las licitaciones públicas.

¿Por qué se dejó de lado la oferta de la empresa Sanchez Granel ($105.720) que equivalía casi al doble que la de la UTE ganadora ($61.300)? ¿Por qué se le otorgó mayor importancia en la evaluación a las cuestiones técnicas como la señalización horizontal (pintar el asfalto) o el fraccionamiento del tiempo, que al fundamento primario y básico de una licitación de un servicio público, que es el mayor canon? Tampoco se entiende muy bien cómo el estado puede encargar la difusión de derechos y deberes surgidos de la ordenanza a la empresa, de acuerdo al artículo 38 de la ordenanza 10.009: "El concesionario instrumentará una campaña de difusión del proyectotendiente a lograr el conocimiento de la opinión pública", dice el texto de la norma.

El negocio

El municipio le cedió a la UTE ganadora 2.463 espacios de estacionamiento medido, pudiendo explotar cada uno de ellos durante 220 horas mensuales (a $1 la hora). Potencialmente, la empresa está en condiciones de recaudar $581.460 por mes, a lo que deben sumarse los ingresos por remoción de vehículos infractores (grúa) que según los cálculos del ex-concejal Piedrabuena hoy por hoy le alcanzan a la empresa para abonar el canon mensual y todos los sueldos de los empleados. Por las dudas esto resultara poco, el artículo 14 de la ordenanza establece la posibilidad de aplicar el cepo, que se cobra a razón de 20 a 30 pesos por vehículo infractor.

Haciendo cálculos, la empresa podrá obtener en 10 años, la friolera suma de 40 a 60 millones de dólares. ¿Cómo la municipalidad, teniendo toda la estructura técnico-económica, no realizó el servicio, suponiendo que era la medida más criteriosa para solucionar el problema del tránsito? ¿Por qué le regaló a una empresa privada semejante negocio?

Si técnicamente era la medida más sensata ¿Por qué, en vez de dejar de lado a los antiguos cuidadores, no se les encargó a ellos la tarea que realizan las máquinas, otorgándoles la debida instrucción? En este sentido el intendente empleó el mismo criterio que Obeid, cuando este optó en la licitación del transporte público de pasajeros las máquinas expendedoras de boletos dejando de lado la posibilidad de implementar 800 puestos de trabajo a través de los guardas.

Sin lugar a dudas la ordenanza 10009 que rige el estacionamiento medido no es una ordenanza más. Los efectos que esta tiene sobre la vida de los santafesinos son múltiples: afectando el poder adquisitivo de los ciudadanos que, en 10 años, deberán desembolsar entre 40 y 60 millones de dólares, produciendo un impacto sobre la actividad comercial de la zona... Rosatti, con este tipo de emprendimientos, no hizo otra cosa que respetar los entonces mandamientos del menemismo.

Una manera más de entrar al primer mundo por la puerta trasera; así las automotrices siguen inundando las calles para que los santafesinos se diviertan jugando a los autitos chocadores... así las multas, los choques y las penas son de nosotros, pero la platita es ajena.