El ex Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, renunció al derecho invocado para demandar civilmente al periodista Juan Gasparini, por lo publicado en los libros de los que es coautor, La delgada línea blanca, y La prueba, asumiendo costas y suscribiendo que Gasparini “obró según los derechos y deberes que asisten a los periodistas”.

Becerra, quien dimitió de su cargo de Procurador General de la Nación en febrero pasado para postularse al Tribunal del MERCOSUR, fue prolijamente escrachado por Gasparini como el artífice de la naturalización ilegal del narcoterrorista sirio Monzer Al Kassar, un sumario penal que aguarda sentencia en la justicia federal desde hace 11 años, con pedidos de condena en firme de los fiscales Carlos Rívolo y Claudio Navas, actualmente recurrido por el acusado ante la Corte Suprema de Justicia.

En La delgada línea blanca, Becerra aparece asimismo involucrado en trafico de influencias por ilícitos económicos en el marco de la actividad política durante sus siete años de Procurador General, como fueron sus decisiones favorables al banquero Raúl Moneta en la quiebra del Banco Mendoza, y el salvataje de Carlos Menem en las causas del contrabando de armas a Croacia y Ecuador y en la de la muerte de su hijo, Carlos Jr.

A propósito, conviene reservar una mención especial al arbitraje de Nicolás Becerra en contra de los fiscales Carlos Cearras y Pablo Recchini en el caso IBM-Banco Nación, para que las inculpaciones por corrupción de los menemistas cobraron comisiones ocultas en cuentas bancarias de Ginebra fueran licuadas en un supuesto delito fiscal, buscando aniquilar de ese modo las pruebas documentales aportadas por la justicia suiza, la cual las habría retirado por estar legalmente imposibilitada en participar en juicios penales por infracciones al fisco.

En ese contexto, no debe tampoco olvidarse la trama urdida por Nicolás Becerra para que los tribunales de Mendoza no condenaran a su hijo Nicolás Martín por un homicidio cometido en un accidente de tránsito en 1994, y la venta de indultos en esa provincia, un escándalo que vincula a algunos de sus colaboradores, entre los que se destacara Héctor Corvalan, su secretario privado durante 30 años, quien así lo propuso a la familia del condenado Raúl Bressi, como se constató en tribunales.

En La prueba, se destapa a Becerra interviniendo ante los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado para que no imputaran a los senadores incriminados en  las coimas de la Cámara Alta por la ley de reforma laboral, exhibiéndose además una radiografía de sus oscuras relaciones con los ex senadores Eduardo Bauza y José Genoud, y con Alberto Flamarique, ex ministro de trabajo de la Alianza, quien articuló los trasiegos de la gran coima De la Rúa.

En esos libros se revelaba incluso una cuenta bancaria no declarada por Nicolás Becerra en el “Credit Suisse” de Zurich, denunciada por Gasparini en mayo de 2001 ante la presidenta de la Comisión contra el Lavado de Dinero, Elisa Carrió, y en los juzgados federales de Juan José Galeano y Claudio Bonadio, debiendo subrayarse que estos tres responsables de los órganos del Estado que vienen de consignarse, no promovieron ni solicitaron a Suiza el levantamiento del secreto bancario y la notificación de la cuenta, no obstante la solicitud de los fiscales Carlos Rívolo y Claudio Navas y las denuncias de los abogados Ricardo Monner Sanz y Juan Carlos Iglesias.

Para intentar neutralizar la evidencia de su cuenta en Zurich, confirmada en publicaciones de diferentes medios de comunicación helvéticos, Becerra urdió con un falsificador la confección de una certificación apócrifa del “Credit Suisse” negando la mentada cuenta, documento trucho que obviamente la propia central del banco en Suiza desmintió ante la requisitoria periodística, aclarando que es imposible que el establecimiento pudiera extender constancias de esa naturaleza, como quedó por otra parte fehacientemente demostrado en la investigación de “La Nación” del domingo 11 de julio de 2004 sobre los fondos de la provincia de Santa Cruz puestos a resguardo en Suiza, reiterándose una vez más que los bancos suizos tiene prohibido por ley extender certificaciones sobre la existencia o no de cuentas, quedando por tanto suficientemente claro que la fotocopia que muestra Becerra es una falsificación que si bien él la exibió a ciertas personas para engañarlas, nunca quiso entregarle copia a nadie, para no correr el riesgo de ser arrastrado a los tribunales por la comisión de semejante delito en un personaje de su investidura, jefe del Ministerio Público de la Nación.

Al propio tiempo, Gasparini describió en esos dos libros la participación de Becerra en la defensa de los apropiadores de terrenos en Mendoza, arrebatados a desaparecidos en la ESMA, y en La prueba agregó las visitas a su despacho en la capital de esa provincia del ex oficial inmobiliario de la Marina, Jorge Radice, actualmente detenido a raíz de esos hechos por el juez federal Sergio Torres. ¿De que hablaban en 1977 y 1978 el abogado Becerra y el genocida Radice en Mendoza, donde la Armada expolió tierras valoradas en 20 millones de dólares de aquella época?

En el acuerdo firmado hoy por  Becerra y Gasparini, el periodista aclaró que “en ningún momento de su labor profesional tuvo intención de ofender o agraviar el honor” de nadie, y que siempre actuó “de buena fe y con el único objetivo de informar”, reflejando “datos debidamente verificados y obtenidos en fuentes documentales y testimoniales serias”.

Gasparini se ratificó en sus dichos, entendiendo haber obrado “en un todo de acuerdo con los principios definidos por Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Constitución Nacional para las actividades profesionales de los periodistas”.

Por su lado Becerra consideró “equivocado” lo informado por Gasparini, y “erróneos algunos hechos relatados”, pero aceptó las manifestaciones del periodista, en “reconocimiento del derecho a la libertad de expresión y de opinión consagrado en la Constitución Nacional y recogido en diversas convenciones internacionales de Derechos Humanos”.

La delgada línea blanca, de Juan Gasparini y su colega chileno, Rodrigo de Castro, fue publicada en Chile y Argentina por Ediciones B en diciembre de 2000, siendo reeditada y ampliada en junio de 2001, ganando el Premio Rodolfo Walsh para obras de no ficción en la Semana Negra de Gijón, España, en julio de 2001.

En este libro se relaciona al clan Menem con el ex dictador chileno Augusto Pinochet a través de Monzer Al Kassar y sus allegados en Argentina, Chile y España, exhumando una operación de lavado de dinero y trafico de influencias, para la cual el narcoterrorista sirio necesitaba instalarse en el país y portar ciudadanía, con el fin de realizar enormes inversiones en Mendoza y Buenos Aires, contando a tal efecto con los servicios de Becerra y/o de sus contactos y abogados multiuso.

La prueba, de Juan Gasparini y Norberto Bermúdez, libro prologado por el columnista de La Nación, Joaquín Morales Solá, editado en octubre de 2001 por Javier Vergara en Buenos Aires, efectúa un seguimiento de los sobornos en el Senado de la Nación, investigando las fortunas de los parlamentarios incriminados y de las finanzas de la SIDE, desnudando la controvertida actuación del entonces juez Gabriel Cavallo.

La presunta colaboración de Nicolás Becerra para con los testaferros de represores de la ESMA en el saqueo de bienes de desaparecidos, fue denunciada también por Gasparini ante el juez español, Baltasar Garzón, testimonio vertido en el sumario por genocidio y terrorismo en Argentina que se ventila en Madrid, cuyo contenido viene ser recogido recientemente por la prensa brasilera, motivando expresiones públicas de preocupación de los ministros de exteriores y justicia de ese país, Celso Amorin y Marzio Tomas Bastos, que Argentina mantuviera un candidato al tribunal del MERCOSUR con tales antecedentes.

Cabe recordar que con posterioridad a la aparición de estos dos libros, y siempre como Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra protegió al fiscal Eduardo Daniel Miragaya, acusado de dirigir una red de magistrados que inventaban causas que luego paralizaban a cambio de dinero; y con anterioridad se negó a remover al fiscal Oscar Hermelo, “reducidor” de bienes de desaparecidos en la ESMA, pese a la intervención del CELS y al legajo que obra en la CONADEP, un caso evocado en La delgada línea blanca, escándalo pormenorizadamente consignado recientemente por el periodista Raúl Kollman en Página 12 del 23 de junio de 2004.

A pesar de los reclamos de los familiares de las víctimas y del requerimiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Becerra tampoco destituyó a los fiscales Carlos Flores Leyes y Roberto Domingo Mazzoni, encubridores de la Masacre de Margarita Belén, conociéndose que allí fusilaron e hicieron desparecer a 22 prisioneros el 12 y 13 de diciembre de 1976, sacados de la cárcel del Chaco y de varios centros clandestinos de detención, concentrándolos en la Alcaidía Provincial de Resistencia, antes de llevarlos al descampado de Margarita Belén y asesinarlos.

Por otra parte, según lo verificado en La delgada línea blanca, Nicolás Becerra no le abrió realmente un expediente en la Procuraduría General de la Nación al jefe de su gabinete de asesores, el agente multiproposito de empresas españolas Carlos Bettini, quien invocando a Becerra obtuviera el 20 de diciembre de 1999 una audiencia con Patricia Bulrich, entonces Secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, la que a continuación presentó una denuncia en la Oficina Anticorrupción (OA), sosteniendo que Bettini le insinuó una oferta de cohecho, expresando un “inusual interés” por las licitaciones para construir cárceles en Argentina, actuando en nombre del grupo español Dycassa.

No es superfluo finalizar haciendo saber que en su comisión rogatoria complementaria a Ginebra del 2 de marzo de 2004 por el tema de las cuentas de Carlos Menem y Ramón Hernández en la banca suiza, el juez Norberto Oyarbide pidió se investigara a la sociedad “Seabrook”, en la cual Nicolás Becerra (h) oficiaba de testaferro de su padre en el grupo Vila-Manzano, y a la sociedad “Pacific”, que el periodista de Miami Andrés Oppenheimer indicó en su libro Ojos vendados, como la beneficiaria mediante la cual Nicolás Becerra padre recibió 116 mil dólares de parte del Federal Bank de Raúl Moneta.

Juan Gasparini
Desde Suiza especial para Tribuna de Periodistas