El reporte acerca de la intervención del FMI en la crisis argentina de 2001 permite plantear un debate en apariencia filosófico, pero en rigor pragmático: ¿qué significa el error en decisiones de política económica? ¿Cuándo es posible sostener que se ha cometido un error? ¿Con qué criterios es posible argumentar la existencia de alternativas correctas de decisión? Este debate subyace silenciosamente a la ristra de opiniones motivadas por la publicación del reporte y, por extensión, a los juicios formulados acerca de lo ocurrido en aquella crisis.

La Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI propone, desde el comienzo de su informe, un marco analítico en el cual postular y examinar la cuestión del error. “Las decisiones tomadas en situación de incertidumbre no pueden ser juzgadas como representativas de un juicio erróneo ex ante sólo porque fracasaron en alcanzar los resultados previstos”, sostiene la OEI. Por ello, aduce, “es necesario adoptar un enfoque probabilístico: ¿eran las probabilidades ex ante de éxito lo suficientemente elevadas como para justificar la decisión, dado el beneficio esperado del éxito y los costos potenciales de una crisis aún más grave si la estrategia finalmente fracasaba?”. Desde este punto de vista, una decisión errónea sería aquella tomada cuando a) las probabilidades ex ante de éxito no eran lo suficientemente elevadas, o b) esas probabilidades eran elevadas, pero el beneficio esperado del éxito era menor que los costos de abandonar la estrategia. El reporte de la OEI encuentra que el FMI tomó decisiones erróneas del tipo a) en dos ocasiones -las revisiones del programa con la Argentina en mayo y en septiembre de 2001- y no cita instancia alguna de errores del tipo b).

Evaluación opuesta

La respuesta oficial del gobierno argentino al reporte, formulada en una declaración del ministro de Economía presentada el 26 de julio último ante el directorio del FMI, sugiere una evaluación opuesta: el FMI habría cometido numerosos errores de una variante del tipo b) -el principal de ellos, apoyar el régimen de convertibilidad sin haber evaluado su adecuación para la economía argentina; más otros no menos relevantes como el impulso de la reforma previsional, la falta de monitoreo de los procesos de privatización y el énfasis otorgado a la reforma laboral- pero no habría incurrido en ningún error del tipo a).

Para la respuesta del gobierno argentino, los errores del FMI derivaron del sesgo ideológico que éste habría impreso a sus criterios de evaluación del desempeño de las gestiones económicas argentinas: juzgando positivamente aquellas consistentes con el Consenso de Washington, y negativamente aquellas que se alejaban de dicho compendio de recomendaciones. El error consistiría, aquí, en una falta de neutralidad valorativa a la hora de decidir sobre alternativas de política económica; serían erróneas aquellas decisiones que presuponen probabilidades de éxito elevadas aún cuando los beneficios del éxito son menores que los potenciales costos de abandonar la estrategia.

Esta divergencia en las concepciones del error en política económica no sólo tiene consecuencias en la identificación de las causas de la crisis argentina: para el FMI, la inadecuada implementación de los programas acordados por parte de las autoridades argentinas; para el gobierno argentino, la insistencia del FMI, con acuerdo de las autoridades argentinas, en políticas inadecuadas para la economía. Lo que cada uno entiende por error coloca en el centro del debate precisamente aquello que mina lógicamente ambas concepciones del error: la percepción de los actores en el proceso de toma de decisiones.

El reporte de la OEI enfoca la cuestión de la percepción de las diversas áreas del FMI como un problema de información incompleta. El staff técnico del FMI no tenía datos suficientes ni había elaborado los instrumentos de observación adecuados como para proyectar escenarios de insustentabilidad de la deuda pública y de la posición fiscal argentina. El directorio del FMI no contó, por consiguiente, con información suficiente como para tomar decisiones adecuadas, y la gerencia no aportó, de sus contactos directos con las autoridades argentinas, ningún dato que pudiera suplir lo que el staff no estaba proporcionando.

A la información incompleta, la OEI añade otro obstáculo a la percepción adecuada de las dificultades argentinas: los criterios políticos de decisión del directorio. Aún cuando alguna información contradictoria con las alternativas de decisión discutidas por el directorio estuvo disponible, ellas no fueron consideradas, porque la decisión política de apoyar a la Argentina ya se encontraba tomada.

Los vicios de la percepción del FMI son explicados así como efectos de insuficiencias técnicas y burocráticas y de criterios políticos en la toma de decisiones. Ello implica que, resueltas aquellas insuficiencias y sustituidos los criterios políticos por criterios técnicos, el FMI podría haber tomado decisiones con información completa. Y esas decisiones con información completa hubieran conducido a dejar de apoyar el programa económico argentino; no ya en mayo de 2001, sino a fines de 2000, en ocasión de la discusión del blindaje.

Problema ideológico

La respuesta del gobierno argentino al reporte de la OEI entiende la cuestión de la percepción del FMI como un problema ideológico. El FMI promovió la adopción de políticas económicas consistentes con sus preferencias ideológicas, sin analizar su conveniencia para la sustentabilidad del crecimiento de la economía argentina. Apoyó el régimen de convertibilidad, no sólo porque incluía, y en algunos casos exigía, la implementación de sus políticas preferidas, sino también porque le permitía utilizar la experiencia argentina para reforzar sus propias preferencias.

Así fue que la Argentina fue exhibida como ejemplo de lo que un país puede alcanzar cuando adopta las políticas “correctas” y las implementa con “esfuerzo y determinación”.

Las distorsiones en la percepción del FMI son explicadas, entonces, como consecuencias de la línea ideológica adoptada por la organización y del desideratum burocrático de reforzar esta línea. Esto implica que, de haberse adoptado otra línea ideológica, el FMI podría haberse abstenido de apoyar las políticas económicas argentinas; que, inclusive, las autoridades argentinas probablemente no hubieran elegido esas políticas; y que -en todo caso- el organismo internacional hubiera presionado al gobierno argentino a abandonar el régimen de convertibilidad.

El error en política económica parece ser, entonces, un problema de percepción, y los problemas de percepción parecen provenir de fallas en la información o de sesgos ideológicos.

La cuestión es: ¿pueden prevenirse, o resolverse, los problemas de percepción? ¿Pueden, en fin, evitarse las fallas de información o los sesgos ideológicos en los procesos de toma de decisiones?

No cabe aquí citar ni glosar la extensa literatura producida sobre esta cuestión en la filosofía, la sociología y la teoría económica. Alcanza con dejar constancia de que, con la excepción de enfoques cerrilmente positivistas de escaso crédito en las ciencias sociales, la respuesta consensuada a los interrogantes arriba formulados es negativa. ¿Significa ello que no se reconoce la existencia de errores en los procesos de toma de decisión? En absoluto; el punto es que los errores no son problemas de percepción, sino de consistencia entre las percepciones y las decisiones entendidas como adecuadas a ellas.

La cita de Wittgenstein que preside estos párrafos apunta a ilustrar eso: si una explosión es de esperarse en una situación dada, es necesario actuar de manera consistente con esa expectativa. Si uno no desea afrontar los potenciales daños de la explosión, las decisiones que habrán de tomarse estarán orientadas a evitar que la explosión se produzca. Si uno considera que evitar la explosión es más costoso que lidiar con sus potenciales daños, entonces tomará decisiones orientadas a acelerar, o al menos a no obstaculizar, la ocurrencia de la explosión.

Errores y decisiones

¿Hubo, pues, error en las decisiones del FMI sobre el caso argentino? No, si se entiende, como se desprende de los hechos reportados por la OEI, que el FMI no deseaba afrontar los efectos del estallido de la crisis, en tanto consideraba que los costos de salida de la convertibilidad eran más altos que los de permanecer en ella. ¿Fue, acaso, errónea la decisión de interpretar como más beneficiosa la conservación que la ruptura de la convertibilidad, como sugiere la respuesta del gobierno argentino? Tampoco, si se entiende que el FMI obraba con sus preferencias como premisas de sus decisiones.

Calificar como error las decisiones del FMI sólo es posible, entonces, utilizando criterios distintos de los que el FMI utilizó para pensar la situación argentina e intervenir en ella. Sólo que entonces ya no se trata de errores, sino de juicios diferentes. Nada hay de sorprendente en ello: el mundo es un caos de valores, y seleccionar alguno entre la compleja multiplicidad de lo posible, frecuentemente implica confrontar con otros.

Lo inquietante no es esa confrontación, sino sus potenciales consecuencias; en el caso argentino, aquellas que habrían surgido en el contrafáctico supuesto de que el actual Gobierno hubiera estado a cargo de la toma de decisiones económicas de entonces. Si debe darse crédito a las preferencias que ahora manifiesta, este Gobierno habría salido de la convertibilidad. Y su decisión no habría podido calificarse como errónea, sino en la medida en que su estrategia de salida fracasara en mostrar que los costos del estallido eran menores que los de los desesperados intentos de evitarlo.