La corrupción en la Argentina funda un modelo de gobierno en democracia que se enquista en el Estado ante la ausencia de Justicia, debido a la carencia de independencia del sistema judicial y la anuencia del legislativo. Así, cada uno de los tres poderes estatales tironea por su “caja”, por sobre el interés del ciudadano y la Nación.

Un punto clave en este modelo, fue desmantelar al Estado en el ejercicio de soberanía en sus aguas fluviales y marítimas. Liberar sus aguas permitió que todas las cargas se transporten por buques de pabellones extranjeros, bajo leyes extranjeras. El armador elije el pabellón que más convenga a sus intereses. El poder sindicar jugó un papel imprescindible en el logro de este objetivo.

Antecedentes militares con socios gremiales en la destrucción de la soberanía naviera

Recordaré que nadie oyó hablar a pope sindical marítimo alguno, cuando se llevo a cabo un hito en la privatización del país en el periodo militar Videla-Masera. En ese entonces, se efectuó la primera privatización argentina de soberanía naviera. Se desguazó la Flota Fluvial del Estado argentino. Los remolcadores de puerto pasaron a manos del líder sindical Lorenzo Miguel, quien “adquirió” la empresa de remolcadores RUA (Remolcadores Unidos Argentinos), aglutinando así esta importante flota del estado no deficitaria. El costo del remolque era y es en base a valores Internacionales. En esos tiempos la empresa SATECNA de remolcadores grúas y salvatajes, irrumpía poderosa de la mano del Almirante “0” Emilio Massera cuando se “privatizo” la flota fluvial. No hubo paros, protestas, ni pataleos sindicales de relevancia alguna. Esa acción fue el comienzo de la destrucción de la Marina Mercante que permitió al poder gremial adueñarse de una flota que jamás pagó, e hizo más rico a Lorenzo Miguel y su staff. Sus hombres de confianza aprendieron rápido el método. Ya en democracia, el ex diputado Luis Santos Cásale desguazó ELMA (Empresa Líneas Marítimas Argentinas, creada en 1961 por Arturo Frondizi y relanzada en 1973 con el Plan Trienal de Perón, frustrado en 1976 por el golpe militar), bajo el silencio sindical cómplice del vaciamiento menemista. Continúan en sus sillones contando fortunas, traicionando a sus “súbditos” navegantes, ganando amañadas y “legales” elecciones gremiales.

Memoria de la destrucción de la soberanía marítima argentina en democracia

La destrucción total de la Marina Mercante Argentina fue llevada a cabo en democracia por el traidor Carlos Menem —hoy senador nacional kirchnerista—, ante la aceptación de los sindicalistas marítimos menemistas, hoy armadores y empresarios travestidos a pingüinos. Sindicalistas y legisladores de ayer y de hoy, avalaron la destrucción de nuestra flota sin interponer acción judicial alguna. Y los laureles no fueron solo peronistas. Recordemos la destrucción del Ministerio de Obras y Servicios Públicos que estaba a cargo del dragado y balizamiento entregado a manos privadas, en honor a la verdad, por la familia Alfonsín y monitoreado por la coordinadora de Enrique “Coti” Nosiglia. Todo en democracia.

 Antes del golpe de gracia menemista, Raúl Alfonsín abonó el terreno a Menem en ELMA. Convalidó negociados anteriores a la democracia y posibilitó su ampliación bajo la Resolución 121/85 que entregó el 40% de las líneas de tráfico de ELMA a empresas privadas que no tenían ninguna de las condiciones que sí poseía la empresa estatal para asumir compromisos internacionales. La misma Secretaria de Transportes de Alfonsín, le alertaba en sus informes de 1985, sobre lo nefasto de la sanción de dicha resolución.

 Pero Alfonsín avanzó un paso más en hacia la destrucción de ELMA. Sancionó la resolución de la Secretaria de Marina Mercante 298/88 donde otorgaba gratuitamente a la compañía privada CIAMAR el 40% de la línea de la costa oeste de los Estados Unidos y Canadá. Traducido en números, significó para ELMA la pérdida anual de 20 millones de dólares, corroborada por la Sindicatura General de Empresas Públicas. En ese momento, quienes más lucharon por la defensa de ELMA, fue la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante.

 Durante la lucha soberana por Malvinas, los piratas hundieron el buque Rio Carcarañá de ELMA, que prestaba apoyo y llevaba vituallas a Puerto Argentino. Su importancia estratégica en el ejercicio de soberanía no fue recordada en su desmantelamiento.

La desregulación marítima

La realidad argentina de su política sucia brinda la impensada posibilidad que hoy Carlos Menem desde su banca el Senado pueda, alineado al kirchnerismo, votar en repudio la derogación de alguna ley que promulgó ayer creando hambre. Mientras sus pares, “la mayoría” no mejores, venden sus votos al oficialismo con su ausencia o abstención. Quizás veamos al “Carlo” pujar por la nacionalización de la Marina Mercante, aprobando créditos a MARUBA o enterrando pedidos de informes inconvenientes al poder de sus socios K. Una basura inmoral no podría hacer menos por la Patria.

El decreto de desregulación de la marina mercante 1772/91 del traidor Carlos Menem, estuvo viciado de nulidad debido a que desconoció la ley de reserva de cargas. Violó las disposiciones de la ley de cabotaje de la Argentina como país costero, ignorando las disposiciones fiscales (previsionales e impositivas) de nuestro país.

La reglamentación de la destrucción de la soberanía naviera

Los fundamentos del decreto menemista son claros y demoledores: “Que las Leyes Nros. 23.696 y 23.697 marcan las pautas de inicio del proceso de desregulación a través de numerosos artículos de sus textos e instrumentando técnicas a fin de que el Poder Ejecutivo Nacional proceda a la derogación de normas de carácter legal o reglamentario que impidan alcanzar los objetivos perseguidos en tales políticas legislativas. Que en uso de tales facultades debe interpretarse el dictado del Artículo 1 del Decreto N. 2.284/91 por el cual se dejan sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y servicios en todo el territorio nacional y todas las restricciones que distorsionen los precios de mercado evitando la interacción espontánea de la oferta y la demanda, disposición que alcanza a todas las actividades que componen los procesos de producción y comercialización. Que ambas actividades han quedado sujetas a privatización de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Reforma del Estado que contempla la venta de la Empresa Líneas Marítimas Argentinas y la concesión de los servicios a cargo de la Administración General de Puertos. Que las regulaciones existentes en las actividades portuarias o de transporte fluvial y marítimo no solamente dieron lugar a privilegios o monopolios en determinada actividad sino que también, al estar relacionadas con las condiciones laborales del personal involucrado en las mismas, se han traducido en limitaciones a la libertad de contratación entre las partes y en la formación de gravosos sobrecostos”.

 Esto permitió el cambio de bandera en los buques argentinos y que su tripulación se rigiera bajo las leyes de banderas de conveniencia. Así los tripulantes argentinos pasamos a ser “kelpers” —ciudadanos de segunda— en nuestras aguas y buques, permitiendo ser reemplazados por extranjeros. Las tripulaciones contratadas quedaron a merced de las cláusulas insertas en los contratos de ajuste, las cuales resultaron contrarias al orden público local argentino, afectándose derechos y principios cuyo fundamento es la Constitución Nacional. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de expedirse respecto al decreto 1772/1991, en autos "Sallago, Alberto A. v. Astra CAPSA s/despido", S. 621, L. XXIX, declarando improcedente el recurso extraordinario interpuesto por la parte actora, quien promovió demanda por diferencias salariales, añadiendo el pedido de inconstitucionalidad del DNU 1772/1991 y, en consecuencia, la condena al pago de la indemnización por despido del art. 245 LCT y otros rubros emergentes de la relación laboral habida entre las partes.

Antes de este decreto, los buques de bandera extranjera que pretendieran navegar nuestras aguas, debían ajustarse a nuestras leyes. Esto era un real ejercicio de soberanía naviera.

Justipreciando el daño del traidor Carlos Menem actual senador K

La destrucción de ELMA y los daños colaterales a las industrias como astilleros y subsidiarias son atroces. En 1990, más del 80% del comercio exterior se efectuaba por vía marítima, y generaba ingresos por 3.500 millones de dólares. Estaba controlado por ELMA, con una flota nacional de más 1.000.000 toneladas y bajo la vigencia de la Ley de Reserva de Cargas. Se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo argentino y más de 50.000 puestos en transporte.

“Que dichas regulaciones tenían su fuente en convenciones colectivas de trabajo y actas acuerdos colectivos, muchas de ellas homologadas hace casi dos décadas y que no reflejan una adaptación de los distintos regímenes laborales a las actuales condiciones en que se desenvuelve la economía nacional”.

Los popes sindicales miraron para otro lado nuevamente mientras nos rompían a pedazos nuestras conquistas gremiales. Memoriosos recordamos la lucha de los marítimos en el tiempo de Juan Carlos Onganía al aplicar bajo presión la ley 17.371 de reducción de empleos de la Marina Mercante. Fue cruenta en palazos hacia la protesta marítima. Años después, Menem y sus socios viabilizaron millones a los armadores liberándolos de toda carga social de sus tripulantes. Así fue cómo otro prócer amigo de Menem el Traidor, Diego Ibáñez se quedaba con los mejores buques de la privatización de YPF “millonarizandose” aún más a la par de los “gremialistas defensores de los trabajadores de la flota de YPF”.

Así Juan Carlos Pucci Secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo —además Secretario De Asuntos Marítimos y Fluviales—, está vinculado a la empresa Petro Clipper SA armadora de los buques:

Klipper Kitty - Bandera: Bahamas [BS] Identificativo de llamada: C6WF7 IMO: 9340908, MMSI: 311255000.

Klipper Kristin Bandera: Bahamas [BS] Identificativo de llamada: C6VC7 IMO: 9322982, MMSI: 309496000.

Klipper Kylie Bandera: Bahamas [BS] Identificativo de llamada: C6WC6 IMO: 9337298, MMSI: 308249000.

 Los tres buques poseen banderas extranjeras de conveniencia. El sindicalista vinculado a esta empresa de bandera extranjera formó parte sin ningún prurito de una reclamación al Gobierno junto a otros popes sindicales como Omar Suarez del SOMU, para que se cumpla la derogación de las banderas extranjeras.

 Mientras el ex presidente Néstor Kirchner en forma recurrente habló de la nefasta época del 90, en materia de la pérdida de la bandera nacional solamente se limitó a emitir el Decreto 1010/2004, donde se daba plazo de dos años para reingresar al pabellón nacional, pero, sin impulsar la nueva Ley de Marina Mercante, se limita a prorrogar el mencionado Decreto, con lo cual los perjuicios ocasionados por la famosa década siguen vigentes.

 Los sindicatos marítimos informaron al Gobierno K sobre la situación de los buques. “Los abajo firmantes, nos dirigimos a Ud. en su carácter de Ministro de Trabajo, a fin de que tome conocimiento de la grave situación de la Marina Mercante Fluvial Nacional y de la prontas y extremas medidas que debemos emprender en defensa de los puestos de trabajo de nuestros afiliados, amenazados por un desplazamiento de los buques hacia países hermanos del Mercosur, que deviene en la sustitución de los tripulantes nacionales por foráneos para realizar la navegación de cabotaje. Por ejemplo, en este momento tenemos una nueva fuga de la bandera nacional a pabellones extranjeros, atentando directamente contra las fuentes de trabajo de nuestros afiliados, mediante la cual, las empresas locales y de supuesto capital nacional, trasladan sus buques a países de bandera complaciente, y más específicamente a la de la hermana República del Paraguay, sustentándose en argumentos que genéricamente se los puede identificar como de usufructo de las actuales asimetrías existentes en la Hidrovía Paraguay-Paraná. Esperando un pronto accionar de su parte, lo saludan muy Atte...”. Y entre los firmantes: Juan Carlos Pucci, Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo. Sinvergüenza.

 El decreto de Menem no fue objetado ni problematizado aun en uno de sus párrafos más demoledores de los derechos de los trabajadores marítimos:

“Que suspender disposiciones convencionales, legales o emanadas de actas acuerdo que regían la actividad laboral del personal vinculado a los servicios portuarios o de la navegación no supone la desprotección del trabajador sino la adaptación de los regímenes respectivos a las transformaciones de las actividades navieras y portuarias.”

Cuando un tripulante se accidentaba o debía hacer reclamos, le correspondía recurrir a los Tribunales de Liberia, Panamá, Monrovia, Bolivia, Belice u otros países, ello navegando a veces cabotaje en nuestro territorio. Areneros y pequeñas embarcaciones fluviales se abrazaron a pabellones extranjeros que ostentan actualmente.

Las mentirosas palabras del presidente Néstor Kirchner, en el acto de presentación del plan de asistencia financiera para la promoción de la industria naval y la marina mercante.

Los años de ejercicio corrupto y acumulación de poder dentro del Estado, permiten sustentar el modelo reproduciendo viejas prácticas sin ningún problema. El 8 de agosto del 2004 el presidente firmaba el decreto 1010/2004.

El 16 septiembre 2004 proclamaba: “Nosotros creemos en la visión, en la pluralidad y en la posibilidad de construir un país que pueda tener su producción nacional, su industria nacional, que pueda integrarse al mundo con sustentabilidad interna. Volver a hablar de los talleres nacionales, astilleros nacionales, línea de bandera, parece realmente algo que estaba muy lejano en nuestras posibilidades y hoy lo estamos instrumentando entre todos.

Nosotros creemos realmente que este paso de la industria naval argentina y sus derivados, puede ser un paso trascendente y un punto de inflexión. Fíjense que si este programa funciona bien, vamos a tener la construcción de 141 buques argentinos, detallados como lo indicó recién el ministro, una inversión de 741 millones de pesos en 3 años y 30 mil puestos de trabajo entre directos e indirectos. La potencialidad, la capacidad, el valor agregado, el dinamismo de la economía en todos esos aspectos es realmente muy importante. Con una tasa del 5 por ciento que genera una clara visualización de posibilidades de rentabilidad muy importante”.

 La cuestión es que los buques siguen navegando nuestras aguas con bandera de conveniencia y sin protestas gremiales en defensa de los trabajadores. Solo en la hidrovía los buques y barcazas de pabellón paraguayo y boliviano se llevaron 2000 puestos de trabajo de tripulantes argentinos.

La pérdida de soberanía en nuestras aguas permite la narcodemocracia

La pérdida de soberanía implica pérdida de derechos constitucionales y pauperización de ciudadanos. Desmantelar la Marina Mercante significó aumentar el poder sindical corrupto que posibilita la asociación con otros popes sindicales corruptos. Juntos extorsionan con su poder al “poder” y hacer más caja. Usan a los trabajadores afiliados y a pauperizados pagos, para enarbolarlos en sus marchas de demostración de fuerza contra el corrupto Gobierno que a la par, nos roba, permitiéndoles a los popes sindicales convertirse en millonarios.

Desdichas atroces son causadas por el canibalismo sindical, ávido del dinero del afiliado y del dinero público. Y van por más poder. Mientras la Justicia mire para otro lado esperando llenen su caja, los ciudadanos padeceremos la impunidad de esta narcodemocracia.

Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador

http://www.nuestromar.org/noticias/destacados7711_052007

http://www.youtube.com/watch?v=xC0LFlxDoXo

 http://paginadigital.cul-tura.com.ar/articulos/2003/2003oct/noticias11/154613-12.asp

www.osemm.org.ar