Hoy martes 28 de junio a las 16:30, la comisión de legislación general del Senado va a tratar el proyecto expediente S3732/10 “Ley Pirata argentina”, un nuevo impuesto que se aplicará sobre la compra de cualquier producto electrónico o insumo que pueda ser utilizado tangencialmente para copiar contenido protegido por leyes de propiedad intelectual. En resumidas cuentas, un nuevo impuestazo tecnológico. 

O sea, si se compra un CD virgen, un DVD virgen, un disco rígido o un reproductor musical se estaría pagando un impuesto por pirata, no importa si es usado para trabajar, para grabar los primeros pasos de un hijo o para escuchar la música que fue bajada (pagando) de iTunes.

No me voy a poner moralista con el tema de las descargas, las copias truchas y lo que ganan o pierden las distribuidoras, autores, compositores e intérpretes con la piratería. Pero suena bastante injusto que me cobren un impuesto para paliar un mercado ilegal en vez de combatirlo en serio. Al fin y al cabo la ley no habla de volar todos los puestos de La Salada o Parque Rivadavia, sino de que ahora cuando vayas a comprar tu Windows trucho, en vez de salirte $5 te va a salir $6.

Mientras tanto, los que trabajamos con medios de almacenamiento vamos a pagar un impuesto por guardar nuestros documentos, planillas de cálculo, fotos familiares o una copia de cualquier software libre cuya distribución no perjudica absolutamente a nadie.

Me gustaría saber qué porcentaje de esta plata van a recibir Argentores, Sadaic, La Cámara Argentina de Fabricantes de Software y las distribuidoras locales de películas. Porque por mi parte estoy seguro de que a ninguna de ellas le interesa implementar un impuesto sino acabar con la piratería en serio. Y si reciben subsidios o el total de lo recaudado por este impuesto me parece injusto que salga de mi bolsillo si mi accionar al comprar un medio de almacenamiento para fines privados no los perjudica.

Lo contradictorio de ese proyecto —impulsado por el Senador Pichetto del Frente para la Victoria—encarecerá aún más todo producto electrónico del país, incluyendo los LCDs y los decodificadores para jubilados que promueve el propio Gobierno.

La idea de poner un impuesto al hilo y aguja para combatir la venta de ropa trucha carece de sentido por donde se lo mire.

Leo en este blog : "El Art. 12: Indica de cuánto será el impuesto, el porcentaje es sobre el precio de venta:

a- Grabadora de discos compactos y/o versátiles y/o Blu-ray (CD/DVD/Blu-ray): 10%

b- (CDR/CDRW/DVR/DVDRW/Blu-ray): 75%

c- Tarjetas de memoria: 5%

d- Rígidos integrados o no en un equipo: 10%

e- Decos de señales de televisión por cable o satelital : 10%

f- Walkmans mp3 (Ipod x ej): 10%

g- Celulares con MP3: 1%

El valor de venta de precio al público se tomará de acuerdo con el valor de referencia de mercado, y en caso de no contarse con información fidedigna del mismo, a los fines de la aplicación de las tarifas establecidas en la presente ley, se realizará aplicando un cincuenta por ciento (50%) del valor de venta mayorista del producto o dispositivo. O sea, que si es un aparato que no se comercializa en el país, ¡el impuesto sobre el precio pagado es de 50%!

Entonces en el supuesto caso que compres un equipo en el exterior y lo traigas antes que su lanzamiento en nuestro país tal vez tengas que pagar 50% de arancel aduanero y otro 50% para cumplir con la futura Ley pirata argentina."

Esta es la forma que encuentra el Gobierno para pelear contra los piratas, imponer un impuesto a todo el mundo sea o no cómplice del primero. Nada de campañas de concientización o levantamiento de puestos callejeros ilegales o multas a los delincuentes, en un país donde el 50% de lo que cobramos va a parar a las arcas del estado .

Diego Gentilezza
Twitter: @dgentilezza