En estos momentos cuando se analizan las maniobras desestabilizadoras contra el gobierno que preside Néstor Kirchner, a las que parece prestarse el juez federal Juan José Galeano, a punto de ser expulsado de su cargo por las irregularidades que cometiera en la instrucción del atentado contra la AMIA, no hay que olvidar que fue precisamente él quien impidió que se investigara la cuenta bancaria no declarada por Nicolás Becerra en el «Credit Suisse» de Zurich. El ahora ex Procurador General de la Nación, y flamante candidato argentino al Tribunal del MERCOSUR, abrió esa cuenta en la década pasada con el seudonimo de «Naranja», siendo administrada por el funcionario del “Credit Suisse”, Hans Peter Winkler, como figura en la página 137 de  la segunda edición de La delgada línea blanca, libro periodístico publicado en Argentina por Ediciones B en junio de 2001, cuyos autores son Juan Gasparini y Rodrigo de Castro. Cabe aclarar que esta cuenta no se encontraba en la primera edición del mencionado libro, aparecida en diciembre de 2000.

Su existencia ha sido evocada en este año 2004 por Canal 13 y por la  revista “Veintitrés”, habiendo sido comentada abundantemente en los medios de comunicación de Argentina, Suiza y España, provocando hace casi tres años diligencias penales en la justicia federal de Buenos Aires, tramites que empero quedaron truncos por la intervención del juez federal de Buenos Aires, Juan José Galeano, quien rechazó el pedido de investigar esa cuenta solicitando el levantamiento del secreto bancario a Suiza, como le pidieran los fiscales federales Carlos Rivolo y Claudio Navas, según reflejara el cable de la agencia francesa AFP, emitido desde su oficina en Buenos Aires el 21 de junio de 2001, firmado por la periodista Liliana Samuel, como así también la noticia brindada por el periodista Juan Irigaray en la agencia DyN el 22 de junio de 2001, cronicas que se pueden consultar en los archivos de estas dos agencias de seriedad indiscutible.

Convocado previamente a prestar declaración testimonial por el juez federal Claudio Bonadio, Secretaría Pablo Bertuzzi, en el sumario titulado «Astiz, sobre delito de acción pública», y también por los titulares de la Fiscalía Federal 2, Carlos Rivolo y Claudio Navas en la causa 564 por delito de acción pública, bajo mandato del juez federal Juan José Galeano, ambas en Buenos Aires, el periodista Juan Gasparini informó y ratificó por escrito en sede judicial la cuenta de Nicolás Becerra en el «Credit Suisse» de Zurich, como obra en autos los días 23 y 24 de mayo de 2001. Esas denuncias se extendieron a hechos y circunstancias investigados periodísticamente en La delgada línea blanca relativos a Nicolás Becerra, que podrían constituir delitos en la carrera del entonces Fiscal General de la Nación y ahora candidato al tribunal del MERCOSUR, tanto en la actividad privada como abogado u hombre de negocios, o en los cargos públicos que ha venido desempeñando, a saber, en la jefatura de gabinete del otrora presidente Carlos Menem -en colaboración con Eduardo Bauzá- en la Defensoría General de la Nación y en la Procuraduría General de la República, señalando a tal efecto indicios sobre, entre otros, incumplimiento de sus deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, corrupción, trafico de influencias en favor de encubrir ilícitos económicos en el marco de su actividad política, omisión de denuncia de delitos, venta de indultos, fuga de divisas, lavado de dinero y omisión maliciosa de su cuenta en el «Credit Suisse» de Zurich identificada como «Naranja». Esto es así porque Becerra se haya incriminado en fraguar un sobreseimiento irregular de un homicidio culposo cometido por su hijo del mismo nombre, en ser coautor de otorgar pensiones con dineros públicos a uno de sus secretarios privados (Héctor Corvalan), y a mujeres que fueron o su amante (Ana María Contardi) o la amante de su aliado y amigo el ex-gobernador mendocino Rodolfo Gabrielli (Alejandra Costilla); y en llevar a cabo manejos oscuros y tratativas espureas para entorpecer o interferir las persecuciones penales contra el banquero Raúl Moneta, contra el clan Menem por la causa de la venta ilegal de armas argentinas a Croacia y Ecuador, y en el procedimiento para enjuiciar a los autores y beneficiarios de los sobornos pagados por la multinacional estadounidense IBM a funcionarios del gobierno de Menem y/o a altos cargos del Banco Nación, todo esto de manera directa o mediante asesores, subordinados y abogados multiproposito que le responden política y judicialmente o le son funcionales, entre los que se enumeran Jorge Garguir, Carlos García, Jorge Burad, Alfredo Manuel Rodriguez, Oscar Dimas Agüero, Carlos Bettini, Maximiliano Rusconi, Oscar Cuchiarelli y Angel Fernandez.

Es menester desarrollar una mención pormenorizada de la implicación de Nicolás Becerra en la apropiación indebida de bienes de desaparecidos en la ESMA, a tenor de la causa que instruyera el juez Claudio Bonadio, como se ha puntualizado, un procedimiento actualmente a cargo del juez federal Sergio Torres. Como es sabido se trata del expolio de 20 millones de dólares en tierras de Mendoza, la provincia natal de Becerra, saqueo arrebatado a personas secuestradas y asesinadas en la ESMA por el ex-almirante Eduardo Emilio Massera y otros ex-represores de la Armada (Jorge Radice, Jorge Acosta, Francis William Whamond, Juan Carlos Rolon, Jorge Perren y otros), rapiña de la que fueron cómplices escribanos, jueces y abogados, entre los que se destaca Nicolás Becerra, como quedara radiografiado en la segunda edición de La delgada línea blanca, revelaciones adelantadas por el diario El Litoral de Santa Fé, en su edición del 7 de marzo de 2001, y por el diario Clarín de Buenos Aires, los días 7 de enero de 2001 y 4 de marzo de 2001.

En este tétrico contexto, resulta de interés judicial el papel de artífice protagonizado por Nicolás Becerra en las naturalizaciones ilegales del narcoterrorista sirio residente en Marbella, España, Monzer Al Kassar, y varios individuos más de origen árabe ocurridas en Mendoza, en complicidad con dos clientes de su bufete de abogados, los ciudadanos argentinos Abdon Adur y Roberto Sastre, radicados temporalmente años atrás en Madrid para alejarse de problemas con la justicia argentina, quienes contactaron a Monzer Al Kassar con Becerra durante un viaje de este a  España en 1985. La asociación ilícita encabezada por Nicolás Becerra para argentinizar a Monzer Al Kassar y una banda de gangsters oriundos de países árabes en la provincia de Mendoza, es una red que relaciona asimismo a José Luis Manzano, Julio Mera Figueroa (fallecido), Amira Yoma, Alfredo López Cuitiño, Jorge Roberto Burad, Gerardo Walter Rodriguez, Jorge Garguir y Carlos Menem, cuyos hilos son destejidos en La delgada línea blanca. Por tanto, no debe perderse de vista que Nicolás Becerra fue nombrado Procurador General de la Nación en 1998 justamente por Carlos Menem, ostentando además desde diciembre del año 2000 la Presidencia de la Conferencia Interamericana de Ministerio Público, que nuclea a todos los fiscales del continente, incluyendo a España y Portugal. Tampoco debe dejarse de lado que Monzer Al Kassar dispone de una cuenta en Suiza, confiscada en 1999 por 3 millones de dólares a raíz de trafico ilegal de armas, un fallo que el Tribunal Federal helvético anuló porque España, país donde reside Al Kassar no se presentó a recuperar el dinero en Suiza.

No es superfluo añadir el fracasado intento de Nicolás Becerra para que Juan Gasparini rectificara el contenido de La delgada línea blanca. A  petición de Becerra, en el marco de una mediación extrajudicial ordenada por el abogado Esteban Rafael Pereyra Zorraquín en Buenos Aires, según la Ley 24.573, quedó debidamente documentado el 5 de diciembre de 2001 que Juan Gasparini rechazó la amenaza de demanda por 300 mil dólares blandida por Becerra, negándose el periodista a modificar y/o retractarse del contenido de su libro y de sus denuncias aquí resumidas. A todo esto, el 15 de julio de 2001, en Gijon, España, La delgada línea blanca recibió el Premio Rodolfo Walsh de literatura de no ficción, otorgado por la Semana Negra, un evento hispanoamericano de narrativa policial y periodismo de fama internacional. Doce días después, el diario de Ginebra en lengua francesa Le Temps, evocaba por primera vez en Suiza la localización de la cuenta de Becerra en el «Credit Suisse» de Zurich, una crónica firmada por el periodista Sylvain Besson. El dato fue posteriormente recogido por las periodistas Agathe Duparc y Cathy Macherel en el semanario suizo en frances L’Hebdo del 17 de enero de 2002, un reportaje en el cual el administrador de la cuenta de Becerra, el empleado del «Credit Suisse» Hans Peter Winkler -quien entre tanto pasó a trabajar para la UBS- reconoció implicitamente la existencia de la cuenta, una información que la dirección en Suiza del banco se negó explicitamente a desmentir. Aportado el libro por este autor a los responsables jurídicos del banco para eventuales descargos, el gesto solo tuvo por replica solamente un acuse de recepción por carta fechada en Ginebra el 7 de febrero de 2002. Lo esencial de estas noticias fueron reproducidas por el diario español El Periodico de Catalunya del 19 de agosto de 2002 y por la revista argentina Veintitres de Argentina del 30 de enero de 2003, siendo a su vez incorporadas por el catedrático y escritor argentino residente en España, Horacio Vázquez-Rial, en su libro El enigma argentino, publicado por Ediciones B, concretamente en sus páginas 143 y 190.

Al tiempo, no es desdeñable subrayar las operaciones subterraneas de Nicolás Becerra para que la causa judicial por las coimas del Senado se diluyera en la nada, protegiendo con sus iniciativas a los legisladores bajo sospecha de haber cometido cohecho, como así también a ciertos funcionarios del gobierno que presidiera Fernando De la Rúa. Estas afirmaciones fueron debidamente fundamentadas en La Prueba, editado por Javier Vergara en octubre de 2001 en Argentina, cuyos autores son Norberto Bermúdez y Juan Gasparini, una investigación periodística donde asimismo son retratados los negocios turbios de Becerra con los personajes de este caso que provienen de su provincia natal, Mendoza, reiterando por supuesto su cuenta no declarada en Suiza en la página 89.

A raíz de estas publicaciones, el conocido abogado argentino Juan Carlos Iglesias, presentó una denuncia penal en la justicia federal de Buenos Aires, fechada el 16 de septiembre de 2002, registrada bajo el número 15.552, cayendo en manos del juzgado federal número 2 de Buenos Aires, desdoblándose, pasando el 7 de octubre de 2002 a distintos tribunales, a saber los tribunales de Mendoza, y el juzgado federal 12 de Buenos Aires a cargo de Sergio Torres, diluyéndose en la nada.  Para rebatir las acusaciones de que dispone o disponía de una cuenta en Suiza, Nicolás Becerra ha mostrado a varios periodistas sin entregar copia, una supuesta atestación del “Credit Suisse”, certificando la no existencia de dicha cuenta, documento que ha sido fraguado por un falsificador muy conocido de Buenos Aires.