Una masacre incomprensible, la muerte absurda de tres chicos de 15 años, ejecutados por un compañero al pie de los pupitres de su escuela, marcó de dolor y luto el inicio de esta semana en la Provincia. Quizás no se termine de entender nunca la génesis de esta tragedia en particular, quizás se concluya en que no había modo de evitarla. Pero el debate sobre el rol del Estado, en especial -aunque no exclusivamente- a través de su área educativa, de los padres y de la sociedad misma ya está abierto y habrá que esperar que, sin histerias ni medidas apresuradas, sirva para generar un contexto que haga menos difícil la etapa más compleja y conflictiva de la vida.

Por lo demás, los bonaerenses asistieron también esta semana al regreso de los casos "duros" de secuestros extorsivos, en un escenario signado por la instalación oficial de presuntos hechos gravísimos con ligerezas llamativas. Puede que no sea la realidad de fondo, pero lo que han mostrado estos días los propios estamentos oficiales es una especie de batalla sorda pero capital -a muerte, sin eufemismos- entre la policía y los funcionarios políticos responsables de su conducción, sobre la que se dieron explicaciones tan variadas desde un mismo sector que el resultado es una enorme confusión y la sensación de que "algo" está muy mal en una relación tan compleja como imprescindible.


Complot presunto y purga

Todo comenzó con la difusión oficial de una denuncia que el ministerio de Seguridad presentó ante la justicia sobre un presunto complot de policías que habrían "contratado" a dos delincuentes para atentar contra la vida del titular de esa cartera, León Arslanián; su segundo, Martín Arias Duval, y el camarista penal de San Isidro Fernando Maroto.

Es clave en la comprensión de los episodios que sobrevendrían después, el hecho de que fue el propio ministerio el que, en un comunicado oficial enviado a todos los medios de comunicación, informó la radicación de esa denuncia, incluyendo los nombres y apellidos del jefe de la Departamental San Isidro, comisario Cabrera, y de otros tres policías de esa regional, como presuntamente involucrados en la siniestra maniobra. La denuncia oficial ante la justicia estaba basada en otra denuncia, realizada por teléfono y en forma anónima.

Un día después, Arslanián disponía una "purga" en la Departamental de San Isidro que barría con el jefe Cabrera y una treintena de efectivos de esa dependencia. Una y otra vez el ministro insistió en que los desplazamientos obedecían a dos tipos de razones, sin especificar cuál correspondía a cada uno: no habían alcanzado el nivel exigido en su desempeño básico (el combate al delito) o estaban involucrados en ilícitos graves. Su insistencia en separar los relevos de la denuncia del complot fue inútil. La "coincidencia" resultaba excesiva y tendía a imponerse en la lógica del común de los mortales... sobre todo en la de los desplazados, muchos de los cuales dicen haber sido ascendidos hace poco, si de desempeño se trata, y juran no estar siendo investigados en ilícito alguno.

A partir de allí fue público y notorio que el complot y la purga dividían aguas importantes. El virtual jefe de la Policía bonaerense, comisario Iglesia, dijo que la presunta conspiración asesina era una "infantilidad" y el propio gobernador Solá no ocultó que no cree en su existencia y hasta señaló que tenía un buen concepto del comisario Cabrera.


Explicaciones para todos los gustos

Tres días después de iniciado, el episodio alcanzó un nivel insólito de confusión, reflejada en cuatro explicaciones públicas distintas sobre el "retiro obligatorio" que -según la información del ministerio- se impuso a Cabrera: fue nombrado en el comunicado oficial como presunto involucrado en el presunto complot contra Arslanián, lo que obligaría -si se le otorgara seriedad a la denuncia propia- a desplazarlo en segundos, al menos preventivamente, por esa exclusiva razón; según el ministro, el comisario encajó en una de las dos categorías de desplazados (desempeño ineficiente o involucramiento en ilícitos "pero no fue echado por la conspiración"); para el Gobernador, fue pasado a retiro "normal" porque llegó a la edad requerida para esa situación; y según el propio comisario, él mismo ya había pedido el retiro hace dos meses y estaba esperando que se lo dieran de un día para el otro.

Por su lado, los desplazados del miércoles protagonizaron una movida inusual. Acompañados por sus familiares, frente a una comisaría, reclamaron "explicaciones" sobre cada relevo y hablaron de "injusticia" ante las cámaras de televisión.


Dos datos gravísimos

El intento de pasar en limpio este fárrago es estéril y, en todo caso, lo que deja son preocupaciones.

Un complot de jefes policiales, que contratan delincuentes comunes para asesinar a un ministro -a "su" ministro-, a su número 2 y a un magistrado, es un hecho extremadamente grave, que desnudaría un estado de descomposición tremendo, final, de la fuerza de Seguridad y una situación hipercrítica en esa materia. Y difundir oficialmente una conspiración de ese tipo implica la decisión de imponer a la ciudadanía de la magnitud y la gravedad de la situación. ¿Hay indicios serios de que se estaría tramando ese complot? Arslanián dijo que había razones suficientes para, de entre centenares de anónimos, formalizar la denuncia ante la justicia. El Gobernador asumió públicamente que la acusación tiene "datos no creíbles". Y el jefe de Policía la desestima colocándola casi en la categoría del ridículo.

Otro dato inusitadamente grave apareció en medio de tanta confusión. El ministro de Seguridad dijo que podría haber policías involcrados en los nuevos secuestros y sugirió que esa eventual situación podría estar relacionada a su vez con el "complot". ¿Estamos en manos de una policía que tiene oficiales dispuestos a cometer secuestros para desestabilizar a un ministro, eventualmente a un gobierno? La gente merecería mayores precisiones sobre semejante posibilidad y, claramente, no se merece que le tiren esa preocupación por la cabeza si sólo se trata de hipótesis y sospechas inconsistentes.


Encima, Policito

Mientras tanto, según vinimos a enterarnos también en estos días, la cúpula policial se ha estado ocupando de la creación de un muñeco-títere que, con uniforme de policía y bautizado "Policito", sería entregado en las escuelas bonaerenses para que el chico de cada grado que se porte bien se lo lleve por un día para jugar en su casa con él. "Es para que la gente se vuelva a encariñar con el policía y vuelva a tener confianza en él", explicaron en la conducción de la fuerza sobre un proyecto del que nada sabían ni el ministro Arslanián ni el Gobernador.

"Ni loco" dicen que dijo el director general de Educación de la Provincia, Mario Oporto, cuando se enteró por este diario del proyecto y vio que se preveía la participación de las escuelas para el intento de reinstalar la buena onda entre la gente y la policía. Policito parece un proyecto surcado por cierta dosis de ingenuidad. Pero si el proyecto refleja, justamente, el interés de la fuerza por recomponer lazos con la ciudadanía, habría que advertir que millones de Policitos no alcanzarían para compensar otra semana como ésta, de siembra intensiva de sospechas tremendas sobre la Bonaerense sin la fundamentación acorde a su magnitud.

De tanto aporte a la confusión general se tomó nota en la Gobernación. Solá optó, como se dijo, por no ocultar en público su descreimiento en la cuestión del complot y por despegar al comisario Cabrera de cualquier incriminación. En la intimidad, evaluó que la difusión de la denuncia de la presunta conspiración fue equivocada en virtud de su precariedad, y consideró que la purga en San Isidro, pegada a esa denuncia, fue "por lo menos inoportuna". Pero se mostró también confiado en la fortaleza del ministro de Seguridad y en las bondades de su plan.

Hubo esta semana un secuestro "breve", algunos que quedaron en la tentativa, episodios de la variante "exprés" y está en desarrollo otro secuestro extorsivo que se perfila como un caso pesado. Lo mínimo que se puede esperar desde el poder son señales claras sobre qué está sucediendo entre los responsables de la seguridad pública.

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