El regreso de Cristina Kirchner al ejercicio de la Presidencia de la Nación, previsto para el próximo miércoles, será una buena noticia para la Argentina tanto en términos institucionales como políticos, porque cerrará un paréntesis de varias semanas que estuvieron signadas por la incertidumbre y la especulación.

La presencia efectiva de la mandataria también servirá para reacomodar el tablero político en el oficialismo, donde —aunque parezca insólito— ya se comienzan a perfilar las líneas internas que disputarán la sucesión de la Presidenta en 2015, ante la prohibición constitucional de la re-reelección.

El vicepresidente Amado Boudou, que a los ojos del kirchnerismo duro pasó el arduo examen del interinato en la cima del poder, será con seguridad uno de los actores centrales de esa disputa. El ex ministro de Economía siguió a rajatabla las instrucciones que le dio la Presidenta, recluida en la quinta de Olivos.

En ese derrotero, forjado en largas conversaciones con la jefa de Estado, Boudou pasó de prácticamente ni pisar la Casa Rosada y de encabezar reuniones herméticas en un despacho secundario del Banco Nación, a adquirir protagonismo a raíz de la polémica entablada con las petroleras, especialmente con YPF.

Otro actor central de la interna oficialista es Daniel Scioli. El gobernador de Buenos Aires sigue cosechando amarguras por el partido de fútbol que jugó con Mauricio Macri. Pero, al mismo tiempo, las críticas que le dedican parecen inyectarle un volumen político que no había tenido en otros tiempos.

Boudou y Scioli saben que las miradas del mundillo político argentino están posadas sobre ellos. Tal vez por eso se reunieron a solas la semana que pasó, durante una hora en estricta reserva. Infructuosas fueron las indagaciones de la prensa para averiguar de qué habían hablado el vicepresidente y el gobernador.

La reaparición de la Presidenta en la escena pública es, por estos motivos, no solamente necesaria en términos institucionales, sino también políticos. Con su sola presencia, Cristina Kirchner disipará las dudas que se abrieron sobre su estado de salud y acomodará el tablero en la interna oficialista.

Un año difícil

La Presidenta tiene por delante, sin embargo, una tarea delicada en el ejercicio de la gestión, principalmente en el plano económico. En el horizonte inmediato tendrá las paritarias salariales, que en esta oportunidad la encontrarán con una menor dosis de "protección sindical" que otros años.

La pelea con Hugo Moyano, el jefe de la CGT, tendrá seguramente consecuencias en este sentido. Tampoco ayudará, por cierto, la entrada en vigencia del decreto que ordena revisar los salarios de los empleados estatales, por considerar que están inflados con una profusión de ítems que no se corresponden con la realidad.

La mala experiencia del ajuste que quiso implementar el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, demuestra que los mandatarios deben andar con pies de plomo. Sobre todo en un contexto en el que se desacelera el crecimiento de la economía, cuyo motor se verá afectado por las consecuencias de la sequía.

Así las cosas, gana protagonismo Guillermo Moreno, el hombre que desde la Secretaría de Comercio Interior —y por control remoto también desde la de Comercio Exterior— se ha convertido en un auténtico filtro en materia de importaciones. Ya lo saben los brasileños y lo sabrán, con seguridad, los editores de diarios.

Por esas medidas defensivas deberían ser contrapesadas con más creatividad para mantener la recaudación, siguiendo la pauta alcista de la inflación. No extraña que el Gobierno prepare, en este marco, un proyecto de ley para gravar la renta financiera, una vieja demanda de sectores progresistas reflotada ahora por el imperio de la necesidad.

El debate abierto en torno a la megaminería en Famatina plantea la misma disyuntiva: ¿Cómo hacer para mejorar los ingresos del Estado en un contexto complicado? ¿Es válido hacerlo aún desoyendo las demandas de la sociedad? Son preguntas que deben rondar los pensamientos del gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera.

Malvinas, presente

Este año se cumplirán exactamente 30 años de la guerra de las islas Malvinas. La discusión sobre la soberanía parece más abierta que nunca, pese al negacionismo de Gran Bretaña. El insólito exabrupto del primer ministro David Cameron, que calificó a la Argentina de colonialista, no hace más que comprobarlo.

El debate, que hace tiempo trascendió las fronteras argentinas y se instaló con fuerza en los foros internacionales, tiene también un condimento político innegable: los gobernantes suelen apelar a temas de índole unificador en momentos complicados. Esta "regla no escrita" se verifica ahora con ambos países.

Mientras tanto, los problemas de la gente corren por carriles paralelos. Se vio con claridad la semana que pasó en el hospital Santojanni porteño, donde la irrupción de un grupo de barrabravas demostró como tanto el Estado nacional como el de la Ciudad habían defeccionado de brindar seguridad a la institución.

La Presidenta y el jefe de Gobierno Mauricio Macri son —junto al gobernador Scioli— los dirigentes con mejor imagen en la política argentina actual. Ambos tienen grandes márgenes de aprobación en sus gestiones. Nada debería impedirles sentarse a una misma mesa a solucionar los problemas de los ciudadanos. 

Mariano Spezzapria
NA