Atravesada por la renovada demanda de soberanía de las islas Malvinas y el acalorado debate en torno a la minería, la sociedad argentina formula por estos días un reordenamiento de sus prioridades, ya que las inquietudes económicas desplazan por primera vez en mucho tiempo a la inseguridad como principal tema de preocupación colectiva.

El fenómeno social fue detectado por las últimas encuestas, en números que manejan tanto el Gobierno como la oposición. Los gráficos son elocuentes y reflejan que los problemas económicos, sumados, alteran más el ánimo de los argentinos que la reiteración de hechos delictivos, aunque estos sean transmitidos prácticamente en "cadena nacional".

De hecho, en muchos casos la inseguridad pasó a ser percibida como un problema político. La provincia de Buenos Aires, donde aflora una disputa entre sectores del propio oficialismo, ofrece en este sentido el ejemplo más concreto. La sigue de cerca la pelea entre macristas y kirchneristas en la Capital Federal.

En esta coyuntura, más incertidumbre provoca entre los argentinos la cuestión irresuelta de la inflación, percibida de manera unánime, más allá de las simpatías políticas. A esa preocupación central se agregan otras, vinculadas más recientemente a las tarifas de servicios y el transporte público.

El Gobierno nacional sigue embarcado en su política de "sintonía fina", buscando estabilizar un proceso económico que se vio amenazado, pocas semanas atrás, por una preocupante fuga de capitales. El nuevo escollo lo representa el inicio de la ronda de paritarias que fijarán los aumentos salariales para este año.

Las primeras cartas de esas paritarias fueron jugadas pocas horas atrás, cuando la administración kirchnerista ofreció a los docentes un aumento salarial del 18 por ciento, lo que fue rechazado de plano por los gremios, que reclaman un incremento del 28 por ciento. Las negociaciones seguirán el próximo martes.

"Al final todo va a cerrar en el orden del 24 o 25 por ciento. La economía va a crecer menos que años anteriores, lo que nos va a ayudar para calmar la inflación", evaluó un dirigente kirchnerista, en un alto de sus conversaciones telefónicas para organizar un acto de apoyo a la presidenta Cristina Kirchner.

El acto, inicialmente previsto para el mes próximo, tendrá por objetivo ratificar el poder de movilización del oficialismo, pese a la deserción de figuras clave como el jefe de la CGT, Hugo Moyano. "El Negro ya forma parte del pasado para el Gobierno", sentenció el dirigente consultado por este columnista.

Hizo notar, en la misma línea, que en su momento Moyano obtuvo la reelección en la CGT "gracias a Néstor (Kirchner), que arregló con (el secretario general de los Empleados de Comercio, Armando) Cavalieri". Y lanzó un desafío al jefe de los Camioneros: "Si quiere seguir, tendrá que conseguir solo a los congresales".

El kirchnerismo es conciente, sin embargo, de lo difícil que le será encumbrar a un secretario general alternativo a la conducción de Moyano. A tal punto que todavía no designa un candidato "para que no resulte dañado". Pero todos los caminos conducen a la Unión Obrera Metalúrgica, aunque no necesariamente a su jefe Antonio Caló.

"El problema de Moyano es para quién acumulará en términos políticos", sostuvo el dirigente y aunque no lo precisó, resultó fácil entender que se refería a la reunión de dos horas que el Camionero había mantenido un día antes con el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, ante quien ratificó su salida del PJ.

Dicho esto, dio por terminada la conversación al recibir un llamado de Máximo Kirchner. El hijo de la Presidenta se encuentra activo en términos políticos, aunque viaje poco a Buenos Aires. Uno de los funcionarios que le reportan en forma cotidiana es el viceministro de Economía, Axel Kicillof, vinculado a la agrupación La Cámpora.

Kicillof es un actor central del conflicto entablado por el Gobierno con la petrolera Repsol YPF. El joven economista es fuente de consulta de la Presidenta y quien asume la postura más dura con los accionistas españoles de la compañía, en detrimento de funcionarios más moderados en este caso como el ministro de Planificación, Julio De Vido.

Pero la creciente tensión entre el Gobierno y Repsol YPF no sería un episodio aislado para las empresas de capitales españoles en la Argentina, puesto que la Casa Rosada también puso bajo la lupa el comportamiento de otras compañías de ese origen, especialmente los de Gas Natural BAN. La lógica oficialista acusa a estas empresas de haber privilegiado la remisión de utilidades a Madrid antes que la inversión en la Argentina. "A ver si estos se creen que nosotros vamos a financiar a la derecha española", disparó un funcionario involucrado en el pleito.

Mientras esto sucede, el Estado argentino acaba de realizar ante la ONU una denuncia por la creciente militarización del Atlántico Sur, que atribuye a Gran Bretaña. La presentación que hizo el canciller Héctor Timerman completó con elementos concretos la idea que había esbozado la Presidenta en un acto en la Casa Rosada.

Se trata de un tema delicado, que exalta las pasiones y confunde a algunos, como lo evidenció la brutal agresión al diputado oficialista José María Díaz Bancalari en la puerta de la Rosada. El legislador tiene antecedentes cardíacos y terminó internado para un chequeo en la fundación Favaloro.

A miles de kilómetros de allí, en el noroeste argentino, también se exaltan las pasiones, debido al fuerte debate instalado en torno a la actividad minera. En sintonía con varios mandatarios provinciales justicialistas, el Gobierno defiende al sector y atribuye las manifestaciones a sectores de la oposición.

Pero incurre en una sobreactuación preocupante, como la que llevó a exponer a la Presidenta a dialogar con un supuesto minero que sugestivamente hizo suyos los argumentos de las compañías trasnacionales. "Vox populi, vox dei", dijo Cristina al cerrar esa conversación.

Mariano Spezzapria
NA