Ya hemos sostenido en este medio que Mauricio Macri violó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires al suscribir un convenio que iniciaba el traspaso de subtes y ponerlo en ejecución sin la previa aprobación de la Legislatura local. En efecto, el convenio en cuestión era sólo el inicio del malogrado traspaso, y ponía en cabeza de la Ciudad de Buenos Aires nada menos que la potestad tarifaria. Así, el Jefe de Gobierno ejerció dicha potestad llevando el pasaje de subte a $ 2,50.

Ahora bien, al suspender el proceso de traspaso, sostuvo Macri en su carta a De Vido que "Decisiones unilaterales adoptadas por el Poder Ejecutivo nacional que resultan contrarias a compromisos asumidos, impiden objetivamente la transferencia e imponen la suspensión del proceso iniciado.

En consecuencia, corresponde que la potestad tarifaria continúe siendo ejercida por el Poder Ejecutivo Nacional" El ministro Julio De Vido, por su parte, al remitir la carta de respuesta, alude al Decreto Nº 27/2012 del Sr. Jefe de Gobierno, mediante el cual dispuso el aumento tarifario con fundamento en que “…se procedió a ratificar por parte de la Ciudad la decisión de aceptar la transferencia de la Concesión de la Red de Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires…”. De este modo, y desde el punto de vista de la argumentación política, Macri ha quedado atrapado en su propia ilegalidad.

En efecto, el Jefe de Gobierno porteño consideró cerrado el acuerdo sin intervención de la Legislatura para poder fijar a su arbitrio y de modo inconsulto la nueva tarifa de subtes. Y ahora, que necesita desprenderse del servicio, pareciera que no le atribuye al acuerdo la fuerza jurídica que en su propio decreto le había otorgado.

Ahora bien, más allá de la discusión política, la realidad es que no puede imponérsele a la Ciudad de Buenos Aires la vigencia de un convenio que carece del requisito de ratificación legislativa. Sin esa ratificación, la Ciudad no ha aceptado constitucionalmente el traspaso, y poco importa lo que digan al respecto el Jefe de Gobierno o el Ministro de Planificación.

Por su parte, el kirchnerismo de la Ciudad de Buenos Aires y sus aliados parecieran no estar tan activos como antes en su lucha contra el incremento tarifario del subte y contra el avasallamiento de las instituciones locales. En efecto, habiendo renunciado Macri al ejercicio de la potestad tarifaria: ¿Qué le impide a la Nación hacerse cargo de dicha atribución y fijar la tarifa del subte en un monto razonable?

Más aún, ¿qué le impide al kirchnerismo local pronunciarse en este mismo sentido? ¿Será que ya no es tan grave el impacto que produjo este aumento en el bolsillo de los trabajadores?

Y continuando con el mismo razonamiento, si Macri ya no quería hacerse cargo del subte, ¿para qué necesitaba mantener el aumento de la tarifa? Un solo decreto, antes de devolver la potestad tarifaria, hubiera bastado para llevar el pasaje a su precio anterior.

En definitiva, el gobierno nacional se ha encontrado con un hecho inédito en su dilatada trayectoria de maltrato a las instituciones.

Por primera vez, su caja se ve favorecida mediante el accionar ilícito de un adversario y casi sin apelar a ilicitudes propias. Con enemigos así, ¿quién necesita amigos?

José Lucas Magioncalda