Un grave conflicto se ha suscitado en la Ciudad de Buenos Aires en relación al cierre de cursos en el ámbito de la educación pública estatal.

El gobierno porteño argumenta que cierra cursos primarios, secundarios y técnicos para generar espacios destinados al nivel inicial (jardín de infantes y preescolar) y para reasignar docentes del norte de la Ciudad hacia la zona sur, donde los niveles de hacinamiento en las aulas son más pronunciados que en la zona norte.

En realidad, ambos argumentos ni siquiera merecen ser catalogados de excusas. El objetivo es claro: reducir el gasto en educación pública.

¿Puede creer alguien, seriamente, que dentro de un establecimiento educativo se puede habilitar un aula “ganada” a los niveles primario, secundario o técnico, para que funcione un jardín? ¿Cómo sería la separación edilicia que requiere una utilización tan dispar de un edificio destinado a la enseñanza primaria, secundaria o terciaria, en el que se introduce a niños de jardín de infantes?

Por otra parte, en una de las causas iniciadas contra el cierre de cursos por la ONG que preside el autor de esta nota, sostuvo la Asesoría Tutelar en un brillante dictamen cuya lectura se aconseja, que “si el gobierno tuviera la real intención de mejorar la situación de la educación en la zona sur, cuenta con los recursos necesarios para realizar obras nuevas o de ampliación de las escuelas ya existentes. Sin embargo, no utiliza los recursos asignados y dispone del cierre de aulas y secciones bajo la excusa de que ello es necesario para garantizar la educación en los barrios de mayor vulnerabilidad social”. (“Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociación Civil c/GCBA s/Amparo” – Expte. 43.954/0 – Juzgado CAyT Nº 10, Sec. 19). En efecto, como es de público conocimiento, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha venido incrementando el “ahorro educativo” mediante la progresiva subejecución del presupuesto que al efecto le asigna la Legislatura local.

En definitiva, esta idea de empobrecer equitativamente la educación, sacando docentes del norte para designarlos en el sur, en vez de nombrar nuevos docentes de acuerdo a las necesidades de cada sector de la Ciudad, constituye la ratificación de un concepto desintegrador de la sociedad: el concepto de que la educación pública debe ser para los pobres. En el dictamen anteriormente mencionado, sostiene la Asesoría Tutelar que: “El deber del Estado de prestar un servicio educativo público de calidad posee un fuerte fundamento igualitario. En este sentido, el Estado a través de la educación pública, cumple una función esencialmente igualadora, puesto que los niños, niñas y adolescentes, cualquiera sea su origen social y económico, deben recibir igual educación e iguales herramientas para su desarrollo. De este modo, la educación basada en los principios de gratuidad y equidad, tiende a asegurar la igualdad de oportunidades de las personas. El lugar institucional para lograr aquello no es sino el sistema educativo público donde, al menos en términos ideales, niños, niñas y adolescentes de todas las clases sociales, con diferentes tradiciones culturales, religiosas, etc., comparten, en igualdad de condiciones, el proceso de formación educativa.”

Pero además de lo expuesto, cabe destacar que la Ley 26.206 (denominada Ley de Educación Nacional) en su artículo 28, establece que “Las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel por la presente ley”. Esta norma, sancionada y promulgada en diciembre de 2006 pareciera haber sido olvidada por todos los estados provinciales obligados a cumplirla y, demás está decirlo, por el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  En efecto, dentro del sistema público de todo el país, la jornada completa es un privilegio para pocos, lo cual no es un tema menor. Porque cuando los gobiernos provinciales se felicitan por haber logrado determinada cantidad de días de clase al año, esconden, en realidad, que mayoritariamente la educación pública, medida en horas, realiza una prestación sustancialmente inferior a la que reciben quienes acceden a escuelas privadas de jornada completa. En este contexto, la decisión de cerrar cursos no sólo constituye un freno al cumplimiento de la Ley de Educación Nacional, sino que va en su detrimento, la contradice, elimina recursos que, lejos de desaparecer, deberían multiplicarse para brindar una educación masiva y de calidad.

En definitiva, una educación pública para todos implica que quien llegue a la educación privada lo haga por convicción, y no porque las condiciones edilicias, la falta de vacantes, la insuficiente oferta de escuelas con jornada completa y demás dificultades no atendidas por los gobiernos, determinen la expulsión del sistema público de miles y miles de argentinos. ¿En qué otra función más importante que la de integrar, educar y brindar igualdad de oportunidades debiera poner el Estado los dineros públicos?

Podremos ser, en el futuro, ciudadanos instruidos de una Nación desarrollada o súbditos predispuestos a la tiranía. Pero la decisión se toma hoy, cada vez que un gobernante decide en qué invierte el Estado.

José Lucas Magioncalda