Los gobernadores de Chubut, Martín Buzzi, y de Santa Cruz, Daniel Peralta, mantuvieron un encuentro en Río Gallegos para ultimar los detalles de un acto que se realizaría el próximo miércoles y en el que se anunciaría la decisión de quitarle áreas petroleras a la empresa YPF.

"La situación está llegando a un punto límite", aseguró Buzzi tras el encuentro, que tuvo lugar el viernes en la capital de Santa Cruz, en tanto que el acto sería convocado en el puesto policial Ramón Santos, ubicado sobre la Ruta Nacional 3, en el límite entre ambas provincias.

Tras la reunión se difundió una copia de las invitaciones para el acto, del que participarían todos los gobernadores que integran la flamante Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). Según versiones periodísticas publicadas por el diario El Chubut, Buzzi viajó a Santa Cruz acompañado por el fiscal de Estado de Chubut, Blas Mesa Evans, junto con quien avanzó en los detalles legales de la ofensiva contra la empresa petrolera.

A la decisión de Buzzi y Peralta podría sumarse también el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, quien ayer se sumó a la ofensiva de la Casa Rosada y de otras provincias productoras del país e intimó a la petrolera YPF a aumentar las inversiones y acrecentar las operaciones en ese distrito, bajo advertencia de quitarle las concesiones. En el caso de Chubut, el gobierno provincial fijó la semana pasada un plazo de siete días para que YPF presente un plan de inversiones que lleve a una mayor producción de hidrocarburos.

Ese plazo vence el próximo martes 13, es decir un día antes del acto que se estaría programando para anunciar la "reversión de áreas petroleras". Ayer, Buzzi aseguró que ayudará al Gobieno nacional "en todo lo que pueda" aunque relativizó la posibilidad de formar parte personalmente de una posible "intervención" de YPF. "Estamos en un escenario en el que todo el tiempo se suman nuevos elementos", admitió Buzzi, pero señaló: "el compromiso personal y el que asumimos con Gustavo (Mac Karthy) es gobernar la provincia de Chubut".

Agregó: "cualquier otra cuestión escapa a lo nuestro; el Gobierno tendrá toda la colaboración y lo que nos pidan pero, concretamente, sin duda que estamos enfocados en el gobierno de la provincia". Buzzi sostuvo que su gestión está "defendiendo el patrimonio del Estado y de los bienes que son públicos, porque en definitiva el subsuelo es patrimonio del Estado y de todos".

"Cualquier otra iniciativa que tenga que ver con modificar el estatus de la petrolera será una decisión que tomará la presidente y su equipo de gobierno; está en sus ámbitos de competencia", explicó. "Lo de YPF es un camino trazado y no hemos visto ninguna reacción que permita cambiar la política que venimos llevando adelante con las intimaciones", se quejó Buzzi, quien advirtió: "de no mediar nada, tampoco nada de lo trazado se va a modificar".

Por su parte, en declaraciones periodísticas, el diputado kirchnerista Mario Pais destacó que la administración Buzzi "se encuentra realizando las gestiones necesarias para estar a las alturas de las circunstancias en lo que respecta al bienestar y a las necesidades tanto de los chubutenses como de la Nación". "En momentos en que el país debe importar 10.000 millones de dólares anuales en combustibles debido a una producción que no creció al mismo ritmo que la actividad industrial", dijo.

También este viernes el gobierno de Neuquén le otorgó un plazo de siete días a YPF para que le presente un plan de acción tendiente a revertir la situación de tres áreas de explotación de la Cuenca Neuquina que opera la compañía y permanecen "sin producción ni inversiones comprobables". Se trata de las áreas Don Ruiz, Chihuido de la Salina y Rincón del Mangrullo, según consta en una nota que el Gobierno local le envió a la empresa, firmada por el subsecretario de Minería e Hidrocarburos, Héctor Mendiberri.

Esta semana, el cruce entre el Gobierno e YPF sumó un nuevo capítulo cuando el representante del Poder Ejecutivo en el directorio de la firma, Roberto Baratta, se opuso a la aprobación del balance del 2011 por "no reflejar" adecuadamente la situación económica y financiera de la compañía.

NA