Este viernes, el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, formuló una denuncia penal contra la presidenta de la Casa de la Moneda, Katya Soledad Daura, el Gerente General de esa institución, Enrique Saliva, y el Jefe de Seguridad de la entidad, Coronel Héctor Desmaras, por defraudación a la administración pública y violación de los deberes de funcionario público.

La causa lleva el número 2823/12 con intervención del Juzgado Federal Nro. 3, cuyo titular es el juez Daniel Rafecas.

Según la denuncia y la documentación presentada, Daura habría permitido la extracción —desde la entidad que preside— de insumos claves y estratégicos, tinta ópticamente variable (OVI, “Optically Variable Ink”) y cargamento de papel específico —elementos clave para garantizar la seguridad de la emisión monetaria de billetes de $100— a  la ex Ciccone Calcográfica, durante la última semana de diciembre, según informó oportunamente diario La Nación en febrero pasado. 

El letrado sostuvo que la Casa de la Moneda le habría entregado a Compañía de Valores Sudamericana (CVS), ex Ciccone Calcográfica, varios insumos a fin de  realizar pruebas de impresión de billetes ante un futuro contrato  por 50 millones de dólares para imprimir papel moneda.

“La Señora Presidente de la Casa de la Moneda tiene muchas explicaciones que dar y la Justicia debe instar una investigación que deslinde las responsabilidades penales y la conexión que podría tener esta pesquisa con el affaire Boudou – Ciccone Calcográfica, postulándose en su caso, la radicación por conexidad con la citada causa que ya instruye el Juez”, señaló Kalbermatten a Tribuna de Periodistas, quien además requirió un allanamiento en esa institución encargada de la fabricación y circulación de la moneda de curso legal en el país.

 “Es a efectos de encontrar y secuestrar toda documentación, libros, papel, soporte informático, magnético, digital o similar relacionada con esta denuncia. También las cintas de video de las cámaras de seguridad instaladas en el edificio para acreditar cómo fue la salida clandestina de los insumos”, agregó el letrado.

Kalbermatten también pidió se cite a prestar declaración testimonial a la actual presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó Del Pont, para que dé explicaciones en cuanto a si autorizó o no la extracción de los insumos o señale mediante cuál o cuáles actos administrativos o normativa específica se produjeron. También de Juan Carlos Pezoa, Secretario de Hacienda; Ariel Rebello, ex titular del Organismo Casa de la Moneda, quien fue desplazado por Daura; Fabián Arregui, ex Subgerente de Pagos de esa entidad; Benigno Vélez, ex Gerente General del Banco Central y Mario Enrici, actual encargado de las decisiones del área.

Según el letrado, los testigos deberán explicar el destino y justificación de los insumos extraídos, su utilización, ubicación actual y específicamente, cuántas unidades de papel moneda podrían fabricarse con los insumos sustraídos, ya que su desaparición podría dar lugar a la falsificación de moneda con apariencia legítima.

“La denuncia está documentada con sólidas razones que la sustentan, si no prospera por fines políticos, recurriremos a la Corte Suprema”, adelantó Kalbermatten

Denuncia Penal (Daura- Casa de La Moneda)

Katya Soledad Daur, tiene 37 años, es oriunda de Posadas y fue nombrada en su cargo en febrero de 2011, reemplazando a Ariel Rebello, quién había quedado en el ojo de la tormenta por la crisis de los faltantes de billetes de 100 pesos, a fines del año anterior.

Daura es una funcionaria de confianza del ex ministro de Economía, Amado Boudou, ya que solía ser la gerenta de contrataciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Es esposa del director general de administración de Economía, Manuel Somoza.

En enero de 2010, Daura quedó expuesta por la polémica desatada cuando se conoció la contratación directa por 42 millones de pesos a una empresa encargada de vender fotocopiadoras (Digital Copiers), para que imprimiera las libretas de la Asignación Universal por Hijo. Operación realizada sin licitación y en sólo 48 horas. Según el organismo fue una contratación directa porque "se trató de una compra de urgencia".

José María González