La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo”, con el voto conjunto de su presidente Ricardo Lorenzetti, de su vicepresidenta Elena Highton de Nolasco y de los jueces Carlos Fayt, Maqueda y Eugenio Zaffaroni, revocó una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ordenó al gobierno local que garantice a una madre y su hijo discapacitado, que se encontraban en “situación de calle”, un alojamiento con condiciones edilicias adecuadas, sin perjuicio de contemplar su inclusión en algún programa de vivienda en curso o futuro para la solución permanente de la situación de excepcional necesidad planteada.

Según publica el sitio PortalBA, el Alto Tribunal dispuso también que el gobierno porteño deberá asegurar la atención y el cuidado del niño y proveer a la madre el asesoramiento y la orientación necesaria para la solución de su problemática habitacional.

“La Corte resolvió además mantener una medida cautelar que exige otorgar al grupo familiar un subsidio que le permita abonar en forma íntegra un alojamiento en condiciones dignas de habitabilidad”, cuenta PortalBA.

El caso analizado dio comienzo cuando la mujer, que es residente en la ciudad desde el año 2000, inició una acción de amparo con el objeto de que el Gobierno de la Capital Federal la incluyera, junto con su hijo menor de edad —que sufre una discapacidad motriz, visual, auditiva y social producida por una encefalopatía crónica no evolutiva— en los programas gubernamentales vigentes en materia de vivienda y le proporcionara alguna alternativa para salir de la “situación de calle” en la que se encontraba. 

Hay que mencionar que anteriormente una magistrada porteña había declarado nulo un decreto de Macri que rechazaba la ley que afectaba a la construcción de viviendas sociales un edificio, un real talón de Aquiles en el gobierno de este último.

La jueza Alejandra Petrella comprobó que el veto dictado por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, estaba fuera del plazo legal, por lo tanto la Ley 4123 que declaraba al edificio de Gascón 123, propiedad del Estado porteño, afectado a la construcción de viviendas sociales, anulada en enero último, queda vigente.

Fue la primera vez que la Justicia porteña anuló un veto de Mauricio Macri. La Ley 4123, que había sido impulsada por la diputada María Elena Naddeo, fue parte de la anulación en masa de leyes que habían sido aprobadas en las sesiones de noviembre y diciembre, muchas de ellas por los propios diputados del PRO.

“Es un paso adelante en el cumplimiento del derecho a la vivienda de las familias que están en este edificio desde hace 30 años. La justicia está modificando una decisión arbitraria del Gobierno porteño, Gascón 123 tiene que ser reconocida como vivienda social por la ciudad, ya lo declaro así la Legislatura”, expresó Naddeo.

La jueza hizo lugar a la presentación de la asociación civil que representa a los vecinos, habitantes desde hace treinta años de ese inmueble, quienes sostenían que el decreto de veto había sido dictado un día después del plazo fijado por la Constitución de la Ciudad. Al igual que la fiscal Mariana Pucciarello y la asesora titular Mabel López Oliva, la jueza consideró que el veto es "extemporáneo" y por lo tanto "inexistente".

José María González