La suntuosidad de las propiedades K en el Calafate son el equivalente a los fastos de Menem en Anillaco. No es que el tema sea remanido y se machaque siempre sobre lo mismo. Es que a pesar de que ya transcurrieron 6 años de uno de los casos más escandalosos de dilapidación de bienes públicos, nadie con poder de decisión y responsabilidad para actuar hizo nada por esclarecer el hecho.
Por eso cada día que transcurre en medio de la desidia e impunidad con que el gobierno apuesta a la desmemoria, a que el caso se olvide, caiga en ejercicio vencido; hace que cada vez que se hable de la compra irregular de tierras fiscales en El Calafate por parte de funcionarios y allegados al poder, la cosa adquiera mayor relevancia.
Y si además sobre el tema pone la lupa un periodista duro y con un enorme crédito y capacidad para contar como Jorge Lanata, y lo hace a través de la televisión abierta para todo el país, la información se multiplica hasta los primeros niveles de masividad.
“El informe no aportó nada nuevo” señalaron algunos colegas de Santa Cruz. Como si el caso de la compra de tierras fiscales en El Calafate por parte de funcionarios K hubiese sido moneda corriente en la prensa local, y hubiese saturado las tapas de los diarios, y fatigado al lector o al televidente por sobredosis de información.
El efecto que provocó esta noticia difundida en un medio masivo nacional como es canal 13 es el mismo que provocaría si ese medio u otro de alcance similar incluido la televisión pública, difundiera otros tantos temas que en la provincia aún permanecen ocultos y que no por eso dejaron de existir. Los fondos de Santa Cruz; el caso Sosa; el escandaloso reparto de la publicidad oficial; el enriquecimiento súbito de los funcionarios; las reformas constitucionales; son una marca registrada en la provincia de los dos presidentes. Como los fastos de Menem en Anillaco.
Hay que inferir entonces que la noticia en el caso de las tierras K de El Calafate está dada justamente porque no hay novedades. “¿Pasó algo con el tema de los terrenos fiscales en El Calafate?” “Nada, el expediente está planchado” Suele escucharse entre periodistas.
Es poner en evidencia que la justicia no investigó, la municipalidad no revisó, y los involucrados no se dieron por aludidos ni siquiera para defenderse de la sospecha de corrupción que cae sobre ellos.
Pero la mugre sigue bajo la alfombra y los muertos en el placard ya huelen a infierno. Y las evidencias son cada vez más evidentes.
Que Néstor Méndez montó su vivienda particular y su hotel de 60 camas en un terreno municipal, que se auto vendió cuando era intendente, en El Calafate no puede ser ignorado por nadie que quiera enterarse.
Que el ex presidente Néstor Kirchner hizo un negocio millonario en dólares con un terreno fiscal que hoy está abandonado en el casco de la ciudad es una verdad apabullante. Sobre todo porque cuando se ingresa a la villa turística por una de las dos vías de ingreso, hay que hacerlo por la pista del aeropuerto viejo en cuya margen derecha se encuentran las dos hectáreas que originalmente pertenecían a la Fuerza Aérea y que Kirchner compró a valor fiscal luego de traspasarlas al municipio, y después revendió a la firma Cencosud.
¿Cómo ignorar las estancias de Lázaro Baez si son parte del paisaje a la vera de la ruta 40 y Cruz Aike recibe al viajante como si fuera un espejismo verde y frondoso al final de la cuesta de Miguez?
Que Cristina Fernández posee cerca de doscientos mil metros cuadrados de tierras calafateñas es inocultable, porque no hay modo de atravesar la ciudad sin pisar un metro cuadrado de suelo que no le pertenezca.
Por más que El juez Carlos Narvarte, inicialmente, haya ratificado a Natalia Mercado como fiscal de la causa que la tiene a ella como parte y que el Juez de recursos Rubén Lobo haya hecho causa común con sus colegas. El largo brazo de la ley abraza a los suyos.
Natalia Mercado no solo tiene vínculos familiares con los involucrados en la causa que tiene que tramitar, sino que además forma parte del club de beneficiarios del loteo discrecional.
Por más que la jueza federal Ana Álvarez haya intentado desentenderse de la causa argumentando razones de jurisdiccionalidad.
Por más que la mayoría de la prensa local siga omitiendo el tema porque no hay forma de entrarle sin rozar a un funcionario, político, empresario poderoso, cura, diputado, concejal, y no sufrir las consecuencias.
No se podrá ocultar el caso de las tierras K en El Calafate porque después vinieron los hoteles, las casas fastuosas, las estancias, los negocios malhabidos, los predios baldíos, y porque aún permanecen pendientes miles de solicitudes de tierra por parte de vecinos necesitados.
¿Cuántos terrenos fueron efectivamente ocupados? ¿Cuántos funcionarios están construyendo sus casas familiares o pusieron en marcha un emprendimiento sobre esas tierras? ¿Cuántos revolearon esos lotes para llevarse una diferencia al bolsillo?
¿Fue solo producto de la casualidad que los destinatarios de esas tierras pertenezcan o sean allegados al gobierno, respondan al mismo partido, sean parientes, o amigos entre sí? ¿Que se hayan constituido en una suerte de consorcio, de club de amigos de compras, en un círculo cerrado?
¿Es casual que la obra pública haya sido direccionada hacia la zona de punta soberana mejorando ostensiblemente el valor de los lotes?
¿La actual gestión municipal continúa con la misma práctica en el reparto de tierras? ¿Porqué Néstor Méndez ante las cámaras de Jorge Lanata bramó, “porqué no lo van a ver al intendente a ver cuántos terrenos entregó él?” Habrá que preguntarle a Javier Belloni entonces.
Ni el más entusiasta y producido relato oficial, podrá tapar tanta verdad acumulada ni tantos interrogantes pendientes.
Héctor Barabino
OPI Santa Cruz