Tres años después del levantamiento popular del 19-20 de diciembre de 2001, la ayer vilipendiada clase política vernácula ha sobrevivido al vendaval de las cacerolas y sigue brindando en la cubierta de la veleidosa cotidianeidad. Observando con detenimiento el glamour de la corte pingüinera, los sucesos transcurridos en esas fechas parecen haber acontecido en Marte o en alguna galaxia lejana.

   Qué lejos parece la sonrisa Kolynos de Rodríguez Saá al momento de calzarse la banda presidencial, días antes de ser eyectado por el contubernio Duhalde-Alfonsín- De la Sota. Precisamente, el primero de ese terceto sería designado a dedo por un cónclave de popes justicialistas para garantizar que el corrupto sistema político no mordiera el polvo. “En enero de ese año que termina (se refiere al 2002), esa capacidad de recuperación de gerentes y políticos, esa astucia de prestidigitadores para transferir el equivalente de un corralito desde las clases bajas a las clases altas, parecían acotadas por el estado de asamblea, de cabildo abierto en que se encontraba la Calle. No es que las asambleas vecinales fueran “soviets” como dijo La Nación en un patético editorial, ni que el asalto al Palacio de Invierno estuviera pautado para el próximo jueves como creyeron algunos candorosos militantes de izquierda, sino simplemente que la política en serio (el interés por los asuntos vitales de la polis) había regresado a la Calle. En aquel maravilloso verano porteño se multiplicaron los espacios de encuentro, se dejó de lado el aislacionismo individualista fomentado por el terror de la dictadura y el sálvese quien pueda de la década menemista. En marzo funcionaban 112 asambleas en la Capital Federal y 272 en todo el país. Los encuentros sobre el césped del Parque Centenario, que arrancaron con 300 ciudadanos el segundo domingo de enero y llegaron a sumar más de 3000 en abril, renovaron esperanzas de fraternidad que parecían perimidas; su agotamiento posterior no convalida la huella que dejaron en muchas conciencias. Por algo Duhalde les lanzó en marzo su anatema: “La forma que tiene la ciudadanía de expresarse es con el voto. Creo que tienen que organizarse los sectores que están en queja. Aquellos que dicen 'que se vayan todos' no aportan absolutamente ninguna solución”.

    Mal le hubiera ido si los que pedían su cesantía se hubieran organizado. Para evitar esa organización que el Jefe proclamaba retóricamente, el aparato bonaerense primero practicó una represión en sordina que secuestró, golpeó y amenazó a los asambleístas del conurbano para dar el salto cualitativo con el asesinato de los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. El blanco principal fueron las asambleas vecinales del Gran Buenos Aires, que denunciaban la escandalosa corrupción de los intendentes, los alfiles del duhaldismo.

    El 2 de enero, cuando asumió Duhalde, las patotas del PJ bonaerense restablecieron la vieja liturgia de la cadena y el macartismo para “fajar a los zurdos” y expulsarlos de la Calle. En el fondo, no les preocupaban puntualmente los militantes de tal o cual partido de izquierda, sino la posibilidad de que ese término anómico patrocinado por los medios “la gente” volviera a convertirse en “pueblo”; es decir, en sujetos de su propio destino”, según afirma Miguel Bonasso en El Palacio y la Calle.

    En el 3 aniversario del denominado Argentinazo, sólo los denominados piqueteros duros por la corporación mediática nacional junto con pocos gremios, mantienen un alto nivel movilizatorio frente a la inercia progresiva de gran parte de la población apolítica.

    Recientemente en una encuesta publicada por el matutino La Nación, se hacía constancia de la masiva indiferencia de los jóvenes y adolescentes hacia todo tipo de participación política. Manifestando un crudo contraste con 1983, año de la restauración democrática, la desazón y el desengaño dinamitó las ganas de nutrir las carcomidas estructuras de los partidos tradicionales de la gran masa juvenil de estas playas.

    Sólo a nivel secundario y universitario, donde las fuerzas de izquierda lograron desplazar de sus conducciones tanto a las huestes radicales y justicialistas, la organización sigue siendo fuerte, encausando ésta en los reclamos por la derogación de la ley federal de educación, el aumento del presupuesto para la educación y la participación de los estudiantes en el diseño de los planes de estudio.


Lo que no se ve, no existe

   Durante la dictadura militar de 1976, la represión clandestina jamás fue tapa de los diarios. En la Argentina K, para la gran mayoría de los medios no existe ni existirá ni represión a los integrantes de las organizaciones de desocupados, ni hay ningún preso político. Como lo atestiguó en exteriores Sergio Lapegue de TN, quien en el caluroso mediodía del jueves 23 de diciembre manifestó que “lo que ellos dicen la represión para garantizar la tranquilidad del resto de las personas, y la libre circulación del tránsito”. “Ellos” no son otros que los destinatarios de los gases, los palazos y la bomba que estalló hace un año en Plaza de Mayo. A las 15 horas de ese mismo día, en el citado histórico paseo porteño, tenía lugar una conferencia de prensa presidida por la titular de la CORREPI María del Carmen Verdú, en la que se señalaba que el presidente de la Nación se había negado a concederle una entrevista en la que se le entregaría un petitorio. El mismo resaltaba que “su gobierno y sus gobiernos provinciales tienen más presos políticos que ningún otro desde fines de la dictadura. Utilizan la SIDE y el Departamento de Seguridad de Estado de la PFA para espiar y amedrentar organizaciones y militantes populares, mientras se revelan absolutamente ineficaces para investigar los escuadrones de la muerte policiales.

    Utilizan policía disfrazada de civil perteneciente a los servicios de inteligencia estatales en las manifestaciones por reivindicaciones sociales, económicas, políticas, culturales, gremiales, estudiantiles, reclamos de los pueblos originarios y por la vigencia de los derechos humanos.

    Consideran delito la lucha ideológica de las organizaciones populares, criminalizando la protesta social. Fabrican figuras jurídicas para adjudicarle a las detenidas y detenidos, delitos no excarcelables en una táctica de control y persecución penal sobre la acción política de los sectores socialmente más vulnerables.
   Utilizan jueces corruptos como Juan José Galeano, garante de la impunidad de los responsables por el atentado a la AMIA, para encarcelar luchadores”.

    El proclamado endurecimiento llevado a cabo por Aníbal Fernández, desde fines de agosto pasado, estableció un cerco de hierro sobre las diferentes organizaciones sociales. Como saldo de esto, actualmente existen casi 40 detenidos por razones políticas y alrededor de 4000 procesados de igual índole.

    Con un flagrante y a la vez ridículo cerco informativo, que sólo deja pasar cotidianamente noticias halagüeñas y favorables al paraíso K, gran parte de la sociedad argentina se ha dejado vencer por la resignación y la apatía. Mientras la absolutamente autodesprestigiada clase política, que en sus buenos momentos deglutió pizza con champaña, sushi y ahora cordero patagónico, sigue subsistiendo detrás de las vallas separada de la realidad. 

Fernando Paolella