Este lunes y luego de que se conociera la decisión oficial de revelar los decretos del Ejecutivo, la Asociación por los Derechos Civiles, ADC, cuestionó los límites que incluye dicha desclasificación.

A cuatro días del 8N, se conoció por medio de un decreto publicado en el Boletín Oficial, la oportuna decisión de levantar el secreto de los decretos del Poder Ejecutivo, en el marco de la rezagada implementación de la ley de información pública. “Déjese sin efecto el carácter secreto o reservado de los decretos y decisiones administrativas dictados por el Poder Ejecutivo Nacional y por el Jefe De Gabinete De Ministros”, dice el decreto 2103/2012, aunque pone límites.

“Con excepción de aquellos que, a la fecha, ameriten mantener dicha clasificación de seguridad por razones de defensa nacional, seguridad interior o política exterior; y los relacionados con el conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal”, avisa.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) —que llevó adelante un caso en el que se cuestiona el mantenimiento del secreto sobre decretos de la dictadura— sostiene que la medida es insuficiente y que ratifica obstáculos legales existentes en vez de eliminarlos.

El decreto parece relevante para la causa Savoia c. Estado Nacional, que pronto deberá resolver la Corte Suprema de Justicia y que fue llevada adelante por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Allí se discute el acceso a 478 decretos secretos de la dictadura militar que fueron negados al periodista Claudio Savoia en numerosas oportunidades por el Poder Ejecutivo. El decreto publicado hoy, lamentablemente, lejos de garantizar el acceso a esos decretos ratifica el mismo tipo de obstáculos legales que fueron invocados por el Estado Nacional para negarlos.

“El decreto 2103/2012 insiste sobre el mantenimiento de excepciones genéricas al acceso a la información que le otorgan al Poder Ejecutivo nacional una excesiva discrecionalidad a la hora de determinar qué información es secreta y cual no”, sostiene la ADC, en relación a que continuarán reservados los decretos que ameriten mantener la clasificación de seguridad “por razones de defensa nacional, seguridad interior o política exterior; y los relacionados con el conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal”, según reza el decreto.

“Este mantenimiento de reserva reitera las excepciones del decreto 4/2010, que ordenó desclasificar la información de la última dictadura militar. Y esas excepciones son relevantes, ya que fueron invocadas por el Estado Nacional en la causa Savoia para negar el acceso a los decretos de la dictadura. En consecuencia, y lamentablemente, el decreto 2103/2012 no modifica en nada la situación de los decretos secretos de la dictadura militar. Lejos de remover los obstáculos legales o de interpretación que impedían su acceso, los ratifica”, indicó la ONG, agregando que “este tipo de soluciones parciales no son suficientes”.

José María González