A cuatro días del 8N, la Presidenta decretó un asunto clave para el acceso a la información pública, una de las materias pendientes más criticadas al gobierno nacional.

“Déjese sin efecto el carácter secreto o reservado de los decretos y decisiones administrativas dictados por el Poder Ejecutivo Nacional y por el Jefe De Gabinete De Ministros, respectivamente, con anterioridad a la vigencia de la presente medida”, publica hoy el Boletín Oficial de este lunes, en el decreto 2103/2012, y nombra las excepciones: “Con excepción de aquellos que, a la fecha, ameriten mantener dicha clasificación de seguridad por razones de defensa nacional, seguridad interior o política exterior; y los relacionados con el conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal.

El decreto considera que la Constitución Nacional, a través de los artículos 1°, 33 y concordantes, garantiza el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública.

También se basa en el Decreto Nº 1.172, aprobado por Néstor Kirchner el 3 de diciembre de 2003 y el cual contiene el “Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional”.

“A partir de la implementación del mencionado decreto se ha evidenciado un marcado interés en conocer las decisiones que adopta el poder político y que revisten el carácter de secreto o reservado, exceptuadas de ser informadas por dicho Reglamento”, dice el decreto publicado hoy.

Hay que recordar que el pedido por una ley nacional de Acceso a la Información Pública —fundamental para asegurar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información de los tres poderes del Estado— es un viejo reclamo por parte de organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y de periodistas. Si bien el tema se trató numerosas veces en el Recinto, la aprobación y puesta en marcha de la normativa aún no se concretó.

Según explicó oportunamente Chequeado.com, el primer intento por aprobar una Ley de Acceso a la Información Pública comenzó en el año 2001, cuando la Oficina Anticorrupción (OA) elaboró un proyecto en el que participaron ONG’s, periodistas y distintos funcionarios, entre otros. El mismo fue enviado al Congreso de la Nación por el entonces presidente Eduardo Duhalde en el año 2002 y fue aprobado en Diputados en mayo de 2003. En el Senado fue tratado un año después, cuando se aprobó con una revisión, lo que provocó que fuera enviado nuevamente a la Cámara baja. Allí, las disidencias entre el oficialismo y la oposición impidieron que se transformase en ley y perdió estado parlamentario en febrero de 2006.

A pesar de que la ley no se pudo aprobar, en diciembre de 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner, que recién asumía en su cargo, aprobó el Decreto 1172/2003 de Acceso a la Información Pública, que permite solicitar información al Poder Ejecutivo y a las instituciones que dependen de él. 

Finalmente, en 2010, el Senado decidió volver a discutirlo. En septiembre la Cámara alta dio media sanción al proyecto con 38 votos a favor y 26 en contra. Luego, fue girado a Diputados, donde no fue aprobado antes del cierre del período de sesiones ordinarias.

En la Cámara de Diputados, el proyecto obtuvo dictamen favorable en las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia. Sin embargo, se encuentra frenado en la Comisión de Presupuesto, y que si bien en 2011 se intentó tratarlo, el debate no prosperó luego de acusaciones mutuas entre oficialismo y oposición de no querer abordar el tema.

Si bien esta decisión es clave para el acceso a la información pública, muchas dependencias estatales no están cumpliendo con su obligación de informar en tiempo y forma, o directamente no lo hacen. Entre ellos, el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Planificación, la Oficina Nacional de Presupuesto, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, entre otros.

José María González