Que el gobierno de la presidenta Cristina Elizabet Fernández va a la deriva no se le escapa ni al más oficialista, en especial en las tertulias de café del microcentro, donde muchos menguan el “relato” para conservar las amistades.

Antes de ayer, sin mayores cambios, se supo del inminente desplazamiento “de hecho” del novel pero ya ex estrella K, viceministro Axel Kicillof, quien, tras un nuevo fracaso, sería movido y recalaría en el PAMI, obra social de los empobrecidos jubilados y pensionados argentinos.

Los desmanes que suma este muchacho, parecen haber tocado el “núcleo duro” del verdadero modelo, que no es otro de agarrarse del alto precio de la soja, ese “yuyito” que funciona como respirador artificial del referido modelo. Sus cambios en el sistema de subsidios y promociones de biodiesel lograron una retracción de producción y ventas, en consecuencia, la esencia energética del monocultivo corre peligro. Ahí retorna Julio de Vido, ex cajero de la corona, según dijo alguna vez la Diputada Elisa Carrió.

Otro caos en puerta es la pérdida de productividad y producción de YPF SA, ni aún con los lábiles acuerdos (a confirmar) con la Chevron americana, el Ingeniero Gallucio puede siquiera intentar aumentar la prospección, exploración y futura producción de petróleo.

Otro tema álgido es el de los subsidios, que no paran de crecer poniendo al borde de la explosión el sistema y, de ese modo, mantienen un sistema de “no producción” e indirectamente de desinversión que ya está haciendo tocar fondo algunos rubros, ello sumado a la inflación, y su correlato, la inflación dolarizada. Se prevé que el dólar “libre” o “blue” alcance los $7,80 o $8,40, según los analistas más o menos optimistas. Aún con cepo cambiario, y el BCRA comprando a un ritmo de 70/100 millones en días hábiles, el oficial no para de crecer, alcanzando la barrera de los $5 a fin de año, aún sin poder ser comprado. 

En la pugna de la renta, el salario saldrá perdedor por “K out” 

Así las cosas, con uno de los niveles inflacionarios más altos del mundo, con una corrida de costos brutal, con salarios que suben, pero que no le alcanzan al asalariado (aumentos que solo logran aumentar la recaudación oficial, el consumo “nominal” y solo queman actividades al volverlas improductivas para la patronal), solo cabe esperar una marcada retracción de la oferta del empleo, que se sumará a la retracción de la producción, dado que el mismo no puede acompañar el nivel de inflación (su poder adquisitivo es cada vez menor), pero tampoco es pagado por el sector privado, en consecuencia, se destruyen puestos de trabajo.

Al no existir una política de contención de la inflación, se sigue con los “para todos y todas”, los planes “descansar”, las computadoras que no educan sino entretienen, los gastos fastuosos en propaganda política, y el cúmulo de despilfarro con apariencia de políticas populares pero que luego se transforman en las principales barreras para el desarrollo de los mismos sectores que se dice defender, sectores que terminan rumiando y barruntando estas verdades cuando ya campea la crisis estallada, como pasó tanto en 1989, como en 2001. 

Tampoco cuenta el gobierno nacional con un plan de desarrollo, al contrario, se hace todo lo posible (directamente o de facto) para evitar la inversión, sea del tipo que sea. Tampoco se fomenta el ahorro, al punto que el reciente y ya famoso “bono YPF” no es más que una tomadura de pelo al público, con tasas de interés algo superiores a los bancos, pero sensiblemente inferiores a la inflación, que en 2013 no bajará del 35%.

En ese contexto, al parecer, la idea oficial es llamar al consenso, tanto a trabajadores como a comerciantes e industriales.

El primer error del Gobierno es no llamarse a sí mismo a dicho consenso o acuerdo económico social, por los siguientes motivos:

1) Su política anti productiva, dado que existe una marcada política de expulsión de la actividad privada, se desalienta a las empresas con altos impuestos y matonaje de la peor calaña, intervención en la Bolsa de Valores, impedimentos para pagar dividendos: La consecuencia de todo estos es la huida masiva de proyectos, que son capitalizados por los países vecinos, y además, la fuga (por todo tipo de medios) de capitales, fuga muy superior a la que se producía en los “malditos 90”.

2) Subsidios cruzados y mal orientados. Se ha dicho cientos de veces que los subsidios tienen un único destinatario y un solo fin: La persona humana, no se puede subsidiar empresas, porque estas colocan dicho monto como una variable ganada al estado, y un monto menos a obtener para la continuidad del giro comercial, se termina subsidiando directa o indirectamente las ganancias empresariales y/o las coimas o retornos que se dirigen a funcionarios inescrupulosos.

3) Déficit y anti federalismo. No solo un esquema deficitario es contraproducente por los intereses innecesarios que genera y los gastos que se producen que podrían ser excluidos, sino que esta administración ha acogotado todo lo posible a municipios y gobernaciones, o sea, pisoteado el federalismo. Ello, también considerando que tanto municipios como gobernaciones cumplen funciones y realizan gastos más cerca de las personas, con lo cual el déficit es transferido a las áreas gubernativas que se encarga de las tareas socialmente más relevantes, permitiendo que los fondos a salvo de dicho déficit sean manejados por la administración federal a discreción y sin controles. La Argentina ya es un país técnicamente unitario, en donde la administración federal se devora el 75% de los ingresos coparticipables, una monstruosidad.

4) Brutal desinversión y déficit energético. A lo ya dicho cabe acotar el problema energético, laberinto del cual se sale solo con plata, o sea con inversionistas con ambición de lucro, el “cuco” que esta administración desgrana a sus feligreses, discurso que estos devoran y que no es otro que vidrio molido.

5) Despilfarro público. La intervención del estado en la economía ha generado, no solo un ahogo del sector privado, sino, una presión impositiva inusitada. Ronda el 45% del total del PBI, y no solo eso, es una bomba de tiempo atento a que en estos nueve años ha anidado al menos 1 millón de empleados públicos improductivos y 2 millones de jubilados “de prepo” que nunca aportaron, una bomba de tiempo potencial para cualquier futuro administrador que proyecte un plan en serio para la Argentina de 20 o 30 años. No se escucha mucho hablar a la clase política de esto, cómo hará la Argentina para pagar jubilaciones que nunca ingresaron seriamente al sistema, más de un millón de demandas proyectadas que deberán ser satisfechas, en un país en el abismo de una crisis que aún no imaginamos en su complejidad.

Con estos cinco puntos, queda por resolver qué discutirán los otros dos actores (minoritarios, por cierto) en la entente que se pretende. Ya el Secretario “polirubro” Don Guillermo Moreno, le anticipó al metalúrgico Antonio Caló, jefe de la CGT Balcarce y sus adláteres, en ocasión de la primera reunión de aproximación que el gobierno del impuesto a las ganancias de la 4ta. Categoría no habla. Mal comienzo, respecto de un tema que los popes oficialistas lo ven como un 13% solapado, se hace referencia al 13% que descontó el ex presidente De La Rúa a los empleados públicos, pero, esta vez no solo la presidenta Cristina se beneficiará de un descuento en los ingresos (un reingreso sería en el caso del estado), sino que piensan realmente no hacer nada y de ese modo reembolsar los aumentos que se puedan dar, tanto en el sector público como privado.

Allí estaría la llave del ajuste del 2013, aunque no todas son rosas, en los sectores productivos se espera una batería de conflicto, increscendo.

Las cuentas no cierran

Ya sea por la vía de ajustes salariales escalonados y por debajo de la pauta inflacionaria, o de hacerse el tonto respecto de las deducciones los topes de la 4ta. Categoría del impuesto a las ganancias, que el Gobierno necesita reducir imperiosamente los salarios, no nominalmente, sino efectivamente, ya que no existe manera de ser competitivos. Hay que recordar que la quita del 13% que hizo la Alianza fue a la nómina pública, en cambio el accionar malicioso del gobierno actual lo está haciendo sobre el salario privado y sobre los costos de producción de todos y cada uno de los rubros.

La cuestión es que este esquema le cierra al estado, que aumenta indirectamente sus arcas, y que se reembolsa de buena parte del sueldo de los empelados públicos y privados.

Solo debería (en un exceso de perversidad) crear un sistema de compensaciones para el sector privado, para que lo retenido no termine deteriorando el nivel de competitividad, ya por el piso, convengamos, competitividad que en el futuro no guarda otra política que la torpe barrera aduanera. Solo les cabe en el futuro colocar más y más trabas a las importaciones. La triste realidad consiste en que con estos niveles de inflación ya no hay rubro industrial que pueda soportar los altos costos argentinos improductivos que paga altísimos salarios en dólares y que encima son salarios que no alcanzan para vivir. Es el camino del parate, la estaflación, en su segunda fase, el corte de la cadena de cheques que ya se vive y que incluirá una mayor destrucción de puestos de trabajo y una menor creación de actividades nuevas productivas, más interés por el contrabando (un mal que sigue creciendo a media que las aduanas se cierran).

En definitiva, el círculo vicioso perfecto, anti productivo. 

Un ejemplo real y práctico de cómo funciona la “quita” salarial, con el esquema vigente

Se preservarán los nombres con siglas:

1) Primer caso: SPL es jefe en un sector del Estado, gana un buen sueldo bruto: $19.500, pero ocurre que las excepciones o “deducciones” no son fijas, caen cuando los hijos tienen 21 años, o cuando uno se divorcia o enviuda. En uno de estos casos el empleador ajusta por dicha circunstancia, en consecuencia, se le retienen $7.000 del impuesto a las ganancias, ya que el impuesto es anual. Salario de bolsillo del mes: $9500, entre todos los rubros el estado “retuvo” más de lo que pagó (retuvo 10.000, pagó 9.500.

2) Segundo caso: LRT es empleado de SPL, y percibió $13.000, con un salario de bolsillo de $9.700. Dentro de los descuentos se le incluyen $1.080 mensuales de ganancias. Si durante 2013 se le aumentara un 25%, aún siendo esta suma insuficiente, también le aumentará la alícuota (porcentaje) por su ingreso bruto, en consecuencia, solo percibirá el 50% del aumento, deteriorándose no solo el ingreso real, sino, su poder adquisitivo, conforme la inflación esperada, se acercará (nominalmente) a la situación del caso 1). Así, con el tiempo, todo trabajador terminará pagando el impuesto a las ganancias de la 4ta categoría, la excepción terminará siendo la regla, siempre a favor del Estado.

En consecuencia, es muy posible que el llamado al acuerdo económico social 2013 no resulte ser más que una nueva farsa, una manera de esquilmar los salarios, tratar de evitar una quiebra masiva del sector nacional (sin crédito viable) y no solo eso, hacerlo en favor de un impuesto que no fue previsto para masificarse dado que el IVA ya está generalizado, y resulta una pesada carga que no parece reverse, en el corto plazo.

Y con el gobierno aumentando su caudal de impuestos, seguramente para más “para todos y todas”.

Los conflictos sindicales no se harán esperar, seguramente.

José Terenzio