En los últimos días, tanto el Ejecutivo como Legislativo se vieron conmovidos por el repudio de la sociedad al “cajoneo” de la ley de trata de personas en el Congreso, justo antes de que en Tucumán se absolvieran a los acusados de la desaparición de Marita Verón, caso supuestamente relacionado con este delito.

Posteriormente, y a la par de la embestida que el oficialismo está haciendo contra la Justicia por la ley de medios, la Presidenta convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para debatir la ley contra la trata de personas, sin embargo, el expresidente Néstor Kirchner colaboró con el flagelo que ahora la mandataria dice querer combatir.

“Vamos a mostrar por primera vez con documentación, el caso más escandaloso de banca política a la trata y proxenetismo de la historia Argentina que fue el tenebroso barrio de Las Casitas de Río Gallegos de la provincia de Santa Cruz, unos 36 prostíbulos que funcionaron durante veinte años en terrenos fiscales con la complacencia de la intendencia de Río Gallegos, que además recaudaba impuestos de locales que funcionaban abiertamente como prostíbulos”, publicó en su sitio web la ONG La Alameda, que filmó y probó desde adentro de Las Casitas mismas, la trata de personas, el proxenetismo y la explotación de menores y con su denuncia precipitó el allanamiento y cierre de todos esos prostíbulos a mediados de 2009.

Luego del allanamiento y cierre de Las Casitas, llevado adelante por la jueza Federal Ana Cecilia Álvarez, y luego de las pruebas y denuncias aportadas por la Alameda, la mayoría de la sociedad de Río Gallegos se opone a su reapertura, pese a que la Sala IV de la Cámara de Casación autorizó su reapertura. El gobernador santacruceño, Daniel Peralta, fue obligado a cambiar la posición que tenía en el 2009 y afirmó recientemente que: “No vamos a permitir la reapertura de los prostíbulos, es una postura tomada sobre el tema”.

Sin embargo, no siempre fue así: durante 20 años consecutivos y pese a los numerosos casos y denuncias de trata, proxenetismo y explotación sexual infantil que se fueron acumulando en juzgados de diversas partes del país donde se imputaban a los dueños de las Casitas, las mismas continuaron abiertas con el beneplácito de la Intendencia de Río Gallegos que extendía el comodato a los proxenetas y tratantes para que sigan funcionando ilegalmente en terrenos fiscales, e incluso buscando encuadrarlas con la falsa habilitación de “Cabaret clase C”.

Según indicó La Alameda, a principios de la década del 60, las casitas estaban desparramadas por toda la ciudad, hasta que en 1964 se agruparon en el Barrio Congreso. En 1979 las trasladaron al barrio Belgrano, hasta que en 1989 el intendente de Río Gallegos, Néstor Kirchner, resolvió radicarlas en terrenos fiscales por 15 años en las manzanas 639 “A” y “B”, con la complicidad de todos los organismos del Estado.

“A cada proxeneta se le dio una parcela en comodato para realizar construcciones precarias donde funcionarían los prostíbulos en terrenos fiscales. A cambio el municipio les cobró un plus o cano” para realizar las actividades prostibularias (que nunca fueron de prostitución autónoma y mucho menos de cooperativas y siempre se realizaron con regenteo y proxenetismo como mínimo)”, reveló la ONG.

“Ese plus o canon que reza para la planilla municipal como tierras fiscales, limpieza y conservación fue de $4.077,69 por año por Casita de Tolerancia. Durante 20 años, las 36 casitas prostíbulos que funcionaron en tierras fiscales aportaron al municipio $2.935.936,68, suma que surge de multiplicar el canon anual de cada casita por las 36 (a razón de $1.46.796,84) y multiplicarlo por las dos décadas que funcionaron hasta la denuncia de la Alameda y el allanamiento judicial”, expuso esa Organización.

Luego de que se venciera ese comodato ilegal que la Intendencia de Kirchner les otorgó a los 36 prostíbulos, y que se venció el 6 de diciembre de 2004, comenzó a discutirse públicamente en la Intendencia y en el Concejo Deliberante de Río Gallegos, algún encuadramiento para las casitas, con el objetivo de darle una apariencia legal a una actividad ilegal, agravado por desarrollarse en terrenos fiscales y con la complacencia del Estado.

“Fue ahí cuando los tratantes y proxenetas pusieron el grito en el cielo porque se negaban a pagar algo más que el canon que la Intendencia les cobraba y además reclamaban que les vendan directamente las parcelas a precio de remate”, cuenta La Alameda en su investigación.

En mayo de 2007, en una solicitada dirigida al Intendente Héctor Roquel y firmada por los dueños de las Casitas, se indicó que “Las 36 casitas propietarias de las manzanas 639 ‘A’ y ‘B’ solicitamos la venta de los terrenos teniendo como referencia el precio del lote 7 de la manzana 639 ‘B’ que oportunamente fuera comprado por un empleado del Dpto. Comercio de la Municipalidad de Río Gallegos en $2.200, Marcelo Oscar Álvarez. Creemos que después de veinte años de haber ofrecido un servicio muy bien ganado tenemos también ese beneficio, asimismo el ‘arriendo’ (las comillas son de la misma solicitada) de las tierras fue por un convenio firmado por 15 años de las manzanas 639 ‘A’ y ‘B’ el día 06/12/1989 el cual caducaría el día 06/12/2004 con el entonces intendente de Rio Gallegos Dr. Néstor Carlos Kirchner”.

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María Luisa Torres