Es sabida la decisión del Gobierno de confiscar el Predio de la Sociedad Rural de Palermo. Más allá de las ideologías o del concepto que pueda existir sobre el sector en este caso perjudicado, estas políticas no son inocuas, es decir, perjudican a todos.  

La falta de respeto por la propiedad privada se está haciendo cada vez más intensa y en este caso, no hay dudas de que no tiene que ver con que si se compró “a precio vil” en la década de los 90, sino que se trata de un revanchismo y un sentimiento de venganza hacia sectores que se han manifestado en contra de las políticas actuales. Hoy son ellos, mañana cualquier otro.  

Frente a la suposición de que se haya comprado a un precio vil, fue el mismo Estado quien liquidó el predio, aunque no haya sido el actual sector político quien lo haya vendido —aunque, increíblemente, sí el mismo partido— el Estado en todo caso, fue el responsable de mal vender patrimonio público y el mismo Estado debería respetar lo negociado.  

Lejos está la Argentina de ser una nación respetable y que crezca en forma sostenida si las políticas cambian constantemente, pasando  de estatismos a privatizaciones (y viceversa) con ciclos que apenas superan la década. Los proyectos de país deben ser a largo plazo, mostrando a la sociedad y al resto del mundo que se respetaran los compromisos asumidos.  

¿Qué clase de seguridad y tranquilidad se les está dando a los potenciales  inversionistas que quisieran experimentar en el país? Nadie va a poner un peso (o dólar) si estas políticas de saqueo por parte de estado se mantienen.  

Existen numerosos temas mucho más importantes en la Argentina dónde aplicar el poder del Estado en vez de utilizarlo para estas avanzadas que rozan lo ridículo y que no hacen más que proyectar al país como poco serio.  

Antes que expropiar el predio de Palermo, se debería analizar el precio de compra de 80.000 metros cuadrados de tierras fiscales en El Calafate al módico precio de 4 pesos el metro, como tantos otros negocios de la familia Kirchner y sus allegados.  

Desde el Gobierno se difunde esto como una causa nacional, el “devolver a los argentinos lo que se nos ha sacado”, pero es evidente que los motivos que impulsan estás decisiones no son el bien común. Siempre que se toman medidas como estas se enarbola la bandera de "patriotismo" y la "causa nacional", sin embargo no es más que un golpe bajo a los que protestan por verse perjudicados y un incremento de poder a la fuerza.  

Cada vez se ve más claramente cómo la Argentina se transforma en un espejo de Venezuela y me es necesario preguntarse: ¿Estamos dispuestos a resignarnos a que así sea? ¿Va a permitirse dejar el futuro en manos de un grupo que lo que menos le importa es el destino del país y que solo les interesa "su causa" a costa del resto de la sociedad?

La anestesia social lleva a vivir progresivamente con menos libertad. En un país en el que está todo por hacerse, los intereses particulares de los gobernantes van a terminar dejándolo en ruinas siendo este, un lugar en el que no debería haber un solo pobre y mucho menos desnutrición.  

Ahora, ¿les tocará a los ciudadanos pagar por esta expropiación, como fue Aerolíneas, Ciccone, YPF (si es que se paga) y hacerlos cargo de las pérdidas que estas empresas generen, sea el monto que fuese, cuando ese dinero debería ser aplicado al desarrollo y no a hacer que cada vez estemos más cerca de una nueva implosión? 

Están empujando al país al borde de precipicio y muchos lo estám permitiendo. Habrá que confiar que la Justicia actúe de forma eficiente y con independencia, pero sobre todo que la sociedad se saque la venda de los ojos. Puesto que si esto sucediera, los que están en el poder ni siquiera se plantearían hacer este tipo de desmanejos.

Pablo Rodríguez
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