Apenas unas horas pasaron de la penosa trifulca en el Congreso al desborde en el Hospital Borda, otras dos escenas de un país impulsado al vértigo permanente con objetivos alejados de los problemas que la sociedad visualiza como urgentes.

Si bien la reforma de la Justicia es avalada en términos abstractos por los argentinos, este paquete de proyectos de ley no atendería el mayor déficit de los tribunales nacionales que es un acceso universal y más directo al servicio de Justicia.

Además, está lejos de las prioridades. Según todas las encuestas, esas urgencias son la inseguridad y, en menor medida, la inflación, atenuada por el congelamiento de precios pero atizada por el galope del dólar paralelo.

Al menos en superficie no parece que el Gobierno ponga las mismas energías en resolver estos temas.

Una encuesta realizada por la consultora Management & Fit enmarcó esta realidad: según su titular Mariel Fornoni, la premura del Gobierno por aprobar el paquete judicial generó sospecha en los consultados y terminó causando rechazo, pese al gran desconocimiento sobre lo que está debatiendo el Congreso.

El registro visual del debate parlamentario terminó por sellar el divorcio social con la agenda política, tras un final de debate en medio de agresiones cruzadas —verbales y casi físicas— y una votación polémica y muy ajustada.

En la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri está determinado a trasladar las oficinas gubernamentales al Centro Cívico en el barrio de Barracas. El objetivo es centralizar el funcionamiento del gobierno y desarrollar una zona inmobiliariamente postergada.

Es cierto que algunos gremios traban esa obra que afecta a un sector del Borda con pocos argumentos, pero está más que claro que las urgencias porteñas también pasan por otro lado.

No hay que remontarse mucho tiempo atrás para saber que las obras en el subterráneo y la ejecución de planes para evitar inundaciones —más allá de las trabas que Macri alega— son absolutamente prioritarias en relación con el Centro Cívico.

Para colmo, los modos de procedimiento de la Policía Metropolitana volvieron a quedar bajo la lupa con una represión imposible de justificar. A veces, la Argentina pasa de mostrarse como un país sin reglas, dominado por piquetes y vallados, a otro que recuerda a sus peores momentos autoritarios.

Conflicto de poderes

En el plano institucional, la reforma de la Justicia llevó al extremo la tensión entre el Gobierno y la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, al punto que trascendió que analizaron la posibilidad de renunciar en caso de aprobarse el paquete a libro cerrado.

Después de un planteo de los jueces de la Corte, la Presidenta decidió entrevistarse con el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, y aceptó algunas modificaciones al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura.

Para darle un marco institucional a esas gestiones, Lorenzetti difundió una carta de camaristas de todo el país en la que se planteaban esas objeciones al proyecto en tres puntos. Sin embargo, al publicar la misiva, se suprimió un párrafo en el que se señalaba que la reforma podía ser inconstitucional.

Esa negociación terminó salpicando al propio Lorenzetti, luego de que Elisa Carrió denunciara en la Cámara de Diputados la existencia de un pacto con Cristina Kirchner, precisamente por la supresión de ese párrafo clave.

El argumento de la Corte, que cerró filas con Lorenzetti, fue que la sola difusión de ese párrafo podría adelantar su posición sobre un tema que tendrá que ser analizado por el máximo tribunal.

En efecto, una vez que el paquete de leyes termine de aprobarse en el Congreso —resta que el Senado dé el último zurcido— una lluvia de planteos de asociaciones de abogados, ONG´s y partidos opositores llegará a tribunales objetando la reforma.

Habrá dos cuestiones para tener en cuenta: qué opinará la Corte cuando seguramente deba intervenir en el caso; y vinculado a eso, si finalmente el oficialismo podrá poner en marcha o quedará impugnada su estrategia de nacionalizar los próximos comicios, como establece la reforma de la Magistratura.

Será una elección de distrito único junto a 24 elecciones legislativas locales. En la reforma se estableció que aquellos partidos o frentes que presenten candidatos a consejeros deberán tener una misma denominación en al menos 18 distritos.

El Frente para la Victoria es el más favorecido por la disposición ya que tiene presencia en todos los distritos y no reparte alianzas con otras fuerzas según la provincia. Esa ventaja permitirá que el Gobierno presente un probable triunfo en el "distrito único" luego de las elecciones.

Sin embargo, quizá este requisito termine por acelerar coincidencias en la oposición como si fuera una elección presidencial.

La UCR ya planteó su apertura a una alianza nacional con el FAP, la Coalición Cívica y Proyecto Sur, pero no es sencillo avanzar. En el peronismo no kirchnerista también hay mayores coincidencias y resta saber si finalmente confluirá con el PRO de Mauricio Macri.

En cualquier caso, la cuenta regresiva ya está en marcha.

Gabriel Profiti