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Se estarían confirmando los trascendidos que se habían deslizado a mediados del mes de diciembre: la lucha contra el trabajo en negro ha fracasado rotundamente, y, sin reconocimiento por parte del gobierno kirchnerista, se buscan salidas del tipo flexibilizadoras, esas de las que nunca terminan bien.
Como es muy reiterado en estos últimos años, se pondrá en la parrilla gato, vendiéndole al público que se trata de liebre. En concreto, se reeditaría la famosa (y cíclica) flexibilización laboral que se reitera cada tanto tiempo en los momentos de vacas flacas.
Cuando empieza a agotarse los ciclos de renta holgada, el mercado comienza a despedir trabajadores y entonces no hay más remedio que, o subsidiar o aguantar la caída general de la actividad, del empleo y de la renta.
Como siempre, los grandes ideólogos kirchneristas pretenden medidas mágicas, lástima que muchas de esas consista en subsidiar a los empresarios, vaciar las cajas previsionales y jorobar a los trabajadores y futuros jubilados.
La excusa
Como ya tienen acostumbrado, la derrota querrá venderse como un gran paso o victoria del modelo.
Bajo el rimbombante título de “Plan Integral de Combate al Trabajo No Registrado” el Gobierno lanzará este miércoles una gran puesta en escena mediante la cual se pondrá blanco sobre negro el alto costo que implica para el mercado la contratación de trabajadores en blanco y que redunda en un porcentaje de contrataciones de trabajadores en negro (o semi negro).
Saque el lector cuentas cuántos son los aportes que el Estado y los sindicatos engullen (para transferir al sector salud en el caso de los aportes correspondientes) y se observará que es muy difícil que con estas reglas pueda generarse empleo genuino y productivo desde el sector privado.
El gran apagón de diciembre habría postergado este anuncio.
El Gobierno estima que para tener alguna chance en 2015, debe dar todas las “malas noticias” en la primera mitad del 2014. Que el estado sea responsable de los aportes del 35% (al menos) de todos los aportantes, no tenga dudas el lector, es una mala noticia.
El “Plan”
El nuevo sistema o régimen consiste en un pago “único” que beneficiará a todas las microempresas que posean entre 3 y 5 empleados, estén o no registrados, y el acceso estará limitado por el nivel de facturación de la firma y por un tope salarial de $6.000, equivalente al valor de 1,8 salarios mínimo, vital y móvil.
La realidad es que una empresa que contrata, por ejemplo, a un empleado por $5.000 le está costando $100.000 si se tienen en cuenta los 13 haberes anuales y se suman las aportaciones jubilarorias, al PAMI, a los sindicatos, y obras sociales, la cuenta es muy simple: ¿Cuánto tiene que rendir ese empleado, para tamaño costo y qué trabajador calificado acepta ganar $4.100 neto por mes? Ergo, los números no dan y se evade una parte de los aportes de manera sistemática, máxime en la pequeña y mediana empresa, que no cuenta con capitales o financiación accesible o subsidios, que son siempre para las grandes compañías.
Ya hace 3 años que el sector privado en su conjunto no crea nuevos empleos y ha comenzado un “parate” en horas extras (o no se pagan) como en los nuevos puestos, que no se encuentran porque no se crea trabajo ni riqueza nueva.
La “propaganda”
Así, una vez que las normas nuevas cumplan su ciclo de aplicación y el sector privado se vuelque masivamente al nuevo sistema, el Gobierno anunciará que se ha llegado al blanqueo del 100% de los trabajadores argentinos, cuando en realidad lo único que se habrá logrado es terminar de proletarizar las cajas de jubilaciones para siempre, ya destrozadas con jubilados sin aportes y extraños manejos de sus fondos.
El Gobierno ya ha expresado a través de sus funcionarios del área (Ministro de Trabajo Tomada) que no cree en el sistema jubilatorio actual, y hasta se ha confesado públicamente que se debería establecer un “haber uniforme”, o sea, un monto fijo, independientemente de lo que haya aportado cada trabajador en su individualidad.
De hecho, al no poder torcer la jurisprudencia actual, el Gobierno ha optado en estos más de 10 años en destruir el sistema de aportes impulsando el aumento de los mínimos, congelando al resto, achatándolo y empujándolo a los Tribunales, a sabiendas que en dicho “río revuelto” más del 70% de ellos nunca hará un reclamo.
Los derechos potenciales de ese 70% que no hace juicio flotan en el éter de la marginalidad gobernativa K. “Plin” y a la bolsa del Estado K, que de este modo logra recaudar más caja, ley nro. 1º ideológica kirchnerista: apoderarse de todas y cada una de las cajas recaudatorias.
El “ajuste”
El modelo jamás aceptará que se trata de un ajuste, pero los es claramente. Aunque, no solo es un ajuste por el ciclo económico o la mala praxis de esta administración, sino porque el sistema actual es malo y caro, no prevé un fondo de desempleo y no brinda una asistencia eficiente de salud, dado que los fondos no se ahorran, sino que se transfieren “in totum” a un cúmulo de empresas privadas de salud que hacen su pingüe negoción con una fortuna que nadie controla. Otro costo de no contar (adrede) con un sistema de Salud Pública eficiente y opcional.
El sistema nuevo funcionaría de manera similar al recientemente creado para el servicio doméstico. Esta experimento de "monotributo laboral" permitirá simplificar el trámite de registración de los empleadores y reducirá los costos del trabajo, y representará un nuevo quebranto para el ANSES, puesto que al contrario de la flexibilización menemista, que dejaba en desamparo al trabajador, este proyecto difiere dicho desamparo al futuro, al establecer que será el Estado el que suplirá los costos de aportes, cosa improbable, y que tampoco se fundamenta o garantiza transferencia alguna a dicho organismo previsional. O sea, endeudar el futuro, otra puñalada brutal a los fondos del ANSES, recientemente endeudado con emisión de bonos.
Conclusiones
El gobierno kirchnerista avanza en el esquema de pérdida de derechos de los trabajadores, cuya medida máxima se produjo con el veto a
Los empleadores, lejos de resolver sus problemas, transfieren los costos y se blanquean las deudas. Hay dudas que, al no establecerse un sistema de fondos de desempleo (cosa imposible con estos niveles de inflación, por de pronto) quede tan incentivada la contratación de nuevos empleados, que solo lograría el blanqueo (parcial) de algunos de los actuales trabajadores en condición “en negro”.
El sistema funcionará, seguramente, como un subsidio a las minipymes, sin ninguna contraprestación o incentivo sectorial u objetivo de mayor productividad de las mismas (se transfieren recursos de manera simple y llana) lo que es grave, ya que se evita el seguimiento de la actividad eficiente a la cual se transfiere una quita impositiva.
Otro objetivo perseguido y no confesado es evitar la ola de despidos que comenzó en noviembre de 2013, y que seguirá in crescendo inevitablemente con la agudización de la crisis, ello, en la medida que crece la inflación y el estancamiento de la actividad general, y tampoco se puedan frenar las paritarias, con una expectativa de inflación del 35% o 40% para 2014.
La inflación -producto del desmedido gasto público improductivo y su correlato de emisión monetaria- no solo pulveriza el poder adquisitivo de los salarios, sino que multiplica los costos laborales, lo que lleva a la larg, al referido “parate”, al corte de la cadena de pagos (como pasó en mayo de 2001, por ejemplo) y luego vienen los despidos masivos y hasta el quiebre de las empresas en general, y las pequeñas antes por carecer de financiación accesible.
Vale recordar que las pequeñas y medianas empresas representan la generación del 70% de todos los empleos privados argentinos, y que las “grandes empresas” solo representan el 30% de los empleos en blanco.
En concreto, el Estado asumirá a futuro obligaciones que no podrá cumplir, se firma un pagaré a sí mismo y se lo “endosa” al obrero.
El Estado no podrá cumplir, ya hay experiencia al respecto. De este modo, el trabajador de una pequeña empresa quedará en un limbo, un estado intermedio, un feo lugar carenciado de derechos, ubicado entre el hoy autónomo o monotributista, y el trabajador aportante, con todos sus derechos laborales y jubilatorios por haber aportado conforme Ley.
Esto representa asimismo el avance del Estado sobre un sector semipúblico, que es el sistema previsional argentino, empujando sus derechos a la merma. Es un sistema en el cual esta administración parece haber pisoteado definitivamente al haber estatizado todos los aportes, excluido a los jubilados y pensionados de la administración del PAMI, y ahora haber estatizado los derechos de los trabajadores de pequeñas empresas.
Un socialismo muy mal entendido.
Así estamos.
José Terenzio