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El cepo al dólar impuesto por el Gobierno allá por 2011 tuvo su correlato con denuncias, allanamientos de financieras por irregularidades en las operaciones y hasta la presidenta Cristina Kirchner fue imputada por primera vez en la Justicia.
Fueron años en que la Justicia se abocó a reprimir las operaciones ilegales de los especuladores que día a día se enriquecieron aprovechando las falencias del sistema financiero o bien el cambio de políticas económicas.
El pico del cúmulo de denuncias que por el tema llegó a la Justicia se produjo cuando el fiscal Carlos Stornelli consideró que existían elementos sospechosos para investigar a Cristina Kirchner por presuntas irregularidades en las restricciones para la compra de dólares y en el uso de las reservas del Banco Central para pagar la deuda externa, y la imputó.
Stornelli impulsó esa denuncia hecha por la diputada Elisa Carrió, que también alcanzó a la entonces presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, y al actual titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
La denuncia es por una serie de restricciones a la compra-venta de dólares que —indicó— limitaron "de manera arbitraria, irrazonable e ilegal el acceso al mercado cambiario", y generó "una discriminación arbitraria y manifiesta" en perjuicio de los argentinos.
Tras la imputación hecha por el fiscal en agosto de 2012, la causa está en poder de la jueza federal María Servini de Cubría: fue esa misma jueza quien también avanzó con una investigación por venta de dólares a los denominados "coleros", lo que podría generar lavado de dinero, y citó a indagatoria a titulares de casas de cambio y a empresas de turismo.
La sospecha es que estaba todo arreglado con los "coleros" —quienes compraban para un tercero que se mantiene en el anonimato— y los titulares de casas de cambio, como es el caso de Alfredo Piano, quien fue citado por esta causa, y de empresas de turismo.
La denuncia impulsada por Stornelli en cuanto a las restricciones a la compra y venta de dólares, tiene hoy quizás más vigencia que en el momento en que E. Carrió la hizo efectiva y el Fiscal la impulsó. Al margen de la injusticia que representa la discriminación en relación al monto percibido de sueldo, se segrega, en forma arbitraria e ilegal el acceso a esta operatoria a los jubilados, pensionados y desocupados que disponen de fondos por diferentes razones. Léase quienes han vendido, por ejemplo, una propiedad y, legalmente, justifican su disponibilidad de efectivo. Así como tantas otras circunstancias, lícitas, que permiten disponer de dinero (Juegos de azar- herencias- legados - donaciones- etc.). Sin lugar a dudas el régimen corrupto niega soberanamente aquello de lo que blasona, la inclusión de quienes menos tienen, negándoles acceso a algo que la Constitución Nacional consagra como un derecho irrenunciable, tal es la igualdad de oportunidades de que debemos gozar todos quienes habitamos este bendito suelo.
Es inconstitucional prohibir la compra de moneda extranjera. Afecta la libertad de comercio y la individual. Nose que esperan para imputar al ministro de economia y al titular de la Afip, anque tambien la presidente por este delito. Lo que sucede, es que nos estamos acostumbrando a que nos lleven por delante y hay una anomia preocupante de la oposicion y de los jueces, ni hablar el complicidad con el gobierno.