Pasan los años y diputados de la oposición insisten con la sanción de una ley para crear una Oficina de Presupuesto que asesore al Congreso y controle los gastos estimados en la “ley de leyes”. A la espera del próximo debate, el portal Parlamentario hizo un repaso por los proyectos.

Primero lo primero: tal como lo establece la Constitución Nacional, es el Poder Ejecutivo el que debe elaborar el Presupuesto para la gestión de gobierno. No podría ser de otra manera, ya que se trata del poder que conoce en detalle el estado de las cuentas públicas y que por ende puede formular las previsiones económicas para el año siguiente.

Con no poca frecuencia, los legisladores del oficialismo suelen escudarse en ese argumento para impedir las modificaciones propuestas por la oposición, que, impotente, asiste a los debates “a libro cerrado”, sin poder cambiar “ni una coma” del proyecto original.

En este marco, el oficialismo frustró a través de los años la suerte de los proyectos de todo el arco opositor para crear una “Oficina de Presupuesto” que fortalezca la capacidad institucional del Congreso y recupere el protagonismo del Poder Legislativo en la asignación de los recursos públicos.

Estos intentos no son nuevos. Hay proyectos que incluso datan del año 2000, y el reclamo se renueva cada período ordinario. Tan solo en lo que va de 2014, seis legisladores hicieron propuestas similares: Darío Giustozzi (Frente Renovador), Enrique Vaquié (UCR), Alicia Ciciliani (Partido Socialista), Christian Gribaudo (Unión Pro), Francisco De Narváez (Unión Celeste y Blanco) y Adrián Pérez (Frente Renovador), aunque también duermen en los cajones del Parlamento otras iniciativas anteriores del diputado mandato cumplido Alfonso Prat-Gay y del macrista Jorge Triaca.

Lejos de ser un “capricho”, las iniciativas cuentan con un importante antecedente: la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos (Congressional Budget Office, CBO), que existe desde 1974 y “ha demostrado excelentes resultados”, apuntan desde la oposición. En Brasil, Chile y México existen entes similares.

Los proyectos

¿En qué consistiría la tan esperada Oficina de Presupuesto? En líneas generales, los proyectos coinciden en definirla como un organismo de consulta y opinión no vinculante, descentralizado del Poder Legislativo, que estaría destinado a asesorar técnicamente al Congreso en el análisis de ese proyecto, en particular a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras y a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Además, la oficina estaría facultada para controlar la ejecución del Presupuesto en curso a través de informes periódicos.

Las propuestas no se limitan sólo al Presupuesto y también establecen que este organismo podrá asistir al Parlamento en el tratamiento de “todos los proyectos de ley con impacto económico y fiscal”, para poder evaluar de antemano los costos financieros de sancionar tal o cual ley, ya que, como es sabido, casi todas las normas afectan de algún modo las partidas presupuestarias.

Por otra parte, varios de los proyectos ordenan a la Oficina de Presupuesto realizar un “resumen ejecutivo y analítico del proyecto” antes de iniciar el tratamiento en la Cámara de Diputados, en línea con una queja recurrente de la oposición por el poco tiempo disponible entre la presentación del proyecto y el comienzo del debate.

Todos los informes que emita la oficina serían considerados información pública, y por lo tanto deberían estar disponibles para cualquier ciudadano a través de la web. Asimismo, este organismo podría firmar convenios de cooperación con entidades académicas, de investigación y ONGs para cumplir con sus tareas.

La Oficina de Presupuesto estaría en interrelación permanente con el Poder Ejecutivo y los diferentes sistemas de información, como por ejemplo los de la AFIP y la ANSES, según apuntan los proyectos. Por caso, Christian Gribaudo aclara que este ente estaría facultado para requerir todos los informes que necesite, no sólo escritos, sino también orales, a través de la presencia de funcionarios.

Las diferencias entre las propuestas legislativas varían en la integración de la oficina, la duración de los mandatos de los directores y su forma de nombramiento, así como la segmentación en distintas áreas de trabajo. La mayoría de los proyectos propone realizar un concurso público para designar tanto a los directores como a los analistas del organismo.

Las iniciativas también contienen otros artículos interesantes. Por ejemplo, a la hora de asignar partidas presupuestarias, muchos diputados proponen incorporar especialistas en temas de género y diversidad sexual. Alicia Ciciliani pide también considerar “los efectos sobre la equidad regional, el federalismo y las políticas sociales”, y propone que la oficina tenga una “relación fluida” con la Auditoría General de la Nación (AGN), “sumando esfuerzos en las tareas de control, para otorgarle preeminencia al control parlamentario de la gestión presupuestaria”.

Fortalecer al Congreso

En los fundamentos de los proyectos de ley, los diputados coinciden en que, en los últimos tiempos, el Parlamento se convirtió en una mera instancia de “escribanía” para la sanción del Presupuesto. “El rol del Congreso en este proceso aparece cada vez más desdibujado y débil”, sentencia Enrique Vaquié.

Pero esta “debilidad” del Congreso no se registra sólo en la instancia del debate, sino también en la del control de la ejecución de los gastos y el cumplimiento de las previsiones económicas. Tal como señaló oportunamente parlamentario.com, solo basta con repasar las presunciones contempladas en el proyecto de Presupuesto 2014 para advertir cómo fueron refutadas por la realidad económica.

La llave del Gobierno para habilitar esos cambios se halla en los Decretos de Necesidad y Urgencia y la famosa “Ley de Superpoderes”, con la cual “prácticamente no hay límites a realizar reasignaciones entre partidas presupuestarias”, alerta Darío Giustozzi. El massista cita como ejemplo que “2007 fue el año de mayor diferencia entre el gasto aprobado y ejecutado, año en el cual el PEN terminó gastando casi 30% más de lo que el Poder Legislativo aprobó”. “Es clave recuperar la legitimidad del Presupuesto como verdadera herramienta de planificación de políticas públicas y compromiso del Gobierno en el uso de los fondos públicos”, sostiene.

En la misma línea, Christian Gribaudo asegura que “el Congreso debería cumplir un rol clave en la definición de las grandes prioridades de gasto”, pero “en la práctica se aprueba casi a libro cerrado el proyecto que año a año ha enviado por el Poder Ejecutivo o a lo sumo se incorporan nuevos fondos para temas específicos para una u otra zona del país”. Según el macrista, “dos aspectos clave para entender esta situación son, por un lado, el alto grado de disciplina partidaria que existió en el Congreso durante muchos años, y por otra parte la escasa capacidad técnica del Legislativo para discutir el presupuesto”.

Un argumento similar es el que esgrime en su proyecto Francisco De Narváez: “El Congreso no posee capacidad técnica ni tecnológica para realizar una evaluación profunda y continua durante el proceso presupuestario”. “Esto -explica- se debe a la innumerable cantidad de temas que son objeto de análisis en las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, y a la falta de herramientas para hacer frente a la complejidad del análisis requerido”.

“La Oficina de Presupuesto del Congreso sin lugar a dudas representará un avance importante para incrementar la calidad del tratamiento general de las leyes, ya que al establecer un mecanismo sistémico de análisis del impacto en las cuentas públicas de los proyectos de ley a ser tratados, posibilita realizar un análisis más profundo de los recursos asociados a las mismas, contribuyendo de esta forma a un aumento de la calidad de la actividad legislativa en general”, resume el massista Adrián Pérez.