El mes pasado, y desde su cuenta personal de Twitter, la Jefa de Estado compartió un enlace a su página web en la que presentó un resumen del Blindaje y el Megacanje, -instrumentados en los últimos años de vigencia del sistema de convertibilidad- como “la estafa financiera más grande en la historia argentina”.

Sin embargo, el estudio de abogados norteamericano que defiende ahora a la Argentina ante el juez Griesa es el mismo que asesoró a Cavallo en el "megacanje".

Vale recordar  que en dicha causa se investigaron las "abultadas comisiones" que se pagaron a siete bancos internacionales en las que habrían estado implicados funcionarios argentinos, también acusados del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

En su informe tuiteado, Cristina detalló además que "la propuesta sería recibida con los brazos abiertos por el entonces Ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, y su entonces Secretario de Política Económica Federico Sturzenegger".

Después de 13 años de investigación y de que gran parte de la causa fue declarada prescripta, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo comenzó a ser juzgado por el “megacanje” de la deuda externa de 2001 mientras niega haber cometido algún delito e irregularidades en ese proceso.

Es por eso que uno de los temores en el marco de la pelea con los holdouts tiene que ver con las posibles consecuencias judiciales para los funcionarios argentinos si acataran al juez Thomas Griesa y deban aplicar después la cláusula RUFO, que estipula que una mejora a un sector de los bonistas deberá ampliarse a la totalidad de los acreedores.

Cavallo es el único de los acusados que llegó al juicio, ya que los restantes ex funcionarios acusados y el banquero David Mulford fueron sobreseídos por el paso del tiempo de la causa, medida que fue recientemente apelada por el fiscal Germán Moldes.

Curiosamente, o descuidadamente, la defensa argentina en el litigio judicial contra los fondos buitre está a cargo del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que asesora al país desde 1989 y cuyos abogados fueron protagonistas de las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010, además de las de Grecia e Irak, es el mismo que asesoró a Cavallo en la “estafa financiera más grande de la historia argentina”, según palabras de la propia mandataria.

El estudio, que abrió sus oficinas en Argentina en 2009 (en la avenida Quintana), fue fundado en Nueva York en 1946 por Henry J. Friendly, que fue Juez de la Corte de Apelaciones para el Segundo Distrito de Nueva York; George Ball, que actuó como Subsecretario de Estado y Embajador en las Naciones Unidas; y, Fowler Hamilton, que ocupó la dirección de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés).

En año 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner emitió el decreto 319, en el que sentó los lineamientos del canje que se llevaría a cabo en 2005, y aprobó la contratación de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton "para desarrollar, entre otras, tareas de asesoramiento jurídico en las negociaciones con los acreedores externos, teniendo en cuenta para ello que desde el año 1989 -comienzo de las negociaciones que derivaron en el Plan Financiero 1992 ('Plan Brady')- la República Argentina es asesorada por el mencionado estudio jurídico; tarea que ha incluido servicios en todas las operaciones de crédito público realizadas en los mercados financieros de los Estados Unidos de América y Europa, desde el año 1992 hasta la fecha".

A partir del decreto de Kirchner, los abogados de Cleary, Gottlieb, Steen &Hamilton participaron del canje de 2005 y actuaron, además, después en el canje de 2010.

La pregunta que surge es ¿por qué la administración de Cristina Kirchner confió su defensa a los mismos abogados que llevaron a Cavallo ante los jueces? ¿Desconocimiento, temor, falta de previsión? Solo el tiempo dirá cómo le funcionó la defensa al actual gobierno nacional.

José María González