La Legislatura de Chubut aprobó esta madrugada un dictamen que abre la puerta a la explotación minera en las zonas donde los pobladores así lo acepten.
Ello, a través consultas vinculantes, lo que generó fuertes protestas de ambientalistas que habían presentado una iniciativa popular en contrario, que fue descartada por los diputados.
Luego de cinco horas de discusión, fue aprobado un dictamen que cambió radicalmente el proyecto original de iniciativa popular elaborado por la Unión de Asambleas Ciudadanas, que pretendía prohibir la megaminería en la provincia.
Los artículos originales de la iniciativa popular antiminera, que ampliaba los alcances de la ley 5001 que prohíbe los yacimientos a cielo abierto y que debía tratarse ayer, fueron reemplazados por otros impulsados por el Frente para la Victoria.
El problema es que trascendió cómo fue ese cambio: en la foto que ilustra esta nota se ve cómo el diputado Gustavo Muñiz recibe instrucciones de Gastón Berardi, gerente de Yamana Gold, una de las firmas beneficiadas con la reforma.
No se trata solo de un problema ético, sino también legal. Lo que hizo el legislador es un delito penal.