El viernes pasado, el fiscal argentino Gerardo Pollicita convirtió a Cristina Kirchner en imputada, a raíz de la denuncia que el fiscal Alberto Nisman formuló contra ella cuatro días antes de que un balazo en la cabeza le quitara la vida. Pollicita sostuvo ante el juez Daniel Rafecas que merece investigarse si la presidenta, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, otras tres figuras periféricas del kirchnerismo y un dirigente de la comunidad iraní orquestaron un plan para encubrir a los responsables del atentado que en 1994 destruyó la AMIA.

El paso procesal de Pollicita fue previsible: indicó que lo que afirmó Nisman debe ser estudiado. Desde una perspectiva política, su texto tiene otro valor. Sienta a la señora de Kirchner en el banquillo para dar explicaciones por supuestas complicidades con un crimen de lesa humanidad, cuando está abierto el proceso electoral del que surgirá su sucesor. También alienta a quienes sospechan que detrás de la muerte de Nisman estuvo la mano del Gobierno. Esa presunción se debilitaría si Pollicita hubiera descartado el planteo de Nisman. ¿Qué sentido tendría terminar con la vida de alguien sólo porque había lanzado una acusación disparatada? Acaso sin proponérselo, Pollicita refuerza la tesis de que su colega fue víctima del kirchnerismo. Es su aporte subliminal a la movilización que los fiscales convocaron para mañana. Esa marcha promete fijar un clímax para el desasosiego que envuelve a la Argentina desde que Nisman apareció muerto. Sin saber qué hacer con esa atmósfera asfixiante, Cristina Kirchner obedeció a sus reflejos más atávicos: comenzó a llamar “ellos” a los que saldrán a la calle. Convirtió la angustia pública en manifestación opositora. Y a quienes expresan su consternación, en idiotas útiles de una confabulación golpista. ¿Hay una estrategia mejor para sumar personas a la marcha? El miedo es tonto. Y la presidenta tiene miedo.

Del mismo modo que la señora de Kirchner es la mejor colaboradora de quienes le responsabilizan por la muerte de Nisman, fue quien más cooperó con Nisman para la elaboración de su denuncia. Porque el escrito del fiscal debe casi toda su verosimilitud a la incapacidad del Gobierno para explicar el giro frente a Irán. Con su presentación Nisman llenó un lugar vacante. Cristina Kirchner nunca pudo justificar por qué pasó de denunciar a ese país como Estado terrorista a pactar con sus autoridades una Comisión de la Verdad que identificaría a los que destrozaron la AMIA.

Para esa mutación a la presidenta le alcanzaron cuatro meses. El 10 de agosto de 2010, envió a Washington a Timerman para que, en una conferencia de prensa a dúo con Hillary Clinton, denunciara el terrorismo iraní y revelara que los acusados de volar la AMIA estaban conectados con quienes, en 2007, intentaron lo mismo con el aeropuerto Kennedy. El 25 de septiembre siguiente, la propia señora de Kirchner denunció en la ONU al Gobierno de Mahmoud Ahmadinejad como protector de terroristas. Nadie había llegado tan lejos.

La respuesta llegó el 10 de noviembre. El entonces representante de Irán ante la ONU, Mohammad Khazaee, afirmó en una carta que el régimen de Ahmadinejad “se ha cerciorado de que ningún ciudadano iraní estuvo implicado, directa o indirectamente, en la explosión”.

La cancillería argentina desmintió esas imputaciones el 23 de noviembre con generalidades. Dos meses más tarde, el 24 de enero de 2011, Cristina Kirchner envió a Timerman a Siria para, al amparo de Bashar Al-Assad, negociar un acuerdo con el canciller iraní Alí Akbar Salehi.

Timerman pactó con Salehi la integración de la Comisión de la Verdad, que se encargaría de revisar la causa judicial por la cual ocho prominentes iraníes, cinco de los cuales tienen pedido de captura con alerta roja de Interpol, fueron acusados de planear el ataque a la AMIA. De modo que un comité argentino-iraní revisaría la actuación de los tribunales argentinos. Inesperada cesión de soberanía de un Gobierno que hoy se indigna cuando le sugieren someter ese mismo crimen a un examen internacional.

La presidenta y su canciller estuvieron distraídos. No advirtieron que mientras negociaban con los iraníes una ilusoria declaración de los presuntos culpables frente a un juez argentino, los iraníes negociaban encontrar a otro culpable con la Comisión de la Verdad. Tampoco advirtieron que Ahmadinejad se encaminaba a la derrota electoral. No advirtieron que a él sólo le interesaba hacer propaganda de que se levantarían las alertas rojas porque Argentina había reconocido que Irán no cobijaba terroristas. No advirtieron demasiadas cosas.

La denuncia de Nisman debe su potencia a que propone una hipótesis para este desaguisado de política exterior: atormentada por la crisis energética argentina, la señora de Kirchner buscó petróleo a cambio de dar de baja las alertas rojas contra los presuntos criminales.

Tras reconocer que las decisiones políticas no están al alcance de los jueces, Nisman señaló comportamientos ilegales. El más grave fue que Timerman pidiera la anulación de las alertas rojas.

El otro argumento relevante es que el Gobierno traficaba información hacia los acusados iraníes.

La oportunidad de la denuncia de Nisman se explica por el contexto político en el que fue realizada. Nisman reveló todo lo que sabía cuando el agente Antonio Stiuso, a cuya influencia estuvo siempre sometido, fue despedido de la Secretaría de Inteligencia. Y cuando él mismo temió ser reemplazado por la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, una fundamentalista del kirchnerismo a la que la presidenta encargó el control de la justicia.

La acusación de Nisman, que por una u otra vía le llevó a la muerte, la imputación de Pollicita, y la movilización convocada por los fiscales, se entienden a la luz de la pretensión oficial de subordinar a la justicia. Muchos de los magistrados que estarán en la manifestación reaccionan a ese intento después de años de complicidad con el autoritarismo y la corrupción del Gobierno. Levantan el retrato de Nisman como un escudo corporativo frente al avasallamiento político. En Argentina el imperio de la ley ha sido sustituido por la puja entre facciones.