La puja por la distribución del ingreso con los gremios y la persistente alza de precios a pesar de los esfuerzos oficiales por frenarla meten ruido en una campaña electoral en la que el ministro Axel Kicillof empieza a sonar como candidato en un lugar a definir.

Defendido en la semana por la presidenta Cristina Fernández tras una información sobre sus niveles de ingreso, el funcionario aparece fortalecido y decidido a ubicarse en el centro del ring para arrear la economía hacia el rumbo que, a su juicio, debe orientarse, el de un intervencionismo cada vez mayor del Estado en la mayoría de las decisiones.

Para el jefe de Economía, la inflación bajará este año diez puntos respecto del 2014, por lo que obligó a barajar y dar de nuevo a grandes gremios como Comercio, que mantienen abierta sus negociaciones tras anunciarse un acuerdo fallido, mientras que metalúrgicos y bancarios siguen lejos de un acuerdo, y también aparece complicado el cuadro en la construcción.

La próxima gran batalla del gobierno se producirá en la segunda semana de junio, cuando los gremios del transporte y la CGT de Hugo Moyano, entre otros polos sindicales, buscarán volver a paralizar el país.

Ya lo lograron el 31 de marzo último, cuando las calles desiertas despertaron la ira presidencial.

Cristina aún guarda rencor por esa medida de fuerza del sindicalismo "opositor", y por eso salió a sugerir que los jefes gremiales no saben en qué país viven.

"España arregló aumentos salariales del 1,5% anual", buscó lastimar la mandataria, pero omitió decir que, producto de la recesión y la crisis, ese país europeo tiene deflación, muy lejos de la escalada de precios que sigue en niveles altos en la Argentina.

Los grandes sindicatos parecen dispuestos a vender lo más cara posible la paritaria, porque consideran que el acuerdo del año pasado los dejó 10 puntos debajo de la inflación y ahora quieren revancha.

Para colmo, la presión del impuesto a las Ganancias sobre más de un millón de asalariados conspira contra los acuerdos y la "mejora" ideada por Kicillof puede terminar cumpliendo aquello de que es "peor el remedio que la enfermedad".

El jefe de Economía quedó en el centro el cuadrilátero, ya que viene recibiendo fuego cruzado de los gremios, que lo califican de "gorila", y de los sectores empresariales, que reclaman devaluar para mejorar la competitividad.

Kicillof exigió a la CGT oficialista que los acuerdos salariales no superen el 27%.

Antonio Caló, el paciente jefe de la central obrera alineada con la Casa Rosada, llevó esa pretensión a los principales referentes sindicales en un cónclave que fue subiendo de tono.

Al final, los caciques gremiales terminaron advirtiendo que no aceptarán un techo en las negociaciones salariales, una ambición que el gobierno niega.

En su retórica, Kicillof machaca con que las paritarias no tienen techo, pero en el mano a mano con los sindicalistas admite que no quieren "un 3 delante de los acuerdos", para impedir presiones inflacionarias extra a las existentes.

El esquema de negociación es delicado, porque el gobierno parece haber vuelto a las andadas con la manipulación de las estadísticas del INDEC.

No es que en algún momento se haya dejado de lado el retoque de las estadísticas, sino que, a diferencia de lo ocurrido en el 2014 cuando hubo alguna apertura para sincerar parcialmente las cifras, ahora parece haber regresado el uso del puño de hierro para que los índices "ayuden" a calmar el malestar social que la gente siente al visitar el supermercado.

Para el INDEC, que ya cumplió 100 meses de intervención gubernamental, los precios subieron menos del 5 por ciento en el primer cuatrimestre, un nivel que no resiste muchos análisis cuando se constata cualquier economía hogareña (NA).