Hace un par de semanas, la Justicia ordenó abrir una investigación penal por presunto lavado de dinero contra el jefe de la CGT oficialista y de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, y el secretariado nacional del gremio.

Fuentes judiciales informaron que la decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 (TOPE 2) luego de condenar a un año y nueve meses de prisión a Segundo Pantaleón Córdoba, exjefe del área jurídica de la UOM, por intentar sacar del país 800 mil dólares que llevaba escondidos en su auto.

Córdoba declaró que desde 1987 hasta diciembre de 2008, cuando se fue del gremio, el Instituto de Seguros SA -del extinto Julio Raele, empresario de íntima confianza del también difunto caudillo metalúrgico Lorenzo Miguel- le pagó mensualmente a él y a las autoridades de la UOM 20 mil dólares, que correspondían al 20% de la recaudación de seguros de vida y sepelios.

Para el Tribunal, Córdoba intentó lavar esos fondos que obtuvo ilícitamente y que lo mismo podría ocurrir con las personas que estuvieron a cargo del gremio recibiendo esos fondos.

Por supuesto desvío de fondos en la UOM ya hay una investigación por administración fraudulenta que tramita en el fuero Penal Económico, pero ahora la Justicia dispuso que también se determine si hubo lavado de dinero.

Además de Caló, la pesquisa alcanza a los dirigentes de la UOM Juan Carlos Chumen, Lisandro Zapata, Aníbal Martínez y al resto del secretariado nacional y autoridades del Instituto de Seguros.

Córdoba declaró que todos los meses, "en prolijos sobres marrones", el Instituto de Seguros enviaba a la UOM el dinero para las autoridades del gremio y él.

Haciendo historia

El 1º de agosto de 2011, un hombre fue descubierto en la terminal de Buquebus cuando intentaba viajar con otras personas rumbo a Uruguay con una suma cercana a los 800 mil dólares.

Se trataría justamente de Pantaleón Córdoba, quien supo prestar servicios legales durante más de diez años al servicio de sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica, al menos hasta el año 2009.

Es dable mencionar que en su momento Tribuna de Periodistas trató varias veces de comunicarse con ese letrado en el marco de las investigaciones realizadas por el director de este periódico, Christian Sanz, en relación a la denominada “mafia de los medicamentos”, ya que la obra social que representaba aparecía junto a otras en el listado de obras sociales que presentaban troqueles supuestamente falsos mediante los cuales conseguían el reintegro de dinero de la APE (Administradora de Programas Especiales), por tratamientos que no se habían dado a los afiliados.

Asimismo, hay recordar que no es la primera vez que en los últimos años se trata de sacar dinero al Uruguay, sobre todo en lo que refiere a personajes involucrados con importantes sindicatos de la Argentina.

A mediados de julio de 2011, el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en la Seccional Provincia de Buenos Aires, Carlos Quintana, fue demorado por un supuesto intento de contrabando de divisas cuando se disponía a viajar a Uruguay.

El gremialista —quien tiene una fluida relación con el kirchnerismo, Hugo Moyano y el intendente de La Plata, Pablo Bruera —se proponía salir del país con más de 45 mil dólares en una valija, sin haberlos declarado previamente.

El hecho también ocurrió en la Terminal de Buquebús, cuando Quintana intentaba abordar un barco con su esposa rumbo a la ciudad uruguaya de Colonia, con el objetivo de gastar 45 mil dólares en el casino en solo cuatro días.

Al momento de ser consultado acerca de si la compra de dólares había sido en entidades habilitadas, Quintana dijo: "Tienen mala memoria, el 22 de diciembre de 1998 yo me gané el Loto, 3,5 millones de dólares. Seguí trabajando porque me gusta.”

"Llevaba una cantidad de dólares apenas por encima de lo permitido para dos personas”, dijo el gremialista seguramente desconociendo que según las leyes argentinas no se pueden sacar del país divisas por montos superiores a 10.000 dólares. Quintana y su mujer superaban juntos esa cantidad.

Además, el Loto siempre se sorteó en miércoles y domingo, y el 22 de diciembre de 1998 cayó martes. Pero más allá de la confusión de fechas, otro dato llama la atención. En las jornadas cercanas al día de suerte que señala Quintana nadie ganó 3,5 millones de pesos.

En junio de 2010 una valija con 530 mil dólares no declarados provenientes de la Argentina fueron retenidos en la aduana uruguaya. El contador de Suterh está implicado en un caso de posible lavado que la justicia argentina no investigó.

"Me olvidé de declararlos", dijo el 3 de junio del año pasado el contador del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) y hombre de confianza de Víctor Santa María, integrante del grupo de apoyo de Daniel Filmus, quien en las últimas jornadas electorales eligió el segundo edificio del Suterh como búnker.

El "contador" también fue presidente de ServiFarma, una empresa farmacéutica investigada por el juez Norberto Oyarbide, también en la causa de los medicamentos truchos.

El hecho fue frenado para que no repercutiera en los medios, hasta que casi un año después el abogado Ricardo Monner Sans presentó un texto ante la Justicia argentina demandando que se tomen cartas en el asunto.

La suma que intentó ingresar Córdoba al Uruguay, no hace más que recordar las famosas valijas sin declarar de Guido Antonini Wilson, también con 800 mil dólares, y cuyos vínculos con el kirchnerismo son sobrados; desde la utilización por parte Néstor del mismo avión en que viajó Wilson, hasta su avistamiento en la propia Casa Rosada.

Hace dos semanas, durante el acto conmemorativo del 157° aniversario de la Bolsa de Comercio , la presidenta Cristina Kirchner convocó a operadores y autoridades bursátiles a que la acompañen en el desafío de "convencer a los argentinos de que no hay que apostar al dólar, sino a las empresas instaladas en el país".

Como siempre, el discurso kirchnerista se contrapone a sus propios hechos. No solo porque los sindicatos amigos del poder están tratando de sacar grandes sumas fuera del país, sino porque en 2008, la misma Cristina declaró un plazo fijo por US$ 5.315.738, y en 2009, otro por US$ 2.906.621 Ese mismo año, Kirchner debió blanquear una compra de 2 millones de dólares.

Cabe destacar que en el primer semestre del año 2011 se fugaron del sistema financiero formal unos 10.000 millones de dólares, casi el mismo monto que en todo el 2010.