Con perfil bajo a fuerza de los hechos, a veces de manera inorgánica, con muchos de sus exponentes y referentes dispersos y descoordinados, el Frente para la Victoria (FPV) parece estar ensayando una suerte de discurso de “resistencia”. La estrategia consistiría en mostrarse ante la opinión pública como auténticos demócratas y, mejor aún, como víctimas de una persecución autoritaria. Si a esto le sumamos su denodada y evidente apuesta por que al nuevo gobierno (y por ende a todos los argentinos) le vaya mal, se comprende el razonamiento que lleva a una subsistencia de la expectativa de volver a ser gobierno en 2019.

Es muy difícil esta tarea en medio de un clima de optimismo y, más aún, de la demoledora puesta en evidencia de las mentiras del gobierno anterior que ha ensayado el nuevo oficialismo en lo poco que va de su mandato. Quedó patentizado en muy poco tiempo que la política puede basarse en el mérito y no solamente en la militancia, que la confianza es importante, que el cepo fue una cadena innecesaria y ruinosa para nuestra economía, que el diálogo y el consenso son posibles, que para empezar a resolver los problemas primero hay que reconocerlos, que los ñoquis se apresuran a ir a trabajar y a saturar las oficinas si no se los avala desde arriba y que la mentira sistemática fue el producto inevitable de arrasar con las instituciones para concentrar egoísta e ilegítimamente el poder. Pero el fanatismo no descansa porque no mira la realidad y esa es su gran ventaja y su gran debilidad.

Resulta curioso que ahora el FPV se dedique a reclamar por la división de poderes cuando ellos no hicieron más que atacarla durante diez años seguidos de manera deliberada y sistemática. Y digo diez años para no incluir los primeros dos durante los cuales el gobierno anterior se vio obligado a consensuar porque había ganado con el 22% de los votos y no tenía mayoría en el Congreso, además de que debía legitimarse ante una opinión pública muy sensibilizada por los tristes hechos de 2001 y que venía reclamando “que se vayan todos”.

Es cierto que el método de selección de los nuevos jueces de la Corte Suprema usado por Macri es muy poco republicano y que, si se utilizara con mala intención, podría servir para afectar gravemente la división de poderes. Sin embargo, una interpretación literal de la Constitución (que para mí no siempre es la adecuada pero es una forma válida de entenderla) muestra que es un procedimiento constitucional. Asimismo, la calidad personal y profesional de los seleccionados, que al parecer no tienen ningún vínculo político ni personal con el presidente, confirma que el procedimiento en cuestión no fue usado abusivamente ni con la intención de designar incondicionales que perviertan la forma republicana de gobierno.

Recordemos que el FPV reformó dos veces el Consejo de la Magistratura para romper el equilibrio de los diversos estamentos y darle una injerencia excesiva y arbitraria al poder político en la designación y remoción de los jueces. Ambas reformas fueron declaradas inconstitucionales por la Justicia. La misma agrupación fue responsable de postular a Roberto Manuel Carlés para la Corte, un personaje sin antecedentes siquiera remotamente suficientes para semejante cargo, que había sido designado como asesor por Amado Boudou con un sueldo de $40.000 sin precisar en cuál sector o dependencia se desempeñaba y que hasta mintió en su currículum descaradamente. Era obvio que había sido elegido por Cristina solamente por su probable incondicionalidad y subordinación. Se trata también del partido que designó a Gils Carbó como Procuradora General, una fanática que se dedicó a perseguir a todos los fiscales que osaran investigar al gobierno. El caso más polémico y resonante fue el apartamiento arbitrario del fiscal José María Campagnoli por investigar la famosa “ruta del dinero K”. Pero todavía pretenden que nos creamos que les preocupa la república cuando sólo se acuerdan de ella si carecen del poder necesario para violentarla.

Dentro de la nueva estrategia discursiva del golpeado y en decadencia FPV sobresale la idea de la victimización, que es una constante en todo populismo y en todo autoritarismo. Para poder seguir ejerciendo la auto-victimización sistemática a la que Cristina nos tenía tan acostumbrados cuando presidía la nación, el FPV está apelando al relativismo moral al efecto de convertir sus propios abusos del pasado en puntos a su favor. Esto lo hacen intentando mostrar medidas del gobierno de Cambiemos contra sus propios abusos como parte de una supuesta persecución. Si se da de baja el programa 678 o se expulsan a ñoquis de La Cámpora del Estado, se dirá que se está violando el pluralismo y que el nuevo oficialismo es intolerante.

Mauricio Macri se adelantó a esta estrategia discursiva en su discurso inaugural, cuando afirmó que “el autoritarismo no es una idea más” y que nada justifica que se “viole la ley”. Convocar a la unidad y a la tolerancia no quiere decir impunidad para los autoritarios y los corruptos, desde luego. Las ideas autoritarias no tienen lugar en una democracia. Pero no se trata de catalogar a una ideología o a un partido como autoritario y dedicarse a perseguir a todos los que adhieran a esa corriente. Eso se prestaría a enormes abusos e injusticias. Sí quiere decir que los hechos concretos de autoritarismo o corrupción deben ser investigados, sancionados y subsanados como tales.

Un programa como 678 no puede seguir en la grilla de la televisión pública bajo ningún aspecto. No porque sea kirchnerista. Podría haber un programa kirchnerista si hubiera en paralelo un programa de Cambiemos, otro del peronismo disidente y así sucesivamente, cosa que no ocurrió durante el gobierno anterior. El problema es que es un programa autoritario. Y por ser autoritario es también corrupto, porque quiere decir que quienes participaron en él aceptaron dinero del erario público a cambio de prestarse para hacer propaganda desigual e ilegítima, y para hostigar, difamar y perseguir mediáticamente a los opositores al gobierno de turno. Una cosa es la crítica y otra la agresión; una la opinión subjetiva y otra el adoctrinamiento. 678 no fue un programa más sólo que con una línea editorial oficialista. Fue un televisivo propio de una dictadura populista que estaba siendo construida de a poco y para la cual el mismo colaboró.

El autoritarismo no tiene cabida en una democracia. No puede quedar impune con la excusa de que ésa era la convicción de los autoritarios. El autoritarismo es la negación misma del pluralismo. Todas las ideologías democráticas deben tener plena libertad en una democracia. No así las autoritarias, cuyos responsables deberán ser juzgados y sancionados, no por sus ideas, sino por los hechos autoritarios o corruptos concretos y comprobables que se deriven de sus ideas autoritarias.

La batalla mediática y cultural nunca termina en política. Por más de que ahora todo parezca relucirle en el ánimo popular a Cambiemos, lo cierto es que nunca se puede descuidar el costado simbólico de la política. Y lo más importante para sostener un discurso democrático centrado en la verdad son los hechos. El actual gobierno debe hacer todo lo posible para evitar que la mentira kirchnerista pueda seguir pareciendo siquiera mínimamente razonable ante los ojos de la opinión pública, lo cual exige un proceder institucional impecable que no sería debilidad sino inteligencia y visión de futuro.