Martín Sabbatella le está dando una valiosa lección al pueblo argentino, relativa al nivel de descaro e incoherencia al que puede llevar el fanatismo. El funcionario cristinista ha aceptado escenificar la pretendida “resistencia” del FPV, intentando mostrarse como una víctima de las prácticas de persecución que él lideró durante años.

El dirigente de Nuevo Encuentro saltó a la fama cuando ganó la intendencia de Morón y se perfiló como un joven exponente de la “nueva política” en medio de los anquilosados caudillos del conurbano. Sin embargo, en algún momento decidió adherir a la ideología totalitaria del neomarxismo populista y subordinarse incondicional y sesgadamente a la voluntad de la líder del FPV, Cristina Fernández.

Esta nueva situación psicológica y política lo fue corrompiendo cada vez más. Una a una, sus banderas de honestidad, republicanismo y renovación política fueron disgregándose en sus manos. Hoy en día ha quedado expuesto ante la opinión pública como un funcionario “militante”, sin prácticamente ninguna credibilidad, que discriminó y hostigó sistemáticamente a los medios de comunicación que no se subordinaban al gobierno de turno. Tanto es así que no pudo consagrarse vicegobernador de Buenos Aires junto a Aníbal Fernández y su espacio político perdió el bastión que lo vio nacer, el municipio de Morón. En esa localidad, ya desde 2011 se empezaron a escuchar fuertes denuncias de sobreprecios, aumentos injustificados del presupuesto para viáticos y publicidad y uso partidario del aparato estatal. La nueva política había mutado a la vieja.

Según ha trascendido, el propio Sabbatella reconoció en una reunión con funcionarios del nuevo gobierno que sólo renunciará si se lo pide Cristina. Claro, podría tratarse de un noble gesto de lealtad pero, dados sus antecedentes, su comportamiento al frente del AFSCA y su aceptación de una candidatura suicida junto a “La Morsa”, se trata en realidad de la expresión de una patología fanática de alguien que ha renunciado cobardemente a pensar y a actuar por sí mismo.

El personaje en cuestión no se cansó de embanderarse en el discurso de la democracia y el pluralismo, cuando sabía claramente que la llamada “ley de medios” no era más que una imitación de un sofisticado y tramposo artilugio legal que el modelo a seguir del FPV, el gobierno chavista de Venezuela, había logrado utilizar con éxito para acallar de a poco, pero sin descanso, a cada uno de los medios que osaran criticarlo.

Desde el inicio, el matrimonio Kirchner decidió replicar a nivel nacional el mecanismo de control de los medios de comunicación exitosamente implementado en Santa Cruz. El mismo involucraba extender la corrupción de Estado al mercado de medios, cooptando a los empresarios del sector con prebendas e instalando a testaferros amigos, así como también extorsionar con la pauta oficial y amenazas varias. Pero el Grupo Clarín, al principio socio del gobierno, se mostró demasiado fuerte y entonces la ley de medios fue pensada para desguazarlo. Se pretendió fragmentar y debilitar a los medios de comunicación para volverlos más vulnerables y manipulables mientras se le confería a un Estado discrecional y abusivo mayor poder de regulación y sanción.

Sabbatella fue plenamente consciente de todo esto durante su campaña a favor de la ley de medios y su gestión al frente del AFSCA. Es decir, nos mintió a todos descaradamente. Además, ejecutó la ley referida de manera discriminatoria, siendo parte activa de una acción de persecución estatal contra medios independientes que, como mínimo, implicó abuso de poder y mal desempeño de la función pública. El ultrakirchnerista nunca pudo explicar por qué decidió postergar indefinidamente el análisis de los planes de adecuación de los medios afines al gobierno y avanzar injustificadamente, sin respetar el derecho de defensa, con la adecuación de oficio del Grupo Clarín. Este proceder arbitrario motivó nada menos que una medida cautelar de la Justicia argentina avalada por la Corte Suprema y una abierta condena de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El planteo de que la autoridad de aplicación de la ley de medios no puede ser intervenida por decreto puede ser muy atendible. Igual que en el caso de las designaciones de jueces independientes para la Corte Suprema por decreto, aunque las intenciones puedan ser buenas, y sin negar el obstruccionismo deliberado y sistemático en el que se enfrascó el FPV incluso antes del traspaso, se estaría sentando un mal precedente desde el punto de vista institucional que podría prestarse a abusos en el futuro.

Sin embargo, la discusión sobre el procedimiento empleado no debe hacernos perder de vista que Sabbatella y el FPV carecen de la más elemental autoridad moral para hablar de “libertad de expresión” cuando durante su gobierno estuvieron muy cerca de concretar el malicioso objetivo de destruirla, tal como lo hiciera Hugo Chávez en el “paraíso” bolivariano.

El dirigente de Morón les haría mucho bien a la libertad de expresión, al AFSCA y a la ley de medios si renunciara a su cargo pero, en vez de eso, ha decidido hasta ahora seguir obedeciendo sin objeciones las órdenes impartidas por Cristina Fernández. Más aún, ha pretendido teatralizar una supuesta “resistencia” nada creíble contra el autoritarismo que él implementó desde el Estado.

El fanatismo suele llevar a las incoherencias más absurdas.